Contexto histórico
Para entender la crisis actual, debemos remontarnos a la formación del sistema político actual y la historia de los partidos principales. La invasión militar de Estados Unidos a Puerto Rico en 1898 marcó el inicio de un nuevo orden político colonial que requirió la colaboración de los partidos locales para su sostenimiento.
Esta colaboración se funda en el mantenimiento del statu quo y la administración de las arcas de la colonia para sostener una economía de enclave colonial.
Un enclave colonial es una región o territorio dentro de un país que está controlado y explotado por una potencia extranjera o por intereses externos, con el propósito de extraer recursos o beneficios económicos, a menudo, a expensas del desarrollo local y la autonomía.
Este concepto implica una relación de dependencia y explotación en la que el enclave sirve principalmente los intereses de la potencia extranjera, mientras que la población local recibe pocos beneficios y sufre las consecuencias de la extracción de recursos.
Así es que al gobierno local se le dieron mediante la Ley Foraker (1902) y Jones (1917) los poderes mínimos para imponer tributos, conceder exenciones contributivas para la inversión extranjera y emitir deuda para construir y financiar la infraestructura para la operación de la clase extractivista norteamericana.
Sin embargo, este régimen recibió el rechazo contundente organizado del Partido Nacionalista Puertorriqueño desde su fundación en 1922 y, particularmente, bajo el liderato de Pedro Albizu Campos a partir del año 1930.
Albizu Campos denunció la ignominia del régimen colonial y la explotación económica norteamericana, particularmente en el sector cañero, donde fue uno de los líderes principales de las huelgas cañeras de los años 30.
Para evitar que Puerto Rico lograra su independencia mediante la lucha nacionalista, los Estados Unidos implantaron la Puerto Rico Emergency Relief Administration (PRERA) en 1933. Esto para procurar ayuda de emergencia para lidiar con el hambre y el desempleo que dejó el colapso de la bolsa de valores del 1929 y la gran depresión que le siguió.
La PRERA sembró las bases de políticas coloniales de dependencia que fueron utilizadas por los partidos locales para aferrarse al poder, pregonando las bondades de la relación colonial con los Estados Unidos.
Los Estados Unidos también le encomendaron a Luis Muñoz Marín una iniciativa posterior denominada Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA), creada en el año 1935 para fortalecer su imagen y convertirse en líder del Partido Popular Democrático (PPD) que se fundó en 1938.
La PRRA, creada en respuesta a la Gran Depresión, proporcionó los recursos necesarios para inversiones de infraestructura para impulsar el crecimiento económico de la isla, pero también sirvió como herramienta de proselitismo político de la clase política colonial asociada al PPD.
Además, el aparato colonial policiaco y militar inició una persecución sistemática del liderato nacionalista e independentista que culminó con el primer encarcelamiento de Pedro Albizu Campos y el liderato nacionalista en el 1936, y su larga condena penitenciaria de 10 años.
Como respuesta a las presiones del nacionalismo local, el movimiento internacional anticolonial y las reformas internacionales impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos aprobó una ley para crear el Estado Libre Asociado (ELA).
El ELA se estableció bajo las premisas del régimen colonial de la Ley Jones de 1917, sosteniendo la vigencia de las leyes federales, la corte federal, el discrimen institucionalizado de los infames Casos Insulares y la imposición de nuevas leyes congresionales, sin el consentimiento de los puertorriqueños.
Por tanto, el Estado Libre Asociado, no es ni Estado, ni es Libre, ni Asociado con Estados Unidos. Esta mentira se divulgó por los Estados Unidos en la ONU con el propósito de que declararan que Puerto Rico no era colonia, la ONU miró para el lado y en 1953 nos sacó de la lista de territorios coloniales.
Las consecuencias de esta mentira se viven hoy, día a día. Particularmente, cuando bajo el famoso ELA tenemos desde 2016 una dictadura de una junta de siete procónsules no electos que gobierna y mandatan autocráticamente en todos los asuntos del gobierno local.
