Causa para arresto contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón

“Aquí hay 23 declaraciones juradas, entre las cuales hay muchas de empleados diciendo que el alcalde les dio instrucciones”.

Mientras la defensa del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, teoriza que los señalamientos contra su cliente provienen únicamente de los dos exempleados municipales que recibieron inmunidad en este caso, Oscar Iván Nazario Segarra y Jorge Luis Mercado Santiago, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) afirma tener vasta prueba en su contra.

“Aquí los empleados no estaban haciendo unos donativos voluntarios. Aquí los empleados fueron obligados por el alcalde, fueron instrucciones específicas del alcalde, de que tenían que pagar este préstamo. Y no era un préstamo para campaña, era un préstamo personal”, aseveró este martes la fiscal especial independiente Zulma I. Fúster Troche en el Centro Judicial de Ponce.

Sus expresiones surgieron luego de que la jueza Adria Cruz Cruz encontrara causa para arresto contra Irizarry Pabón por dos violaciones al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental (usar las facultades de su cargo para recibir un beneficio no permitido por ley) y dos cargos de enriquecimiento injustificado del Código Penal, por presuntas ilegalidades relacionadas con su campaña política de 2020. Este último implica que el funcionario enriqueció su patrimonio o el de un tercero con dinero o bienes, o mediante la cancelación de obligaciones que lo afectaban.

Fúster Troche presentó las acusaciones junto a la fiscal Ileana Agudo Calderón. Su teoría es que Irizarry Pabón abusó de su poder como alcalde para exigirles a sus subalternos que aportaran dinero para el repago de un préstamo de $50 mil que tomó con el Banco Popular, de los cuales se destinaron $30 mil a la campaña.

Cuando se le preguntó si los empleados que prestaron testimonio ante el PFEI le atribuyeron al alcalde la orden de donar, Fúster Roche respondió que entre las 23 declaraciones juradas hay “muchas de empleados diciendo que el alcalde les dio instrucciones”.

Durante su argumentación final, asimismo, aseguró que “este no es un caso de donativos políticos”.

“Este es un caso de un alcalde utilizando su puesto, el poder que tiene, sobre unos empleados para darles instrucciones de pagarle una obligación personal. Este no es un caso de empleados que donaban voluntariamente. Este es un caso de un artículo 4.2 (b) (de la Ley de Ética Gubernamental) donde el alcalde obtuvo ventaja y privilegio consistente en que estos empleados le pagaron ese préstamo”, manifestó ante la jueza.

Dijo, además, que tienen como evidencia las transacciones de ATH Móvil mediante las cuales se hicieron los pagos y vídeos de cámaras de seguridad de cajeros automáticos donde los empleados retiraron el dinero que luego donaron.

El único testigo que las FEI sentaron a declarar habló sobre el particular. Este fue el inspector Miguel Fonseca Torres, quien dirige la oficina de Ponce del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) e investigó este caso junto al fiscal Pedro Mateo Casado.

Fonseca Torres declaró que Oscar Nazario Segarra explicó en su declaración que Irizary Pabón lo instruyó a pedirles a los directores de las dependencias municipales, así como a empleados de confianza, que aportaran monetariamente para el repago de un préstamo personal de $50 mil que tomó en el Banco Popular.

Nazario Segarra fue recaudador alterno de la campaña y cuando Irizarry Pabón ganó la alcaldía lo nombró director del Departamento de Infraestructura, Ambiente y Transportación (DIAT).

El inspector dijo que Irizarry Pabón le entregó la libreta de pago del préstamo a Nazario Segarra con la orden de que “le tenía que pedir (dinero) a cada uno de los jefes de agencia, de los directores de las dependencias y empleados de confianza”.

“El alcalde le dio esas instrucciones a Oscar Nazario y le había dicho que también se lo dijera a Jorge Mercado, que era el director de Manejo de Emergencias”, señaló el testigo, quien comentó que alrededor de 20 empleados municipales aportaron dinero para el repago del préstamo.

Irizarry presenció el donativo de Santamaría

Por otra parte, el inspector Fonseca indicó que el convicto empresario Oscar Santamaría le entregó $14 mil en efectivo a Nazario Segarra y que Irizarry Pabón no estuvo presente cuando eso ocurrió.

Sin embargo, Santamaría supuestamente donó $19 mil en total, por lo que hubo, al menos, otra instancia en la que entregó dinero. La fiscal Fúster Troche respondió “sí” cuando se le preguntó fuera de sala si Irizarry Pabón estuvo físicamente en una de esas entregas.

“Entendemos que vamos a prevalecer en todo el proceso porque tenemos la prueba”, afirmó la fiscal.

Libre bajo fianza

La jueza Cruz Cruz le impuso una fianza de $20 mil a Irizarry Pabón, que sería diferida mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio. El fichaje será mañana, miércoles, a las 10:00 de la mañana en la oficina del PFEI en San Juan.

La vista preliminar se pautó para el 16 de noviembre a las 11:00 de la mañana en el Tribunal de Ponce. No obstante, la fiscal Fúster Troche anticipó que tiene conflicto con la fecha, por lo que se prevé que cambiará.

Con relación a la sentencia a la que se expone Irizarry Pabón de resultar convicto, la fiscal indicó que serían de dos a cinco años por cada cargo. El cargo de la Ley de Ética no tiene el beneficio de sentencia probatoria.

No renunciará

Por su parte, el alcalde expresó que “estamos tranquilos” y que “vamos a seguir el proceso y vamos a seguir hacia adelante”.

“Estamos seguros de lo que hemos hecho y sabemos que no hemos cometido delito. Definitivamente, esto es una componenda en contra de este alcalde, de personas que, en su momento dado, se va a probar que cometieron delito”, sostuvo Irizarry Pabón.

Ante la pregunta de si renunciará al cargo, contestó: “Seguimos pa’lante. Nos quedamos como alcalde hasta que Dios quiera”.

Y en cuanto a la posibilidad de radicar su candidatura a la reelección como alcalde de Ponce bajo el Partido Popular Democrático, comentó que “en su momento vamos a hablar de eso”.

La fiscal Fúster Troche, por su parte, dijo que recaería en la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario del PFEI determinar si suspende a Irizarry Pabón.

“Eso lo maneja la UPAD, que es otro brazo administrativo de la oficina del PFEI, y ahí nosotros no tenemos injerencia”, señaló la fiscal.

Los abogados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto y Carlos Torres Nolasco componen la defensa del ejecutivo municipal.