“Esto es, literalmente, criminal”, sentenció abrupto Osvaldo Rosario López, el doctor en Química que -durante las pasadas dos décadas- más ha estudiado las características tóxicas de las cenizas generadas por la carbonera AES Puerto Rico (AESPR).
“Se le dijo a la alcaldesa. Yo se lo dije directamente”, continuó en un modo atípico al tono habitual de sus expresiones.
Su descarga respondía al relato de lo que ocurrió entre el lunes y jueves de esta semana en la calle Luis Lloréns Torres de la comunidad Ranchos Guayama, un vecindario de Salinas con medio siglo de existencia, predominantemente habitado por sus ocupantes originales o sus descendientes.
Allí, casi 20 años atrás, se enterraron parte de las 609 mil toneladas de cenizas de carbón -1,342 millones de libras- que AESPR descartó de su central eléctrica entre los años 2005 y 2009, para que se distribuyeran en proyectos de construcción de Salinas.
En coordinación con el entonces alcalde de ese municipio, el médico Carlos Rodríguez Mateo, el desecho gris se empleó como base para la repavimentación de las calles de Ranchos Guayama, y esta semana decenas de metros cúbicos de las mismas cenizas fueron empujadas a la superficie con la ayuda de equipo liviano de construcción, que remueve corteza terrestre y vegetación como antesala a un proyecto municipal de reconstrucción de calles.
Como constató este jueves La Perla del Sur, tras las labores para el ensanche de la calle Lloréns Torres se ha removido parte del relleno o cubierta que contenía la zapata de cenizas y se ha incrementado significativamente la cantidad que afloraba a la superficie cuando el administrador federal de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA en inglés), Michael Regan, visitó el lugar, el 25 de julio de 2022.
En algunos tramos, incluso, ahora el desecho gris ocupa casi el ancho de la vía, en su estado natural: un talco fino color gris que la brisa y el paso de autos pueden levantar con facilidad. También se aprecia entrando a solares privados, a donde ha sido empujado por un tractor compacto Bobcat.
“Hay información abundante sobre el daño de esas cenizas y por eso uso la palabra ‘criminal’. A lo largo de estos caminos hay decenas de viviendas donde la gente respira eso y te aseguro que a los obreros de ese proyecto no se le ha orientado respecto a las consecuencias, porque si lo supieran no estarían allí trabajando sin la protección y la vestimenta adecuada”, continuó Rosario López.
“Un patrono responsable debe velar por la seguridad de sus empleados. Y aquí, en negligencia abierta, no lo está haciendo”, insistió. “Esos obreros también tienen el derecho de saber las implicaciones de esas condiciones de trabajo”.
Un letrero en la entrada suroeste de la comunidad anuncia que el proyecto está a cargo de la corporación JM Caribbean Builders, la que realiza labores de “reconstrucción y medidas de mitigación” con una “reclamación por desastre” de $5.5 millones.
Coctel tóxico
Desde el año 2010, Rosario López ha advertido públicamente que las cenizas de AESPR concentran elementos tóxicos, cancerígenos y radiactivos. Esto, al completar ese año un análisis químico de las cenizas de AESPR enterradas en la urbanización Parque Gabriela II, también en Salinas.
Sus hallazgos fueron ratificados por la EPA dos años después, cuando un estudio comisionado por la agencia detectó concentraciones peligrosas de arsénico, boro, cloruro y cromo en las cenizas de la carbonera en Guayama. También rastros dañinos de litio, molibdeno, selenio y talio.
“Lo más importante en este caso es la salud de las personas que viven en las inmediaciones de donde ahora se está removiendo el terreno y se están volatilizando las cenizas, levantando ese polvo que la gente puede respirar, internalizándolo directamente a través de sus pulmones, donde esos elementos tóxicos y radioactivos hacen un daño directo al tejido pulmonar de los residentes”, advirtió Rosario López, también exasesor de la Administración de Drogas y Alimentos federal (FDA en inglés).
“Ellas y ellos lo han estado ya respirando por un tiempo, porque ya afloraba en sus calles. Pero ahora, en gran escala, según se rompe el relleno que las cubre y se da más acceso al viento y a la acción mecánica al levantar esto”, continuó.
