En busca de que se les otorgue el aumento salarial de $746.67 legislado bajo la Ley 91, la Alianza Correccional Unida radicó un recurso legal de mandamus contra el Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
“El gobierno no ha querido reconocer esa ley y nosotros no lo vamos a permitir. El oficial correccional es un servidor público comprometido que ha demostrado que se merece este aumento, que no solo fue avalado por la legislatura, sino convertido en ley por el actual gobernador. Así que como lo prometimos hoy la lucha se traslada a los tribunales.”, explicó Jessica Martínez Santos, presidenta de la alianza y presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico.
El recurso legal fue presentado el pasado 9 de abril en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.
La unión señaló que están “confiados y esperanzados” en que el Tribunal falle a su favor toda vez que la Ley 91 es clara en su propósito a los efectos de conceder un aumento de $746 mensuales a todos los oficiales correccionales y a los agentes de investigaciones y arrestos del Programa de Servicios con Antelación al Juicio que al 30 de junio de 2022 estuviese en servicio activo clasificado como empleado regular de carrera.
Esto aún si estuviese devengando un sueldo igual o superior al tipo máximo de escala o que el aumento excediera este. También establece que el ajuste a la escala salarial autorizado en esta ley no menoscabará los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales otorgados con anterioridad a la aprobación de este estatuto, que haya sido obtenido por negociación colectiva, la reglamentación interna de la agencia o mediante legislación.
“Entendemos que la Ley nos asiste y lo que queremos es alcanzar la justicia salarial que merecemos los oficiales correccionales en esta isla. No vamos a descansar hasta lograrla”, sostuvo Martínez acompañada de los oficiales miembros de su junta directiva.
