Las fechas para el juicio por corrupción pública contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, no fueron elegidas hoy debido a que el juez que presidirá el caso, Rafael Taboas Dávila, no tenía a mano su calendario.
Esto, porque el juez labora en el Tribunal Superior de San Juan, donde hubo un fuego recientemente, y no ha podido tener acceso a su oficina.
Su designación para atender este caso en Ponce la hizo la Oficina de Administración de los Tribunales, similar a como ocurrió en la etapa de vista preliminar, que fue atendida por el juez de Caguas Daniel López González.
Durante una breve vista de lectura de acusación efectuada esta mañana en la sala 405 del Centro Judicial de Ponce, se fijó una conferencia de estado de los procedimientos para el 6 de junio a las 10:00 de la mañana.
Ese día, las fiscales especiales independientes Zulma Fúster Troche, Ileana Agudo Calderón y Fabiola Acarón Porrata-Doria y la representación legal de Irizarry Pabón elegirán las fechas para el juicio, que todavía no se ha determinado si será por tribunal de derecho o por jurado.
El licenciado Carlos Torres Nolasco fue el único de los tres abogados de Irizarry Pabón que le acompañó a la vista de hoy. Este dio por leídos los pliegos acusatorios y solicitó el término de 10 días para hacer alegación de culpabilidad o no culpabilidad.
Si la defensa de Irizarry Pabón no se expresa en ese periodo, el tribunal anotará una alegación de no culpable y procederá a darle paso a un juicio por jurado.
Irizarry Pabón enfrenta un cargo de enriquecimiento injustificado del Código Penal y un cargo por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental por usar las facultades de su puesto para procurar un beneficio personal.
Durante la vista preliminar, que concluyó el pasado 11 de abril, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) presentó cinco testigos.
Estos fueron Luis Báez Rodríguez, director de la campaña política y exjefe de Gabinete de Irizarry Pabón; Oscar Iván Nazario Segarra, exdirector de la Directoría de Infraestructura, Ambiente y Transportación; Jorge Luis Mercado Santiago, exdirector de Manejo de Emergencias; Ormiraida López Torres, subgerente administradora de la sucursal del Banco Popular de Puerto Rico en Ponce Towne Center; y Ángel Gómez Vega, exempleado de la Oficina de Calendario y Programación de la alcaldía.
Nazario Segarra y Mercado Santiago declararon sobre cómo Irizarry Pabón, presuntamente, delegó en el primero el repago del préstamo a partir de mayo de 2021 y le instruyó a recolectar dinero entre sus directores de dependencia para lograrlo.
Por ese esquema, el PFEI le imputa utilizar su puesto como alcalde para procurar un beneficio personal.
Irizarry Pabón es representado por los abogados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Carlos Torres Nolasco.
De resultar convicto, el cargo de enriquecimiento injustificado contempla una sentencia de ocho años en prisión, mientras el de Ética Gubernamental conlleva cinco años de cárcel.
El imputado, quien está suspendido de empleo, pero no de sueldo, renunció a la candidatura a la reelección por el Partido Popular Democrático.
O sea, un juez mediocre que ni siquiera tiene un celular donde anotar o copiar sus agendas…