A nivel noticioso, el 2023 dejó de todo un poco en la zona sur de Puerto Rico: acusaciones criminales, renuncias, luchas comunitarias, violaciones ambientales, pocas novedades relacionadas al proceso de recuperación post terremotos, y algunas notas culturales y deportivas sobresalientes.
Sin duda, la noticia más destacada del año fue la acusación criminal de un alcalde en funciones, el ponceño Luis Irizarry Pabón, por presuntas ilegalidades cometidas en su campaña política de 2020.
El 31 de octubre, la jueza Adria Cruz Cruz determinó causa para arresto contra el alcalde de Ponce por dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y dos cargos de enriquecimiento injustificado del Código Penal.
Al día siguiente, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) lo suspendió de empleo. Como consecuencia, la vicealcaldesa, Marlese Sifre Rodríguez, entró en funciones como alcaldesa interina.
La vista preliminar contra Irizarry Pabón está pautada para iniciar el 23 de enero de 2024.
Otro político bajo la mira del PFEI este año fue Orlando Aponte Rosario, representante por el Distrito 26 (Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo), quien renunció el 29 de junio en medio de una acusación de violencia de género por parte de su esposa.
Posterior a la dimisión, en agosto, se le asignó un fiscal especial independiente para que lo investigara. También fue arrestado por la Policía por supuestamente violar una orden de protección.
Jesús Hernández Arroyo, quien lo sustituyó en el cargo, juramentó el 18 de agosto.
Pero el distrito 26 no fue el único que experimentó un cambio. En mayo, tras la muerte del representante por el distrito 29 (Cayey y Cidra), José Aníbal Díaz Collazo, la senadora de Guayama, Gretchen Marie Hau, renunció a su cargo y se movió a la Cámara de Representantes para sustituirlo. Como nuevo senador por el Distrito de Guayama fue juramentado Héctor Santiago Torres.
Otras acusaciones fueron noticia en el sur, pero por violaciones ambientales.
En mayo, las autoridades federales acusaron a Pedro Luis Dones Torres y Luis E. Rodríguez Sánchez por construir estructuras de manera ilegal en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos en Salinas, en violación de la Ley de Aguas Limpias y la Ley de Ríos y Puertos.
Asimismo, en diciembre acusaron a Rafael Carballo Díaz y Nathaniel Hernández Claudio, dueño y gerente, respectivamente, de Cacique Resort; y Awildo Jiménez Mercado, dueño de Hidden Paradise.
Carballo Díaz y Hernández Claudio supuestamente descargaron material de relleno producto de excavaciones y movimientos de tierra en las aguas y humedales de la reserva. Mientras, a Jiménez Mercado se le imputa descargar material de relleno en los humedales y construir un muelle sin autorización.
Otro asunto relevante en material ambiental tiene como protagonista a la bahía de Guánica.
El Centro de Periodismo Investigativo reveló en diciembre que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) investiga desde 2018 la presencia de un químico que se ha identificado en esas aguas a niveles que representan riesgo a la salud de la comunidad y el ambiente.
Se trata de los bifenilos policlorados (PCBs, en inglés), una sustancia que solía ser utilizada comúnmente como lubricante en transformadores eléctricos y que fue prohibida por la EPA en 1979. Sin embargo, las autoridades gubernamentales no han impedido que se consuman pescados de la bahía.
Continuando con el tema ambiental, AES Puerto Rico volvió a ser noticia, no solo por las secuelas que siguen provocando las cenizas tóxicas producto de su quema de carbón para producir energía, sino por el rescate económico que el gobierno se propone darle.
En noviembre, La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo revelaron que directivos de AES Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) acordaron negociar contratos adicionales para rescatar financieramente a la corporación privada e, incluso, para que la carbonera facture un cargo adicional por kilovatio hora.
Las enmiendas que AES y la AEE quieren incluir en el contrato vigente entre las partes fueron tachadas ampliamente en el documento que se circuló para evaluación y comentario público debido a “acuerdos de confidencialidad”.
Más adelante, en diciembre, residentes de la calle Luis Lloréns Torres de la comunidad Ranchos Guayama en Salinas denunciaron que las cenizas enterradas allí hace 20 años fueron removidas y expuestas al viento y la lluvia durante los trabajos de ensanchamiento de la vía.
