El colapso de la capacidad de generación del sistema eléctrico de Puerto Rico pone al descubierto la decadencia creciente en la administración y estructura de un servicio esencial para la vida contemporánea.
Según los datos de la privatizadora Genera, la producción actual de energía de los activos que administra es de 1,454 megavatios o el 34 por ciento de la capacidad nominal de 4,247 megavatios.
Solo una de 14 unidades de generación que opera Genera funciona con normalidad, otras ocho tienen capacidad limitada y cinco están en mantenimiento o reparación. Esto significa que no existen reservas suficientes para los retos de la demanda de energía en Puerto Rico.
La reciente falla masiva que dejó a más de 200 mil abonados -lo que implica cerca de 500 mil personas sin electricidad- no es un incidente aislado, sino la confirmación de que la privatización no ha resuelto las décadas de mala gestión, corrupción y políticas cortoplacistas del gobierno en relación a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Como se advirtió desde los primeros aleteos privatizadores, entregar un servicio público esencial a las manos privadas conlleva una serie de desventajas significativas para los consumidores y la sociedad en general.
Una de las principales preocupaciones es el incremento en el costo del servicio para los usuarios. Cuando una empresa privada asume el control del suministro eléctrico, su objetivo primordial se convierte en la maximización de ganancias. Esto siempre resulta en un aumento de tarifas, ya que la empresa busca obtener el máximo retorno posible para sus inversores, dejando a los consumidores con pocas o ninguna alternativa.
Además, la privatización somete el servicio eléctrico a las fluctuaciones y lógicas del mercado, lo cual puede llevar a una menor estabilidad en el suministro eléctrico.
En una empresa en donde el principal objetivo es la rentabilidad, las inversiones en infraestructura y mantenimiento pueden verse comprometidas si no se consideran inmediatamente beneficiosas para los dueños de la empresa. Esto puede resultar en un servicio menos confiable, con mayor riesgo de apagones y deficiencias en el suministro a largo plazo.
La lógica de mercado, centrada en la ganancia, no siempre se alinea con el objetivo de proporcionar un servicio eléctrico seguro, eficiente y asequible para todos los usuarios.
La privatización también puede llevar a una menor rendición de cuentas y transparencia en la gestión del servicio eléctrico. Las empresas privadas, motivadas por sus intereses financieros, no son tan abiertas en sus operaciones o en la toma de decisiones como lo sería una entidad pública. Esto dificulta que los consumidores y la sociedad civil ejerzan presión para asegurar un servicio de calidad y asequible.
Además, en un contexto donde el servicio eléctrico está en manos de una entidad privada, los ciudadanos pierden su capacidad de influir directamente en las políticas y prácticas a través de mecanismos democráticos, lo que puede resultar en un alineamiento menor de los servicios con el interés público.
En resumen, la privatización del servicio eléctrico puede tener consecuencias negativas importantes, incluyendo el aumento de los costos para los consumidores, la sujeción del servicio a las inestabilidades del mercado, y una disminución en la rendición de cuentas y en la capacidad de los ciudadanos para influir en la gestión del servicio.
A poco menos de tres años desde la privatización en beneficio de Luma Energy, ya se han materializado todos los problemas que se anticiparon. El apagón de la semana pasada confirma que Genera es más de lo mismo y que no resolverá el problema energético de Puerto Rico.
Una historia de desaciertos
Históricamente, la AEE fue un pilar en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, llevando electricidad a cada rincón, independientemente de la dificultad topográfica.
Sin embargo, este logro se ha visto opacado por décadas de abuso político, asignaciones de puestos basadas en lealtades partidistas más que en competencia técnica, y decisiones financieras cuestionables que priorizaron los intereses de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría.
El abuso de esa clase política llegó al extremo de quebrar un monopolio público.
Dicha quiebra representa una paradoja económica y política, especialmente en el contexto del abuso por parte de ciertos sectores de la clase política. En teoría, un monopolio público debería tener todas las ventajas para mantenerse financieramente solvente, dado su control exclusivo sobre un mercado y la capacidad de generar ingresos constantes de toda la población que depende de sus servicios.
Sin embargo, cuando la gestión de dicho monopolio cae en manos de una administración ineficiente o corrupta, que prioriza intereses particulares sobre el bienestar común, el resultado puede ser la quiebra.