La vida político-partidista en la versión 2.0 de la colonia bajo el ELA no cambió mucho desde la inauguración de la constitución de 1952. Todo lo contrario, el régimen político adoptado a imagen y semejanza de la constitución federal, con representación no proporcional, se construyó con el propósito de crear un sistema bipartita dominante como el de Estados Unidos, compuesto de republicanos y demócratas.
Ya en 1951, en su libro seminal Los partidos políticos: su organización y actividad en el estado moderno, Maurice Duverger descubrió la fórmula para crear sistemas bipartitas. Su famosa ley dispone que el bipartidismo surge en los sistemas democráticos conocidos como «el que llega primero se lleva todo».
Cada distrito electoral elige a un representante y el candidato con más votos en el distrito gana, incluso si no recibe una mayoría absoluta (más del 50 por ciento) de los votos.
Según Duverger, este sistema lo que produce son sistemas bipartidistas como el PPD y PNP en Puerto Rico. Con solo dos partidos dominantes, uno pro statu quo y otro estadista, la estabilidad colonial estaría garantizada per secula seculorum.
Uno de los principales antecedentes del Partido Nuevo Progresista (PNP) es el Partido Estadista Republicano (PER). Este partido fue fundado en 1952 por Miguel A. García Méndez y otros líderes que promovían la estadidad para Puerto Rico.
El PER fue un partido importante durante la década de 1950 e inicio de la década del 1960, defendiendo la anexión de Puerto Rico como estado de Estados Unidos. El PER surgió como respuesta a las políticas asimilistas del PPD, abogando por la estadidad como solución al estatus colonial de Puerto Rico.
El PNP se fundó el 20 de agosto de 1967, como un rompimiento con el PER para confrontar la hegemonía del PPD sobre el gobierno local. La creación del PNP se produjo en un contexto de descontento con el statu quo colonial y el PPD, que había dominado la política puertorriqueña durante décadas.
La formación del PNP está vinculada a los resultados del plebiscito de 1967, donde la opción del ELA ganó con el 60 por ciento de los votos, pero la opción de estadidad recibió el 39 por ciento de apoyo, aumentando significativamente en varios municipios. Esto impulsó a Ferré y a sus seguidores a consolidar este nuevo movimiento político enfocado en la anexión de Puerto Rico como estado federado de Estados Unidos.
El PPD ganó elecciones consecutivas hasta que las perdió ante el Partido Nuevo Progresista (PNP) de Luis A. Ferré en el 1968.
Desde hace 56 años, ambos partidos se han alternado en el poder sin lograr resolver los problemas fundamentales de la isla. Todo lo contrario, han logrado colapsar el propio régimen colonial. El PPD y el PNP son los artífices de lo que es Puerto Rico hoy.
Durante estos pasados 56 años, el inmovilismo del Congreso federal y de la presidencia hacia la solución política de un ELA “mejorado” o la concesión de la estadidad ha desgastado la narrativa “pesca votos” del PPD y PNP y se han convertido en discursos huecos que ya no le toman el pelo a muchos.
A pesar de tener todo el apoyo del aparato colonial, la administración de los fondos federales, el control de la narrativa mediática y la represión y control policiaco colonial, los partidos políticos han hecho lo mejor posible para destruir su hegemonía.
Es tan grave el desgaste que en términos electorales el PNP eligió a su gobernador con el 33 por ciento del voto.
Ni el Principio de Peter que sostiene que en una jerarquía toda persona tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia, ni la Ley de Murphy, que mantiene que todo lo que puede salir mal, saldrá mal, son suficientes para explicar esta debacle social, política y económica.
Una explicación plausible descansa en la teoría de la dependencia, que sugiere que la relación de dependencia y explotación entre los países coloniales crea un ambiente propicio para la corrupción.