No solo la población guayamesa se pronunciaron este año sobre acciones que van en detrimento de su salud.
También lo hicieron los residentes del sector San Germán del barrio Indios de Guayanilla, donde la empresa Elite Towers construyó una torre de telecomunicaciones de 130 pies de alto con el aval de las autoridades estatales, pero la oposición de la comunidad y el gobierno municipal.
A lo largo de varios meses, hubo desobediencia civil y un proceso judicial entablado por el municipio, que al final del camino permitió la construcción de la torre aun cuando un perito del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales documentó irregularidades en el proceso.
Precisamente durante una de las manifestaciones, los ciudadanos Jimmy Borrero Costas y Manuel Díaz Pérez fueron arrestados y acusados de violar el artículo 280 del Código Penal, luego de cuestionarle a la Policía si la empresa Elite Towers tenía los permisos para construir de madrugada. Ambos tendrán su vista preliminar el 19 de enero.
En esa misma intervención en mayo fue arrestado el representante por el distrito 23 (Ponce, Peñuelas, Guayanilla y Yauco), José Rivera Madera. En septiembre, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente asignó un fiscal para investigarlo.
Ahora bien, esa no fue la única situación que causó conmoción en la población.
Una ristra de fuegos desatados en el casco urbano de Ponce levantó bandera en la ciudadanía, la alcaldía, las autoridades estatales y federales. Esto, ante la sospecha de que algunos de esos incendios fueron provocados.
Aunque se informó que había un sospechoso, el año cerró sin que se presentaran acusaciones.
Esos incendios afectaron, principalmente, estructuras abandonadas, algunas de ellas destruidas parcial o totalmente por los terremotos de 2020.
Con relación al tema de la recuperación, el principal avance fue que el Consorcio del Sur (CONSUR), una entidad creada por los alcaldes de los municipios de Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica y Lajas, comenzó formalmente el proceso de evaluación para arreglar, rehacer o sustituir viviendas destruidas por los sismos.
Las obras comenzarían propiamente en el 2024, luego de que se hayan cumplido cuatro años de los terremotos.
Además, con una carga explosiva compuesta por 1,200 libras de dinamita, el antiguo Centro Vacacional Playa Santa en Guánica fue implosionado el 19 de diciembre.
La estructura de 13 pisos y 98 apartamentos pertenecía a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) y quedó en desuso debido a los terremotos.
Por otra parte, dos casos de abuso sexual de menores pusieron los ojos del país en la región sur.
Jiovan Ortiz Soto y Nairi Quiñones Rivera fueron acusados en junio por, presuntamente, haber sometido a su hija de dos años a un patrón de abuso sexual y maltrato que provocó su muerte en Guayanilla.
Además, Alexis Alicea Torres fue procesado por haber sometido a su hija de 13 años a un patrón de abuso sexual, producto del cual la menor quedó embarazada y tuvo un bebé.
Este caso, ocurrido en Lajas, concluyó en diciembre con la admisión de culpabilidad de Alicea Torres, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público para recibir una sentencia de 48 años en prisión.
En asuntos culturales, hubo dos notas positivas.
Papote Alvarado y su grupo Esencia representaron a Ponce y a Puerto Rico en el New Orleans Jazz & Heritage Festival, efectuado en mayo.
Y la Ciudad de las Lomas acogió el más importante evento multidisciplinario del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Por primera vez desde su creación, la Campechada se llevó a cabo dos veces en un mismo año. En febrero, la sede fue Bayamón. Luego, en noviembre, el evento se mudó a San Germán, donde hubo un colosal despliegue de arte, música, teatro, literatura, historia, gastronomía y entretenimiento para toda la familia durante un fin de semana.
En términos deportivos, el sur produjo un campeón de boxeo.
A finales de mayo, el villalbeño Óscar “El Pupilo” Collazo se convirtió en el campeón mundial mini mosca (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al vencer por nocaut técnico a Melvin Jerusalem.
Y el 2023 se despidió con una nota triste por el deceso del periodista ponceño Ramón Enrique Torres -el 19 de diciembre- debido al cáncer.