Este colapso no solo refleja fallas graves en la supervisión y administración financiera, sino también una desconexión alarmante entre la responsabilidad de proveer servicios esenciales a la ciudadanía y las prácticas de gestión corruptas que socavan esa misma responsabilidad.
La ironía de que un monopolio público, con todos los recursos a su disposición, termine quebrando, subraya el extremo del abuso político que sufrió la AEE.
Para colmo, la clase política que destruyó la AEE comenzó a justificar su ineficiencia mediante la demonización de la corporación pública, echando la culpa de su fracaso al mero modelo público y a sus trabajadores.
Esta narrativa mendaz, repetida una y mil veces, esquivó las miradas de los verdaderos problemas de la entidad con el propósito de culminar el mayor acto de corrupción posible: entregar un bien público que presta un servicio esencial a las manos privadas para la utilidad de unos pocos sobre el bienestar común.
La narrativa se convirtió en una profecía autorrealizable cuando, con el fin de seguir destruyéndola y demonizándola, no asignaron el dinero suficiente para el mantenimiento necesario para justificar su obsolescencia. Entonces trajeron a Luma y Genera como culminación de la incompetencia y maldad de esa clase política corrupta.
La falacia de la privatización
La solución propuesta a esta crisis, la privatización del sistema eléctrico, se prometió como una varita mágica que traería eficiencia, inversión y modernización. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta.
Las compañías privatizadoras han demostrado una incapacidad para gestionar adecuadamente el sistema, con un enfoque que parece privilegiar la rentabilidad sobre la calidad y accesibilidad del servicio.
Lejos de aliviar la carga financiera de los puertorriqueños, la privatización ha incrementado los costos para los consumidores, sin lograr mejoras significativas en el servicio. Luma y Genera han operado hasta el colmo de la ineficiencia, cuando se toma en cuenta que solo han podido gastar el 8 por ciento de los dineros asignados por FEMA para la reconstrucción de la red y las plantas generatrices.
El gobierno y la AEE han tenido que darle a Luma y Genera cerca de $1,500 millones para que monten sus negocios en Puerto Rico. Estas compañías no han tenido que invertir un centavo en sus operaciones, pues reciben reembolso por prácticamente todo, hasta cuando meten la pata y causan daños a un consumidor.
El costo básico adicional por el mero hecho de tener contratadas estas compañías ronda en $300 millones anuales y los supuestos ahorros que iba a traer Luma ya fueron eliminados de las proyecciones de la Junta de Control Fiscal.
De seguro, los ahorros que prometió Genera se harán también sal y agua, pues ya la Junta prometió a los bonistas de la AEE el 50 por ciento que obtenga el gobierno de esos ahorros.
Así que, tendremos el peor servicio al mayor costo posible que permita el Negociado de Energía. ¡Negocio redondo para las privatizadoras!
El PAD empeorará todo
La reciente revelación por parte de los expertos de la Junta de Control Fiscal y de AAFAF sobre la insuficiencia de fondos para la reconstrucción y modernización de la AEE es alarmante.
Estas admisiones, surgidas durante el juicio de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), ponen de manifiesto una dura realidad: los fondos actuales asignados por FEMA tras los devastadores huracanes Irma y María están lejos de ser suficientes para restaurar la infraestructura eléctrica de la isla a un estándar aceptable.
Para colmo, el PAD no permite reservas de capital para atender necesidades extraordinarias de mantenimiento por la operación regular del sistema. Esta falta de recursos no solo deja al sistema eléctrico en una posición vulnerable ante eventos climáticos menores, sino que también pone en jaque la posibilidad de crecimiento económico de Puerto Rico.
Sin rubor, la Junta de Control Fiscal optó por priorizar el pago a los bonistas sobre la necesaria reconstrucción y modernización del sistema eléctrico, como se detalla en la página 142 del Plan Fiscal de la AEE para 2023.
A poco menos de tres años desde la privatización en beneficio de Luma Energy, ya se han materializado todos los problemas que se anticiparon. El apagón de la semana pasada confirma que Genera es más de lo mismo y que no resolverá el problema energético de Puerto Rico.
Por otro lado, los testimonios de expertos opositores al plan de ajuste, como Tom Sanzillo, Ramón Cao y José Israel Alameda, dibujan un panorama aún más sombrío.