En estos contextos, los recursos económicos y el poder político tienden a concentrarse en una élite local con estrechos vínculos con intereses extranjeros. Esta élite puede manipular las instituciones y políticas para su beneficio personal y el de sus aliados externos, facilitando la corrupción y perpetuando la desigualdad y el subdesarrollo.
Como señaló en 1967 André Gunder Frank: «El desarrollo del subdesarrollo es la consecuencia histórica de estas relaciones dominantes y dependientes».
Dentro de esta relación de dependencia, el papel clave de la elite bipartita es servir de intermediaria para canalizar el recaudo de los fondos estatales y federales para su distribución en sobornos y prebendas ilegales. Es una clase política sin proyecto histórico que solo funge para su beneficio. Solo trabaja para la corrupción. Ese es el sistema político que tenemos.
El colapso de la colonia
Bajo la administración de ambos partidos, Puerto Rico ha visto un deterioro significativo en su economía y gobernabilidad. La pérdida de incentivos económicos, como las secciones 936 del Código de Rentas Internas, que ofrecían beneficios fiscales a las empresas estadounidenses en Puerto Rico, ha dejado a la isla en una profunda depresión económica.
Ninguno de los partidos planificó adecuadamente para el fin de estos incentivos, lo que resultó en una crisis financiera que llevó a la instauración de la antidemocrática Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en 2016.
La JSF, aunque impuesta por el Congreso de Estados Unidos, es una prueba del fracaso de los partidos locales en gestionar la economía. La falta de transparencia y la corrupción en ambos partidos han exacerbado la situación, despojando a la población de los incipientes derechos democráticos que disfrutaban bajo el ELA.
El colapso de la colonia bajo el bipartidismo se puede describir completamente en una inacabable lista de entuertos y contrasentidos. Para una muestra, con estos botones basta:
- Falta de planificación y visión
La incapacidad del PNP y el PPD para ofrecer soluciones viables a los problemas de la isla es evidente. Ambos partidos han presentado múltiples versiones de sus planes para resolver el estatus político de Puerto Rico, pero ninguno ha logrado obtener el respaldo necesario en el Congreso de los Estados Unidos. La estadidad, promovida por el PNP, es cada vez más inalcanzable en un contexto de polarización política en Estados Unidos. Por otro lado, el PPD no ha logrado revitalizar el ELA como una solución viable.
- Impacto socioeconómico
Puerto Rico enfrenta una tasa de pobreza alarmante, con más del 50 por ciento de la población viviendo en condiciones de pobreza y el 40 por ciento de los niños afectados por la marginación.
La emigración masiva ha llevado a una pérdida significativa de capital humano, con aproximadamente 6 millones de puertorriqueños viviendo en la diáspora. Esta emigración es un testimonio del fracaso de ambos partidos para crear condiciones de vida dignas en la isla.
La falta de empleos bien remunerados, una educación inadecuada y un sistema de salud deficiente han obligado a miles de puertorriqueños a buscar oportunidades en Estados Unidos. Esta situación no solo empobrece a la isla, sino que también erosiona su futuro económico y social.
- La crisis de legitimidad democrática
La erosión del bipartidismo ha llegado a un punto crítico, con un gobernador que apenas alcanza el 33 por ciento de apoyo y un PPD debilitado.
La falta de un sistema de doble vuelta electoral impide que el candidato ganador tenga el respaldo de la mayoría de los votantes, lo que socava aún más la legitimidad del gobierno.
Las elecciones y las primarias ya no movilizan a la población como antes, y la participación en estos procesos es cada vez más baja y apática.
- Corrupción y mala administración
La corrupción endémica en ambos partidos es otro factor que ha contribuido al colapso de la colonia. La administración de fondos federales y locales ha estado plagada de irregularidades, con frecuentes escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios.
Entretanto, la privatización de servicios públicos y la entrega de contratos a amigos y familiares han sido prácticas comunes que han debilitado aún más la confianza pública.
