La Junta de Control Fiscal (JCF) demandó al Gobierno de Puerto Rico en el Tribunal federal, con el objetivo de anular la Ley 10 de 2024, que impide que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) reduzca los créditos a los prosumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Los prosumidores son las personas que tienen sistemas de energía solar en sus residencias y le venden el exceso de la energía producida a LUMA Energy. Ese mecanismo se conoce como la medición neta.
Según la AEE, su intención no es eliminar la medición neta, sino quitar las influencias políticas de las decisiones del NEPR.
“La energía renovable es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico, y la medición neta es una herramienta muy importante para hacer que los paneles solares en los techos sean más accesibles y asequibles. Sin embargo, determinar qué es lo que le conviene al interés público no debe dejarse en manos de intereses particulares”, planteó el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, Jr., en declaraciones escritas.
La Ley 10 de 2024, firmada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en enero pasado, impide al NEPR realizar cambios a las políticas de medición neta y de distribución de energía hasta por lo menos el 2031. La intención legislativa es impedir que el NEPR reduzca los créditos que actualmente reciben los prosumidores.
De acuerdo con la JCF, el estatuto también impide que el NEPR haga un estudio sobre medición neta. Sin embargo, ha trascendido que el ente estatal ha contratado a la empresa Keylogic Systems para hacer el estudio.
“El gobierno de Puerto Rico estará analizando el recurso legal presentado en el día de hoy por la Junta de Supervisión y responderá”, reaccionó Pierluisi Urrutia en declaraciones escritas.
“A fin de cuentas, lo importante es que continuemos incentivando la instalación de placas solares y baterías por todo Puerto Rico. Eso no solo reducirá el costo de la electricidad, sino agilizará la transformación del sistema energético en la isla”, agregó.
