El Consorcio del Sur (CONSUR), una entidad creada por los alcaldes de los municipios de Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica y Lajas, manejará un fondo de $179.9 millones para arreglar, rehacer o sustituir viviendas destruidas por los terremotos del 2020.
Como explicó el abogado Carlos Jirau Vélez y director ejecutivo de la entidad, el Departamento de la Vivienda le cedió al consorcio el poder para administrar este capital, procedente de dos asignaciones del Congreso estadounidense que totalizaron $223 millones.
La diferencia de $43 millones tendrá dos usos. Por una parte, la alcaldía de Mayagüez recibirá una partida para construir casas a personas damnificadas por la tormenta Isaías, que afectó el oeste de la isla en julio del 2020. El resto del dinero se destinará a cubrir gastos administrativos de CONSUR y del programa de asistencia a Mayagüez, que será operado por el Departamento de la Vivienda.
Una estructura novel
Luego de los terremotos, la asistencia económica brindada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) resultó insuficiente para miles de damnificados, pues solo pagó hasta un máximo de $32 mil por unidad de vivienda.
Simultáneamente, el gobierno central no destinó fondos para este propósito y, ante la incapacidad económica de la población para solventar una reconstrucción con sus propios recursos, muchas estructuras se quedaron sin reparar.
Las asignaciones del Congreso llegaron entre los años 2021 y 2022, y los alcaldes del suroeste propusieron el establecimiento de CONSUR como una estructura alternativa que, en teoría, permitiría acelerar la reconstrucción de las viviendas dañadas, parcial o totalmente, por la actividad sísmica.
La ecuación era sacar al Departamento de la Vivienda como administrador y otorgarle el poder a una estructura que sirviera a los seis municipios para evitar la multiplicación de esfuerzos.
“Si estos fondos venían a los municipios, cada uno iba a tener que crear una estructura para administrarlos, y ya de por sí estaban trabajando con FEMA por el huracán María. En vez de poner a los municipios a competir unos con otros por recursos profesionales, mano de obra, materiales y contratistas, ¿por qué no crear un consorcio municipal que administre para los seis municipios?”, expuso Jirau Vélez en entrevista con La Perla del Sur.
Tras empujar la propuesta colectiva, CONSUR firmó contrato con el Gobierno de Puerto Rico en septiembre de 2022 y el pasado mes de marzo formalizó el acuerdo fiscal con Vivienda. Con la entrada de Jirau Vélez ese mes, procedieron a contratar seis empleados administrativos y seis coordinadores -uno por municipio- quienes fungen como los enlaces con la comunidad.
En julio pasado, estos coordinadores iniciaron el proceso de recibir las solicitudes en las alcaldías. Adelantado este trámite, ahora CONSUR pasará los expedientes a Tetra Tech, la empresa contratada por el Departamento de la Vivienda para hacer estas tareas a un costo de $8 millones.
Tetra Tech entró en funciones esta semana y su responsabilidad será procesar las solicitudes, determinar la elegibilidad de los beneficiarios, inspeccionar las estructuras y hacer recomendaciones a CONSUR sobre si se otorga o no la ayuda, de qué tipo y a qué costo.
De los casi 300 expedientes que CONSUR ya tramitó, 200 corresponden a personas cuyas casas ya fueron demolidas por los gobiernos municipales. Jirau Vélez aseguró que estos casos se atenderán primero.
Las obras comenzarían propiamente en el 2024, luego de que se hayan cumplido cuatro años de los sismos.
“Esperaríamos que ya para el primer trimestre del año que viene estemos trabajando casos en términos de construcción”, estimó Jirau Vélez.
“Hay demoliciones llevadas a cabo, solares disponibles y hay unos diseños pre aprobados por el Departamento de la Vivienda. (Lo que falta) Es realmente el permiso y el diseño de esa obra de infraestructura, con las utilidades y especificaciones propias del sitio”, agregó.
El director ejecutivo planteó que también se podrían atender con celeridad los casos de residencias que requieran arreglos menores, así como la entrega de vales para la compra de viviendas para las personas y familias cuyas casas no se puedan reconstruir.
A la pregunta del por qué esta ayuda se hace disponible tan tardíamente, Jirau Vélez respondió que no se trata de fondos de emergencia como los que maneja FEMA, sino de una asignación del Congreso para satisfacer necesidades no atendidas por un desastre.
“Es un proceso posterior al desastre, por eso estamos llegando ahora”, señaló.
Quiénes cualifican
El abogado abundó que en los seis municipios que atiende CONSUR identificaron 17,476 unidades de vivienda que resultaron con algún daño a consecuencia de los terremotos.