- La falta de programas políticos y socioeconómicos
Los programas políticos y socioeconómicos de ambos partidos están agotados. No han presentado nuevas ideas ni soluciones innovadoras para los problemas de la isla.
Sus promesas electorales son repetitivas y carecen de contenido sustancial. Esta falta de visión y planificación a largo plazo ha contribuido al estancamiento y deterioro de Puerto Rico.
- El papel de la Junta de Supervisión Fiscal
La JSF gobierna de facto en Puerto Rico, tomando decisiones cruciales sin el consentimiento del pueblo puertorriqueño. Esto ha llevado a una pérdida de autonomía y ha profundizado la crisis económica y social, pues solo implantan la ideología neoliberal de darle todo a los ricos y al capital, a ver si sobra algo para los pobres.
Además, ambos partidos han fracasado en enfrentarse a la JSF y en defender los intereses del pueblo.
- Desplazamiento y Ley 60
La Ley 60, que fomenta la llegada de personas de Estados Unidos a beneficiarse de incentivos contributivos, ha creado un mercado inmobiliario inaccesible para muchos puertorriqueños.
Esta ley, endosada por administraciones, tanto del PNP como del PPD, ha exacerbado el desplazamiento de la población local y ha contribuido al incremento del costo de vida.
- Incompetencia de los líderes políticos
El liderazgo de los principales partidos ha sido notablemente deficiente. Líderes del PNP y del PPD han fracasado en articular una visión coherente para el futuro de Puerto Rico. En lugar de trabajar hacia soluciones sostenibles, han priorizado intereses personales y de sus círculos cercanos.
Esta falta de liderazgo fuerte y comprometido ha llevado a una mayor desilusión entre los votantes y ha alimentado la percepción de que ambos partidos están más interesados en mantener el statu quo que en lograr un verdadero cambio.
- El impacto de la crisis energética
Un ejemplo claro de la ineficiencia y corrupción en la administración bipartidista es la crisis energética en Puerto Rico. La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y la subsecuente gestión de LUMA Energy y Genera han sido ampliamente criticadas con fundamentos concretos.
La falta de inversiones en infraestructura y la dependencia continua de combustibles fósiles han llevado a frecuentes apagones y a un sistema energético poco confiable y costoso.
La Ley 17, que establece como objetivo que para el año 2050 Se genere el 100 por ciento de energía con fuentes renovables ha sido continuamente saboteada por intereses económicos que buscan perpetuar la dependencia del gas natural.
La administración actual ha mostrado poco interés en avanzar hacia energías renovables, a pesar de la abundancia de recursos solares y eólicos en la isla. Además, la implementación de proyectos de energía renovable se ha visto obstaculizada por la burocracia y la falta de voluntad política, lo que impide que Puerto Rico se beneficie de una transición energética sostenible y enriquecedora para el país.
- La falta de inversión en educación y salud
Otra área críticamente afectada por la mala administración bipartidista es la educación y la salud.
La infraestructura educativa está en ruinas, con escuelas cerradas y falta de recursos básicos para estudiantes y maestros. La emigración de maestros cualificados debido a bajos salarios y malas condiciones laborales ha dejado a muchos estudiantes sin acceso a una educación de calidad.
En el sector de la salud, la situación no es mejor. Los hospitales enfrentan escasez de personal y recursos, y muchos profesionales de la salud han emigrado en busca de mejores oportunidades. La respuesta del gobierno a la crisis de salud ha sido insuficiente, y la pandemia de Covid-19 exacerbó aún más estos problemas, mostrando las debilidades del sistema de salud puertorriqueño.
- La economía subterránea y la evasión fiscal
La corrupción y la mala administración también han fomentado una economía subterránea que escapa al control y la regulación del gobierno. La evasión fiscal es un problema endémico, y muchos negocios operan fuera del marco legal para evitar impuestos y regulaciones.
Esta economía informal priva al gobierno de ingresos necesarios para financiar servicios públicos esenciales y agrava las desigualdades económicas.