Sin camión cisterna
Para frenar o minimizar esa posibilidad, el portavoz de la organización comunitaria Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), José Cora Collazo, reclamó el pasado lunes al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que acudiera a la calle Lloréns Torres y tomara constancia de irregularidades.
Entre ellas, el desplazamiento de cenizas a canales de escorrentías y a solares privados, al igual que a la ausencia de un camión cisterna para el control del polvo fugitivo, lo que consta en la querella Q6WAT-3242023.
“Nadie aquí se opone a que arreglen las calles, ni ASPA ni nadie”, expresó Cora Collazo. “Pero eso no puede ser a costa de la salud de todos nosotros. ¿Para qué yo quiero una carretera que me permita llegar a mi casa en un minuto, si el polvo de las cenizas daña mis pulmones y me crea cáncer de aquí a diez años, o me provoca enfermedades respiratorias incapacitantes?, cuestionó.
“Además, la mayoría de los vecinos de aquí usa agua de pozo. ¿Quién nos garantiza que esa agua tampoco se contamine con las cenizas?”, añadió.
Desde el año 2017, AESPR ha venido obligada por una directriz federal a monitorear la calidad del agua subterránea bajo la montaña de cenizas que creó en su solar industrial del barrio Jobos en Guayama y a hacer públicos los hallazgos.
A partir de entonces, se ha constatado que elementos de las cenizas -como arsénico, litio, selenio y molibdeno- han envenenado el acuífero del área. Para corregir el daño y las violaciones a estándares de la EPA, ejecutivos de la empresa insisten en la implementación de la “remediación natural”, término que equivale a que “la naturaleza y el tiempo” asuman el rol de asimilar y corregir la contaminación.
No es remoción: “es limpieza”
Sobre estas preocupaciones, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, dijo a La Perla del Sur que su administración municipal y la empresa contratada para las mejoras capitales en Ranchos Guayama “no estamos agravando la situación de la comunidad, porque las carreteras actualmente están expuestas, no tienen ni mogolla en muchos tramos, (y) no tienen asfaltado”.
Asimismo, insistió que en la zona no se está removiendo corteza terrestre ni vegetación, aun cuando este medio observó y documentó lo contrario.
“Lo que estamos haciendo es limpieza del ancho del camino, sobre el material existente”, agregó. “Los trabajos de construcción per sé no han comenzado”.
“Acuérdese que aquí hay que cumplir con un diseño de ancho de camino, y ciertamente va a haber limpieza de material vegetativo y limpieza de tierra. Claro que sí”.
Sobre las toneladas de cenizas enterradas en la comunidad durante la administración de Rodríguez Mateo, añadió que solicitó fondos para su remoción y disposición acorde con la nueva Ley 5, que prohíbe el uso y descarte del material en cualquier lugar del país, incluyendo vertederos.
No obstante, planteó que “las gestiones de conseguir fondos adicionales para sacarlas fuera de Puerto Rico fueron infructuosas”, por lo que optaron por reparar las calles y construir cunetones “sobre el material existente”.
Por último, al insistir en los hallazgos de un recorrido por la calle Lloréns Torres y los efectos observados de los movimientos de tierra y cenizas, la alcaldesa sentenció que “al momento, nosotros no hemos sido multados porque estemos en violación a las reglamentaciones ambientales”.
Lo posible: imposible
Sobre este particular, el portavoz de ASPA advirtió que ha sido un tortuoso calvario reclamar auxilio de funcionarios en agencias locales y federales, quienes ignoran sus reclamos o los refieren a otra entidad reguladora.
Como ejemplo, aseguró que por recomendación del Cuerpo de Vigilantes intentó radicar una querella en el DRNA de Guayama para denunciar las irregularidades observadas y que la técnica Viviana Vega declinó hacerlo porque “le habían dado luz verde al contratista para que hiciera el trabajo, porque había que arreglar las carreteras”.
La Perla del Sur se comunicó este viernes con Vega para corroborar la declaración. La funcionaria refirió a este medio a la Oficina de Prensa de la agencia y, tras insistir en la pregunta, Vega afirmó que “esas palabras de luz verde en ningún momento de mi boca salieron”.
Entretanto, otro pedido de auxilio presentado esta semana por Cora Collazo ante la EPA redundó en un referido al Área de Calidad de Aire del DRNA, que dirige la ingeniera Amarilys Rosario.