CONSUR comenzó a revisar los datos para contactar a los propietarios de esas casas, al tiempo que ha exhortado a los individuos y organizaciones comunitarias a insertarse en el proceso de solicitud.
Para resultar elegible, la vivienda afectada tiene que haber sido la residencia principal del reclamante al momento del sismo de magnitud 6.4 del 7 de enero de 2020 y sus réplicas. Asimismo, la persona tiene que demostrar la titularidad de la misma y que los daños están atados a los sismos.
En términos socioeconómicos, se consideran ingresos límites de $50,400 para una familia de una persona hasta $95,050 para un núcleo de ocho personas.
Una persona que haya recibido ayuda de FEMA, de su seguro privado o de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) puede cualificar. En ese caso, luego de que se calcule el monto de la ayuda, “se le va a restar lo que le hayan dado”, dijo Jirau Vélez.
“Si el ciudadano recibió una asignación en el 2020 o 2021 de FEMA y la usó correctamente en rehabilitar, pero no pudo terminar, nosotros podemos entrar. Pero si ese dinero lo utilizó para otras cosas que no tenían que ver con la rehabilitación de la casa, se le va a descontar de lo que podría ser elegible. Si lo guardó, se usaría ahora”, detalló.
Además, aquellos que no hayan solicitado ningún tipo de ayuda anteriormente pueden hacerlo ahora.
Por el contrario, no se otorgarán reembolsos.
“Si cogió un préstamo (para arreglar la casa), lamentablemente, no (es elegible)”, aclaró. Aunque, pudiera haber algunas excepciones.
“Sabemos que en Puerto Rico hay mucha construcción espontánea. Puede haber una casa que el ciudadano diga que ya la reparó, pero cuando vayamos a inspeccionarla si no puede documentar cómo lo hizo, si había planos, permisos y si cumplió con los códigos existentes, pudiera ser que sea elegible de ser demolida y construida para cumplir con los códigos”, detalló.
Ante esta posibilidad y otros posibles escenarios, Jirau Vélez pidió a las personas afectadas que, si tienen dudas sobre su elegibilidad, no se auto descarten, sino que soliciten.
“Queremos que todos los ciudadanos soliciten. Necesitamos que vengan, que entren al proceso, que nos permitan evaluar, que nos permitan buscar la vuelta a ver si hay forma de que puedan ser elegibles y si, al final del camino no son elegibles, pues vamos a tratar de referirlos a otros programas”, manifestó.
Este programa no cobija a viviendas que estaban deshabitadas al momento del terremoto. Tampoco se arreglarán ni se reconstruirán casas en zonas inundables, aclaró.
Tipos de ayuda
El programa ofrece tres tipos de asistencia: arreglar la casa, hacerla nueva o entregar un vale para que el dueño compre una vivienda en el mercado.
“La recomendación puede ser que se haga una reparación menor, que puede llegar hasta $60 mil, o una reconstrucción que podría llegar hasta los $215 mil, que es prácticamente hacer la casa nueva en el site (lugar) donde se ubica”, indicó.
En el caso de que el estimado ascienda a $60 mil, se calculará si eso representa el 50 por ciento del valor de la propiedad o más.
“Si es así, se decide que no se van a invertir esos $60 mil y se le va a ofrecer la alternativa de una relocalización o una reconstrucción completa. No se va a invertir $60 mil en una estructura cuyo valor en el mercado sea $75 mil, por ejemplo”, apuntó de otra parte el subdirector de CONSUR, Ángel Alvarado.
La tercera opción resuelve otros escenarios.
“Si el daño es mayor a los $215 mil o si la casa está en zona inundable, propensa a deslizamientos o de alto riesgo, la alternativa sería darle un voucher que puede llegar hasta $200 mil para que la persona pueda ir al mercado a comprar una vivienda”, agregó Jirau Vélez.
El vale, además, podrá ser redimido en cualquier municipio de Puerto Rico.
“La persona identifica la casa, la presenta y los ingenieros van a ir a inspeccionarla. Hay propiedades que están listas y otras pueden necesitar algunas mejoras. Si el dueño está de acuerdo, la propiedad se le podría comprar, pero tendría que llevarla a estándar”, apuntó.
Los ocupantes de la vivienda tendrán que desalojarla para que se pueda intervenir. En ese caso, también podrían obtener ayudas adicionales para el alquiler de una casa por el tiempo que dure la rehabilitación, dijo Jirau Vélez.