La necesidad de una nueva clase política
Dada la situación actual, es imperativo que Puerto Rico desarrolle una nueva clase política que pueda enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Esta nueva clase debe estar compuesta por líderes comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y el bien común. Deben estar dispuestos a romper con las prácticas corruptas del pasado y a implementar políticas que promuevan el desarrollo sostenible y la justicia social.
Para tener éxito es indispensable atacar la cultura de la dependencia y combatir el régimen colonial y la JSF.
El papel de la diáspora
La diáspora puertorriqueña, que representa una fuerza política y económica significativa, también tiene un papel crucial en la reconstrucción de la isla.
Los puertorriqueños en la diáspora han demostrado un compromiso continuo con el bienestar de su patria, enviando remesas, participando en iniciativas de ayuda y abogando por los derechos de Puerto Rico en Estados Unidos.
Involucrar a la diáspora en el proceso político y económico de la isla podría proporcionar nuevas perspectivas y recursos para enfrentar los retos actuales.
Ejemplos internacionales de transición exitosa
Puerto Rico puede aprender de otros países y regiones que han pasado por transiciones exitosas hacia modelos de desarrollo más sostenibles y justos.
Países como Costa Rica han demostrado que es posible implementar políticas energéticas basadas en fuentes renovables y lograr altos niveles de bienestar social, sin depender de combustibles fósiles.
Otros países han mostrado cómo la inversión en educación y salud puede ser el motor de un desarrollo inclusivo y sostenible.
Reformas necesarias para el futuro
Para salir de la crisis actual, Puerto Rico necesita una serie de reformas estructurales. Algunas, urgentes como:
- Reforma electoral: Implementar un sistema de voto proporcional, la doble vuelta electoral para asegurar que los candidatos electos tengan el respaldo de la mayoría de los votantes y la revocación del mandato.
- Transparencia y rendición de cuentas: Fortalecer las instituciones de control y auditoría para combatir la corrupción y garantizar una administración pública eficiente.
- Desarrollo económico sostenible: Promover la diversificación económica, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, e invertir en sectores emergentes como la tecnología y la energía renovable.
- Educación y salud: Aumentar la inversión en educación y salud y eliminar las aseguradoras como intermediarias, para garantizar que todos los puertorriqueños tengan acceso a servicios de calidad.
- Participación de la diáspora: Crear mecanismos para involucrar a la diáspora en el desarrollo económico y político de la isla.
- Lograr la descolonización de Puerto Rico: Lograremos relaciones internacionales de mutuo beneficio, acceso a programas y ayudas internacionales y una relación reparadora y de respeto con los Estados Unidos.
Conclusión
El bipartidismo en Puerto Rico ha demostrado ser un sistema fallido, incapaz de resolver los problemas económicos, sociales y políticos de la isla. La alternancia en el poder entre el PNP y el PPD no ha traído soluciones efectivas, sino que ha perpetuado la corrupción, la mala administración y la falta de planificación.
Es evidente que el pueblo puertorriqueño necesita un cambio radical en su liderazgo y en la manera de abordar sus problemas. Solo así podrá Puerto Rico salir de la crisis profunda en la que se encuentra y construir un futuro más próspero y justo para todos sus habitantes.
No cabe duda de que en la coyuntura actual, la única alternativa electoral que responde a los mejores intereses de Puerto Rico la representa la Alianza. Los componentes y candidatos de la Alianza no son responsables de esta debacle y han sido críticos y puntuales en identificar los problemas de Puerto Rico y de proponer soluciones viables a corto y mediano plazo.
Además, son los únicos que proponen soluciones democráticas y participativas al problema del estatus colonial, sin trampas ni amañamientos.
Es hora de que el Pueblo de Puerto Rico se conceda la oportunidad de un verdadero cambio. No son agentes de cambio los que por 56 años han luchado siempre por ver quién nos engaña mejor.