La PROMESA incumplida: a la vista la segunda quiebra de Puerto Rico

Promulgada en 2016, la Ley PROMESA se presentó como el salvavidas que Puerto Rico necesitaba para superar su crisis de deuda sin precedentes.

Equipada con herramientas comparables a las de la ley de quiebra federal, la legislación prometía un ajuste de la deuda, la vuelta a los mercados de bonos y la recuperación económica.

La urgencia por implementar un mecanismo de ajuste de deuda fue tal que el Congreso de los Estados Unidos y los políticos del bipartidismo pasaron por alto el detalle de que PROMESA minaba la ya limitada gobernanza democrática local, sustentando la mítica narrativa de un “Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Sin embargo, la actuación de la Junta de Control Fiscal (JCF) bajo esta ley ha resultado ser un desastre con consecuencias catastróficas.

Lejos de beneficiar al pueblo puertorriqueño con las potentes herramientas de ajuste de deuda, la JCF ha favorecido consistentemente a los acreedores de bonos y al capital extranjero, con una reestructuración de la deuda que, según el estado financiero del gobierno central de 2022, solo implicó una reducción del 14 por ciento de la deuda.

Este recorte insignificante es también culpa de los políticos del bipartidismo, quienes defendieron las posturas pusilánimes de la Junta ante los acreedores, con la falsa narrativa de que “Puerto Rico tiene que pagar las deudas”.

Aunque pagar las deudas pueda ser un principio cívico y hasta moral, es absurdo insistir en esa narrativa bajo una ley de quiebras bajo la cual se debe pagar lo que se pueda, no necesariamente lo que se debe. Ese es el principio fundamental para tener un nuevo comienzo financiero.

Expertos en deuda soberana que examinaron la situación de Puerto Rico indicaron que, para recuperarse de su crisis financiera, el recorte a la deuda debía ser sustancial, lo que significa eliminar entre el 80 y el 100 por ciento de la deuda.

La Ley PROMESA hubiera permitido tal medida. Sin embargo, la JCF jugó en contra de los intereses de Puerto Rico, con el apoyo de políticos locales, y prometió pagos que son insostenibles.

El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, señala que el 50 por ciento de los países que reestructuran su deuda caen en una segunda quiebra en menos de cinco años debido a que los recortes son insuficientes para sostener la deuda restante.

Además, nos dice que el recorte de deuda debe ir acompañado por crecimiento económico sostenido para resolver el problema de insolvencia. Sin crecimiento, no hay repago sostenible de la deuda.

Para colmo, el desastre de la JCF ha costado a Puerto Rico más de $1,500 millones de dólares en honorarios y consultorías, principalmente del norte, y nos ha dejado en 2022 con un déficit acumulado que supera los $51,100 millones. Esto pone a Puerto Rico en una posición de vulnerabilidad aún mayor que antes de PROMESA.

Esta cantidad abrumadora de déficit acumulado refleja no solo la magnitud de la deuda no resuelta, sino también la incapacidad de la Junta para administrar y entender efectivamente la economía local bajo las condiciones actuales.

No solo debemos lidiar con un déficit de $51,100,000,000, sino que también se perdió la oportunidad de empezar a contar los cuatro presupuestos balanceados consecutivos necesarios para la salida de la JCF, pues el primer presupuesto tras el plan de ajuste de deuda que entró en vigor el 15 de marzo de 2022 no fue balanceado.

La JCF, la supuesta experta en finanzas, no logró equilibrar el presupuesto, que terminó con un déficit de $3,200 millones.

El gobernador Pedro Pierluisi proclama que él dio fin a la quiebra de Puerto Rico, lo que no solo es falso, sino que marca el comienzo de la verdadera quiebra del país.

Cuando la jueza Laura Taylor Swain confirmó el Plan de Ajuste de Deuda, lo hizo bajo la premisa de que el plan era viable, porque los déficits estructurales se retomarían a partir del 2035. A esa fecha, la deuda de Puerto Rico estaría sustancialmente reducida, facilitando su repago.

Sin embargo, cuando la JCF certificó el plan fiscal para 2023, sorprendió a todos al indicar que, dado el débil crecimiento económico, los déficits estructurales regresarían en 2027-2028.

Este pronóstico alarmante implica que, para esos años, no habrá fondos suficientes para cubrir las necesidades y servicios esenciales del gobierno, lo que daría paso a drásticos recortes presupuestarios bajo una nueva ola de austeridad.

La atención a la deuda no podría verse afectada, por lo que la JCF tendría que imponer recortes presupuestarios significativos para mantener los presupuestos balanceados. Esto implicaría reducciones en áreas críticas como la salud, la seguridad y la educación.

Para empeorar este escenario, Robert Mujica, el director ejecutivo de la JCF, ahora nos dice que los déficits estructurales volverán tan pronto como el próximo año, 2025.

La JCF sigue indicando que el crecimiento económico de Puerto Rico para los próximos cinco años será mínimo o negativo. Ahora, el Fondo Monetario Internacional lo confirma en su más reciente informe sobre crecimiento económico. Por tanto, es más probable que la situación económica se complique y Puerto Rico tenga problemas para cubrir los servicios esenciales, especialmente los pagos a los pensionados.

El manejo igualmente torpe de esta nueva crisis por parte de la JCF tendrá repercusiones devastadoras para las y los puertorriqueños. Las políticas de austeridad, impulsadas por la necesidad de cumplir con las obligaciones a los acreedores, exacerbarán la desigualdad y fomentarán una mayor emigración.

Esta fuga de talento y capital humano disminuirá aún más la base contributiva y agravará el ciclo de recesión económica, perpetuando la dependencia de la isla en ayudas externas y políticas fiscales regresivas que afectan más a los vulnerables.

Lo peor del agravamiento de la crisis económica que se avecina es que, si no se enmienda la Ley PROMESA, la JCF no podrá cumplir con los requisitos para su salida. No se lograrán los cuatro presupuestos consecutivos balanceados, ni se podrá acceder a los mercados de bonos a costos razonables.

Las agencias acreditadoras, que son parte esencial del mercado de bonos municipales, son las que determinan si la deuda de una ciudad, un estado o una corporación municipal es de calidad, pues podrá ser repagada conforme a sus términos y condiciones. Esto no se logrará a corto o mediano plazo bajo las circunstancias actuales.

¿Quién le va a prestar a un país pobre y desigual, que acaba de pasar por una quiebra, que no tiene crecimiento económico, cuyos presupuestos están en déficit y que tiene una deuda acumulada de $51,100 millones? ¡Nadie!

Es crucial desechar la Ley PROMESA y exigir la resolución inmediata del problema colonial de Puerto Rico.

Tenemos que instalar una nueva clase política con una conciencia clara de estas realidades, que proteja los intereses de su pueblo y no solo los de sus bolsillos. Es lo único que nos puede salvar de este nuevo atolladero que se avecina con la segunda quiebra de Puerto Rico.