Ellos argumentan que el plan, en su estado actual, no solo descuida las necesidades básicas de infraestructura y mantenimiento, sino que amenaza con estrangular económicamente a la isla a través de aumentos continuos en las tarifas eléctricas.
Este plan evidencia una falta de visión y una gestión irresponsable por parte de la Junta de Control Fiscal que, no solo es deficiente, sino peligrosamente miope.
La estrategia de «esperar a que no ocurran huracanes» sugerida en su testimonio por el presidente de la Junta, David Skeel, es un claro ejemplo de la negligencia con que se están manejando asuntos críticos para el futuro de Puerto Rico.
El costo eléctrico seguirá al alza
La tormenta perfecta para el aumento incontrolable de la factura de energía eléctrica ya se está configurando. Luma y Genera quieren aumentar la tarifa básica para garantizar la viabilidad de los costos de sus contratos, al tiempo en que ya se le concedió a AES un rescate financiero que conllevará otro aumento a la tarifa.
Mientras, si la jueza Taylor Swain lo confirma, el PAD añadirá el indigno cargo híbrido y un aumento indispensable para cubrir los costos por el pago de las pensiones.
Asimismo, seguiremos presos de los precios de los combustibles fósiles que están sujetos a la inestabilidad por los serios conflictos internacionales que se cuecen en el Oriente Medio.
Por último, como todos los expertos estipulan, la demanda de energía en Puerto Rico seguirá bajando, lo que concentrará todos este peso de la tarifa en los que no tengan acceso a tecnologías de energía renovable. Esto reducirá los ingresos de la AEE y obligará a que se activen las cláusulas del plan de ajuste que imponen aumentos adicionales a la tarifa.
La migración a renovables destruirá la sostenibilidad de la AEE
La transición hacia la energía renovable, aunque esencial para el futuro sostenible de Puerto Rico, plantea desafíos significativos bajo las circunstancias actuales del PAD de la AEE.
Este plan, centrado en la reestructuración financiera, no parece contemplar adecuadamente las inversiones necesarias para una migración efectiva hacia fuentes de energía limpias y renovables.
La demonización de la corporación pública y sus trabajadores, repetida una y mil veces, esquivó las miradas de los verdaderos problemas de la entidad con el propósito de culminar el mayor acto de corrupción posible: entregar un bien público a las manos privadas para la utilidad de unos pocos sobre el bienestar común.
La preocupación radica en que la adopción de energías renovables, como la solar y eólica, requiere no solo una inversión inicial considerable, sino también un cambio estructural en la gestión y distribución de energía. Sin una estrategia financiera que respalde esta transición, la sostenibilidad financiera de la AEE podría verse comprometida.
La inversión en renovables, si bien reduce la dependencia de combustibles fósiles y minimiza el impacto ambiental, necesita ser financiada y coordinada de manera que no ponga en peligro la viabilidad económica de la AEE a largo plazo. El PAD no provee para esa transición ordenada por la política pública de Puerto Rico.
Además, la migración hacia la energía renovable desafía el modelo de negocio tradicional de la AEE, basado en la generación centralizada de energía. La energía renovable, por su naturaleza, tiende a ser más descentralizada, permitiendo a los individuos y comunidades generar su propia energía. Esto podría resultar en una reducción de los ingresos para la AEE, a medida que más consumidores opten por soluciones de energía renovable independientes.
Si bien esto representa un avance hacia la autosuficiencia energética y la sostenibilidad, también plantea interrogantes sobre cómo se financiará la deuda y la infraestructura existente y futura de la AEE. Sin un plan claro que equilibre la transición hacia la energía renovable con la necesidad de mantener la estabilidad financiera de la Autoridad, existe el riesgo de que la AEE se encuentre en una situación económica aún más precaria, socavando los esfuerzos por lograr una sostenibilidad a largo plazo, tanto en términos ambientales, como financieros.
El costo humano de las políticas eléctricas
La situación actual ha creado un sistema eléctrico de dos categorías: por un lado, aquellos que pueden permitirse el lujo de sistemas privados de generación de energía, como la solar, se aíslan de la inestabilidad y los altos costos del sistema público; por otro lado, la mayoría de los puertorriqueños, especialmente los más vulnerables, enfrentan un servicio público deteriorado, caro y poco confiable.
