Al Supremo para intentar detener proyectos solares en suelos agrícolas

Seis organizaciones acudieron al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) para que el gobierno identifique terrenos impactados donde se puedan establecer proyectos solares industriales y detenga su desarrollo en suelos agrícolas.

Se trata de la Liga de Ciudades, la Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica, el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, El Puente de Williamsburg, el Comité Diálogo Ambiental y Sierra Club Puerto Rico.

Estas presentaron un recurso de certiorari con el que buscan que se revoque la determinación del Tribunal de Apelaciones que confirmó, a su vez, la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan de desestimar un recurso de mandamus radicado por las organizaciones para que se escucharan sus argumentos.

En esencia, los grupos le solicitaron al Supremo que ordene al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) asistir en la identificación de los lugares aptos para viabilizar la integración de energía renovable a la red eléctrica y someter sus conclusiones al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

La selección, según exigen las organizaciones, debe excluir los Suelos Rústicos Especialmente Protegidos – Agrícolas (“SREP-A), los cuales exigen se protejan para la sustentabilidad alimentaria del país.

“Existe un conflicto directo entre ambas decisiones (judiciales anteriores) y que, en la práctica, deja a las aquí peticionarias sin un foro. El acceso a la justicia sólo es posible con la expedición aquí solicitada”, afirmaron las demandantes.

Este caso se originó en el 2022, cuando las organizaciones demandaron por acceso a la información sobre los proyectos solares industriales que se desarrollarían en el país.

En agosto de ese año, luego de hacerse públicos los datos, se identificó que casi la totalidad de los proyectos industriales de energía renovable se proponen en la Reserva Especial Agrícola, en Suelos Rústico Especialmente Protegidos Agrícolas o de valor ecológico, y no en vertederos ni lugares previamente contaminados como la ley requiere.

Como consecuencia, los grupos pidieron a varias agencias que identificaran los lugares para establecer estas fincas solares sin violar el Plan de Uso de Terrenos (PUT) y que excluyeran la Reserva Especial Agrícola.

En un año no hubo respuesta gubernamental, por lo que el 14 de agosto del 2023 las organizaciones presentaron una petición de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan con el mismo reclamo, pero recibieron un fallo en contra.

Posteriormente, el 26 de octubre, el Tribunal de Apelaciones desestimó el mandamus y concluyó que el NEPR tiene la jurisdicción exclusiva para atender el reclamo. Esto, a pesar de que el NEPR había negado previamente tener jurisdicción sobre la materia.

El 9 de enero de este año, las demandantes apelaron ante el tribunal apelativo, el cual confirmó su determinación el 26 de febrero.

“La sentencia remite injusta y arbitrariamente a las comparecientes a un foro que niega tener, y se declara consistentemente sin jurisdicción para considerar y aplicar la Reserva Especial Agrícola y el Plan de Uso de Terrenos. Tiene la consecuencia directa de requerir a las aquí comparecientes que acudan a un proceso administrativo y de revisión judicial que ya se agotó. No es necesario que las comparecientes acudan nuevamente ante el Negociado mediante querella y revisión judicial para que el Negociado considere y aplique la Reserva Especial Agrícola y el Plan de Uso de Terrenos”, lee el recurso radicado.

Marissa Reyes Díaz, de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, señaló que los grupos no se oponen a la energía renovable, sino que favorecen que se instale en los techos en vez de en suelos de alto valor agrícola para proteger la producción de alimentos.

“Queda claro que las decisiones sobre proyectos industriales de energía que dañan terrenos de alto valor agrícola que impactan, además, zonas pobladas ya por familias, están en manos de una entidad que no ha querido asumir jurisdicción para analizar sus impactos”, manifestó Reyes Díaz.

“Este asunto es urgente: el Negociado está por evaluar entre 70 y 80 de estos proyectos, y la mayoría de ellos sin identificar los lugares aptos, sin aplicar el Plan de Uso de Terrenos y sin considerar la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico”, agregó.