Bajo este programa, no se le dará el dinero al beneficiario, sino que CONSUR lo manejará todo directamente con los proveedores de servicios.
“Nosotros no le damos dinero al ciudadano. Contratamos al contratista, sacamos los permisos, diseñamos, llevamos a cabo todo el trabajo y se le entrega la llave al final del camino”, puntualizó.
Tetra Tech actuará como gerente de proyecto, para llevar cada caso a la etapa de recomendación del trabajo a realizar. Posteriormente, entrará al panorama el gerente de construcción, otra empresa que se contratará para que se encargue de las obras.
Si las mismas requieren una demolición, se hará y el costo se incluirá en el monto asignado a la persona. Igualmente, se atendería la remoción de asbesto y plomo en las casas que contengan estos contaminantes.
Además, todas saldrán con un sistema de energía solar.
“En cada caso va a haber una asignación adicional de hasta $30 mil, porque estas casas van a salir con cisterna de agua potable y placas solares. La idea del programa, cuando fue concebido, fue que estas propiedades fueran resilientes”, expresó el director ejecutivo.
Indisponibilidad de casas: un reto
CONSUR está consciente de que en estos pueblos, particularmente en Guánica y Guayanilla, se toparán con que las casas elegidas no se podrán reconstruir donde están, porque no cumplen con los parámetros del programa y porque tampoco hay viviendas disponibles en lugares seguros.
Para atender este escenario, dijo que ya iniciaron conversaciones con desarrolladores para ponderar la posibilidad de que construyan complejos de vivienda que cumplan con las especificaciones del programa y puedan ser receptores de los beneficiarios.
“Ya estamos hablando con Vivienda y hemos empezado a entrevistar posibles desarrolladores, personas que ya tengan proyectos en el pipeline, que estén en el proceso de permisos o que tengan terreno disponible y estén dispuestos a construir, porque podríamos poner esas viviendas como opciones de relocalización a nuestros clientes”, señaló.
“No le podemos garantizar que le compramos la vivienda al desarrollador, pero sí podemos llegar a un acuerdo con él de que la vamos a mercadear. En esa etapa estaríamos entrando en un rol de desarrolladores al promover la construcción de vivienda nueva en estos seis municipios”, continuó.
Jirau Vélez añadió que no solo tendrían que depender de desarrolladores privados, sino que los mismos municipios podrían identificar terrenos de su propiedad y hacerlos disponibles para que CONSUR construya allí.
“En algunos casos, eso será lo más correcto, porque queremos mantener esa fibra social de la comunidad, que han estado viviendo juntos por años”, resaltó.
Línea de tiempo
El Departamento de la Vivienda le sugirió a CONSUR que contratara como gerente de proyecto a una empresa que ya hubiera pasado su cedazo y estuviera trabajando en la reconstrucción poshuracán María, para no tener que iniciar un proceso de subasta que hubiera retrasado la puesta en marcha del programa.
Los alcaldes accedieron y fue así que Vivienda contrató a Tetra Tech, indicó Jirau Vélez.
El reto, empero, es que Vivienda se mantiene como intermediario con Tetra Tech, aparte de que el contrato establece periodos de tiempo para cumplir con cada etapa. Estos dan al traste con la expectativa de celeridad de CONSUR.
Las fases de compilación de documentos y de validación para determinar elegibilidad tienen un máximo de 60 días cada una, destacó Jirau Vélez.
“Los timeline ya están establecidos por el contrato. Lo que nosotros estamos entrando en discusión con ellos (Tetra Tech) es razonabilidad. ¿Realmente necesitas 60 días para compilar documentos de un ciudadano? Nosotros lo estamos haciendo en una o dos semanas”, planteó. “El proceso como está contratado puede tomar meses, pero nosotros entendemos que no debería ser de esa manera”.
El contrato de CONSUR dura 36 meses y termina en septiembre de 2025. El de Tetra Tech y las demás compañías que se contraten para trabajos de construcción finalizarán en la misma fecha.
“Si a septiembre de 2025 quedaran fondos disponibles y estamos siendo eficientes en el proceso, que lo vamos a ser, lo más probable es que el gobierno federal va a dar una extensión de tiempo. Pero nuestra meta es todo lo que podemos hacer antes de septiembre de 2025”, concluyó Jirau Vélez.
CONSUR ya comenzó a ofrecer charlas de orientación en la comunidad. La primera se efectuó en Guánica el martes de la pasada semana y las siguientes se anunciarán próximamente.
Ojo con ese dinero y Luis Irizarry, el alcalde de Ponce…🤨