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Ilegales los emplazamientos de Vía Verde

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Primero salieron los perros, en clara señal de protección. Luego, doña Marta Ocasio Borrero se asomó desde lo alto de la colina en actitud defensiva, como quien busca proteger lo que tiene, con lo poco que tiene.

Lucía más preocupada que de costumbre, a juicio de Gustavo Casalduc Torres y Arístides Rodríguez Rivera, componentes del Comité Utuadeño contra el Gasoducto.

Poco después, la mujer explicó por qué.

“Es que ya no me dejan tranquila”, respondió con rostro y ánimo sombrío. “Ya no puedo vivir en paz”.

“Emocionalmente estoy hecha polvo. Desde hace meses me están haciendo visitas y hasta me han estado llamando con amenazas, porque venían a expropiar, que me venían a emplazar”.

"¿Quiénes?", preguntó La Perla del Sur.

“Los del gasoducto”.

Asedio en la soledad

Ocasio Borrero es una profesional de la salud retirada que reside en una humilde residencia de cemento del barrio Salto Abajo de Utuado, en compañía de su madre de 95 años de edad, a quien cuida desde hace tiempo porque está postrada en cama.

Tanto la vivienda como el solar donde vive es fruto del esfuerzo de su padre fallecido “quien con mucho trabajo luchó para comprarla”, indicó.

En esta boscosa y remota zona, sin embargo, se ensaya un experimento inédito al que el Gobierno de Puerto Rico ha llamado Vía Verde.

Según ha descrito, el plan es soterrar un gasoducto que cruzará de sur a norte el país para transferir gas natural desde el terminal de EcoEléctrica en Peñuelas hasta centrales generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Arecibo, Cataño y San Juan.

Para ello, será necesario rasurar una franja de la cordillera central, incluyendo cuerda y media de la finca de esta familia.

El megaproyecto, empero, aún no cuenta con los permisos requeridos por agencias federales en la Isla.

“Ellos me están ofreciendo $4,500 de compensación, pero no me dicen cuáles terrenos. Así que yo no sé ni siquiera por dónde ellos quieren pasar el gasoducto o si es por esta casa. Entonces, ¿dónde me voy a ubicar yo con mi mamá?”, cuestionó.

Para agravar la situación, doña Marta asegura que la antesala a esta oferta no ha sido diplomática, ni agradable.

Emisario de New Star

Su pesadilla, afirma, comenzó en agosto del año pasado, a dos semanas de que el gobernador Luis Fortuño Burset anunciara el proyecto. Fue entonces cuando una persona llegó hasta la puerta de su casa “y me exigió las escrituras”.

“Yo le dije ‘yo no te puedo dar ese documento, porque esta finca no es mía. Es de mi mamá y de la sucesión de herederos’, pero aún así insistió y me pidió que firmara un papel”.

“Después supe que era una autorización para que dejara entrar aquí a empleados de la Autoridad y New Star Acquisition, para que hicieran estudios de suelo”, relató nerviosa. “Y claro que les dije que no. Yo no creo en el gasoducto”.

New Star Acquisition es la firma contratada por la AEE y el Gobierno para expropiar tierras y viviendas a lo largo de la ruta de Vía Verde.

La empresa, propiedad del ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista en San Juan Dennis Medina Rivera, obtuvo el contrato sin subasta por conducto de una Declaración de Emergencia Energética. Informes de prensa apuntan a que su factura ya supera los $2 millones.

A pesar de su renuencia, Ocasio Borrero fue emplazada por un empleado de esa compañía el 4 de octubre y mostró a este semanario el documento, una sentencia de expropiación forzosa suscrita por la jueza Mabel Ramón Milián del tribunal de Primera Instancia en San Juan.

Dicha resolución estipula que si en 20 días no responde al foro, los emplazados renuncian a todas las defensas y objeciones que puedan presentar ante el tribunal.

“Esto no tiene nombre”, reaccionó contrariada la utuadeña. “Ellos han sido insensibles. No han tenido tacto, no son humanos”.

“Ellos solo piensan en el dinero. Ellos no piensan en nosotros”.

Compran tiempo

Un grupo de voluntarios adscritos al Programa Pro Bono del Colegio de Abogados de Puerto Rico frenó este proceso hace escasos días, al asumir la defensa de Marta y otras dos familias de la zona en idénticas circunstancias.

Según la licenciada Yanira Belén Cruz, tras la intervención de este colectivo el tribunal concedió a los abogados y afectados una prórroga de 45 días.

“Esto nos permite estudiar el caso y evaluar acciones previo al nuevo término concedido, que es el 18 de diciembre”, dijo Belén Cruz en entrevista telefónica.

No obstante, adelantó que un análisis preliminar de los hechos apunta a irregularidades en el proceso de emplazamiento, “ya que en derecho el emplazador no puede ser parte en la controversia, y quien emplazó en este caso es un empleado de la firma New Star Acquisition”.

“Tal acción constituye un acto ilegal, según la Regla 4 de Procedimiento Civil, y esto anula el emplazamiento”, opinó en consulta separada el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce.

“La figura del emplazador no puede ser agente, ni empleado, ni en ninguna forma dependiente del abogado o la parte que le demanda en el caso”, sostuvo.

“Esto lo que demuestra es una de dos cosas”, conjeturó. “La primera es que (los demandantes) no tienen ningún tipo de asesoramiento jurídico válido y la segunda alternativa es que lo están haciendo a propósito, adrede, para engañar al Tribunal”.

“Esto no acaba el caso, pero sí puede retrasarlo”, continuó.

Movimiento en Adjuntas

Tales circunstancias, junto a otros acontecimientos recientemente acaecidos, han motivado que la organización ambiental y comunitaria Casa Pueblo convoque a una ‘Asamblea Abierta’ que se celebrará este domingo, 6 de noviembre, en los predios de su sede en Adjuntas.

“Vamos a reforzar la estrategia de lucha con grupos opuestos al gasoducto, comunitarios, religiosos, sindicales, profesionales y estudiantiles, para en una sola voz prepararnos para el peor de los escenarios”, declaró Alexis Massol González, premio Goldman 2003 y fundador de Casa Pueblo.

“El domingo se divulgarán más verdades ocultas detrás de todo este proceso y queremos que todos, con la asesoría del congresista Luis Gutiérrez, de profesionales del Colegio de Abogados, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Químicos y de la Comisión Científica de Casa Pueblo nos preparemos para la peor decisión o la gran celebración”.

“Estamos en un momento dramático, crucial, donde surge información a veces conflictiva y donde cada cual tiene que ser como un soldado que proteja la verdad”, añadió. “El Cuerpo de Ingenieros está por tomar una decisión y debemos estar listos para estar de frente a ella”, reclamó.

2 de noviembre de 2011

 

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