Esta división no solo es injusta, sino que profundiza las desigualdades existentes en la sociedad puertorriqueña. Esto motiva, sin duda, mayor emigración y, por ende, menor actividad económica. Con una actividad económica decreciente, se incrementan las posibilidades de que fracase, tanto el plan de ajuste de la deuda de la AEE, como el del gobierno central.
Un camino hacia el futuro
A mi juicio, la privatización ha fracasado y, de confirmarse el PAD, se agudizarán todos los males aquí mencionados. Por eso, en su reciente mensaje a la Legislatura, el gobernador Pedro Pierluisi dedicó solo cuatro párrafos al problema energético. No tiene logros concretos que reportar y lo que alegó queda refutado por los hechos.
La crisis eléctrica que enfrenta Puerto Rico no solo es un desafío técnico y financiero que pone en precario nuestra viabilidad como pueblo, sino también obliga a aprovechar la coyuntura para replantear el modelo energético de la isla hacia uno que refleje los valores de justicia social, sostenibilidad y fortaleza.
Para lograr este objetivo, es esencial adoptar un enfoque que priorice en el fin público y transparencia en la gestión de la energía. Dado que el acceso a la energía es un derecho humano y un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país, la administración de este recurso debe estar en manos del pueblo, garantizando que las decisiones se tomen de manera abierta y que exista un claro mecanismo de rendición de cuentas.
Esto aseguraría que las políticas y prácticas energéticas sean diseñadas con el interés colectivo en mente, promoviendo la equidad y el acceso universal.
La reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico representa una tarea monumental que requiere visión, compromiso y colaboración. Adoptar un enfoque que sea público, transparente, despolitizado, profesional y democrático no solo es necesario para superar la crisis actual, sino también para construir un futuro en el que la energía sea un motor de desarrollo sostenible, justicia social y bienestar para todos los puertorriqueños.
La despolitización del sector eléctrico es crucial para superar la crisis actual. Las decisiones en torno a la AEE y su futuro deben fundamentarse en evidencia científica y conocimiento técnico, evitando que los intereses partidistas socaven las iniciativas de reforma.
Esto requiere independencia de las ramas políticas junto a un marco regulatorio que promueva la independencia de la gestión energética, asegurando que las decisiones se tomen en beneficio del bienestar a largo plazo de Puerto Rico y no como resultado de cálculos políticos a corto plazo.
La profesionalización de la AEE y de cualquier organismo que le suceda es otro pilar fundamental para reconstruir el sistema eléctrico. Esto implica no solo contar con personal cualificado en la gestión de día a día, sino también en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a gran escala que la isla requiere para modernizar su red eléctrica.
La profesionalización también significa adoptar las mejores prácticas internacionales en términos de eficiencia, sostenibilidad y seguridad, asegurando que Puerto Rico pueda contar con un sistema eléctrico que resista los desafíos futuros.
Finalmente, la democratización de la energía implica crear espacios para la participación activa de la sociedad en las decisiones energéticas. Esto significa ir más allá de los foros públicos tradicionales, integrando mecanismos de participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas energéticas.
Tal enfoque permitiría que las voces de todos los sectores de la sociedad puertorriqueña sean escuchadas y consideradas, desde las comunidades afectadas por proyectos energéticos hasta expertos y organizaciones no gubernamentales.
Este modelo de gobernanza energética promueve no solo la transparencia y responsabilidad, sino también la innovación y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de Puerto Rico.
La reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico representa una tarea monumental que requiere visión, compromiso y colaboración. Adoptar un enfoque que sea público, transparente, despolitizado, profesional y democrático no solo es necesario para superar la crisis actual, sino también para construir un futuro en el que la energía sea un motor de desarrollo sostenible, justicia social y bienestar para todos los puertorriqueños.
Este es el camino hacia un futuro sostenible, donde la energía no sea solo accesible y confiable, sino también una fuente de empoderamiento para la población. Esto no será posible mientras gobiernen los mismos que nos llevaron al desastre.
Tenemos la esperanza de que una nueva clase política tome las riendas del país a partir del 2025.
Most of the US has private electricitiy and while not perfect, it is mostly reliable and far cheaper than most of the world. the problem here is not privatization but the unwillingness of the island to switch to natural gas when the time was right, the decades of government corruption. PREPA spent decades destroying the system and it will take at least a decade to rebuild it. the «experiment» has just begun, what failed was public management of the utility which was foisted on PR by an unelected government in the 1930’s/