Como muestra de lo cambiante que es el escenario judicial, el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, deberá enfrentar su caso civil contra el Partido Popular Democrático (PPD) antes de que concluya el caso criminal en su contra.
La semana pasada parecería que sería al revés.
Luego de que Irizarry Pabón rehusara renunciar a la candidatura a la reelección el 28 de febrero, como fue su compromiso en un acuerdo suscrito con el secretario general del PPD, Gerardo Cruz Maldonado, y el representante Ángel Fourquet Cordero, la colectividad presentó una querella en su contra.
El abogado de Irizarry Pabón, Frank Torres Viada, respondió a la querella el pasado lunes alegando que el acuerdo es inválido porque su cliente presuntamente fue “coaccionado” a firmarlo y que, por lo tanto, resulta insuficiente para despojarlo de la candidatura.
Para Cruz Maldonado, esa fue una estrategia para forzar una vista evidenciaria, que obligatoriamente tendría que pautarse para una fecha posterior a la vista preliminar por dos cargos de enriquecimiento injustificado y dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) le imputa a Irizarry Pabón.
En respuesta al planteamiento del suspendido alcalde, el PPD le solicitó al juez Anthony Cuevas Ramos, quien está a cargo de dilucidar controversias electorales en el Tribunal de San Juan, que le ordenara a Irizarry Pabón explicar en detalle en qué consistió la supuesta coacción.
Cuevas Ramos citó la vista para el lunes, 18 de marzo a la 1:30 de la tarde en la sala 907 del Centro Judicial de San Juan.
En efecto, como había anticipado Cruz Maldonado, la vista preliminar se atendió antes que el caso civil electoral.
La vista comenzó el jueves 14 y prosiguió ayer, viernes, con la presentación de dos testigos de cargo en el Tribunal de Ponce. Estos fueron Luis Báez Rodríguez y Oscar Iván Nazario Segarra, director de campaña y recaudador alterno, respectivamente, de Irizarry Pabón.
Sin embargo, el proceso no concluyó porque al PFEI le faltan varios testigos por declarar y, además, la defensa de Irizarry Pabón presentó una solicitud de desestimación del caso.
El juez Daniel López González le dio cinco días a la defensa para presentar sus alegaciones por escrito y el PFEI tendrá el mismo término para replicar.
Sujeto a lo que ocurra con la petición de desestimación a nivel del Tribunal Superior de Ponce, que podría llevar a quien no resulte favorecido hasta el Tribunal de Apelaciones, la vista preliminar quedó pautada para continuar el miércoles, 10 de abril a las 9:00 de la mañana en la sala 405 del tribunal ponceño.
De este modo, el caso civil podría solucionarse primero que el criminal.
¿Seguirá como candidato?
Si el PPD resulta favorecido y surge una vacante en la candidatura a la alcaldía de Ponce, será el comité municipal el que determine qué método se usará para elegir a la persona sustituta y en qué fecha.
Al momento, se han expresado interesados en llenar esa potencial vacante el representante Fourquet Cordero y la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez.
Por el contrario, si es Irizarry Pabón quien sale airoso, habrá qué ver si el PPD deja en la papeleta a un candidato imputado de delitos graves que espera una determinación de causa o no causa para juicio, o si encamina acciones posteriores para tratar de sacarlo de carrera.
El acuerdo
El PPD impulsó el acuerdo -firmado en diciembre de 2023- para evitar una primaria entre el incumbente y Fourquet Cordero. Irizarry Pabón se comprometió a renunciar a la candidatura si al 28 de febrero se había encontrado causa para juicio en su contra o si la vista preliminar no había concluido.
La Comisión Estatal de Elecciones lo certificó como candidato a finales de febrero, luego de haber cumplido con los endosos requeridos.
Tras pedir la inhibición del primer juez asignado a presidir la vista preliminar y el traslado del caso a otro tribunal, el proceso originalmente pautado para el 23 de enero se aplazó para el 14 de marzo.
Irizarry Pabón intentó sin éxito que el PPD extendiera el acuerdo y le permitiera enfrentar la vista preliminar, tras lo cual rehusó renunciar a la candidatura. Fue ahí que se inició el proceso civil en su contra, que corre paralelo al criminal.
