Como mencionamos en la columna de la semana pasada, la jueza Laura Taylor Swain impuso un proceso complejo y costoso para terminar la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Este proceso incluye una mediación paralela a un litigio en donde se va a resolver si los bonistas de la Autoridad tienen derecho a una garantía de pago.
Si la Junta de Control Fiscal (JCF) gana este pleito, técnicamente se le podría dar “cero” a los bonistas. Esto permite que el dinero que se pensaba pagar a los bonistas se pueda redirigir para las operaciones y el mantenimiento de la Autoridad, lo que abonaría a la confiabilidad del sistema eléctrico.
El problema que existe es que la JCF entrará ahora en una segunda ronda de negociación con los bonistas y podría llegar a un acuerdo que sea mucho más costoso y dañino para el pueblo de Puerto Rico.
¿Cuál podría ser este acuerdo? Existe información pública que nos revela lo que está pensando la junta.
En vísperas de Fiona, la JCF emitió un comunicado que resume las ofertas y contraofertas que se hicieron durante el proceso de mediación ya finalizado. La información pasó por debajo del radar por la emergencia, pero recientemente se dio a conocer. Estas ofertas y contraofertas de seguro se retomarán en la nueva mediación que está por comenzar.
Desafortunadamente, las ofertas y contraofertas imponen unos costos altísimos para el pueblo de Puerto Rico.
Por ejemplo, la JCF pretende pagar cerca de 70 por ciento de la deuda de los bonistas. Para cumplir con esto, la junta propone que todos los clientes de la Autoridad paguen un cargo de conexión de $23 mensuales por 50 años. Una simple aritmética demuestra que de una deuda de $9 mil millones, al final de los 50 años se pagarían más de $20 mil millones. Todo a costa del bolsillo de los consumidores de la AEE.
Esta imposición se uniría a la larga lista de cargos que tiene la factura de energía eléctrica que no tienen que ver con consumo. Se sumaría a los cargos y ajustes por combustible, a los $115 millones que se le pagan a LUMA Energy, a los gastos de la quiebra que suman cientos de millones de dólares, a la falta de prudencia de LUMA en el control de los costos y a lo que habría que pagarle al Sistema de Retiro, los pensionados y otros acreedores.
Encarecería la energía eléctrica para las personas desventajadas económicamente, pues no es lo mismo aumentar $23 mensuales a una factura que normalmente es de $50, que aumentar esta cantidad a una factura de $500. Por tanto, ese cargo sería regresivo en el sentido que perjudica más a los pobres que a las personas acomodadas económicamente.
Pero eso es solo el comienzo en cuanto a los aumentos.
Por otro lado, los bonistas proponen que en vez de $23 mensuales sean $26 y proponen toda una serie de medidas para asegurar un recobro significativo de sus bonos. Un elemento importante es que este cargo fijo de conexión, tanto bajo la oferta de la JCF, como la de los bonistas, podría aumentar bajo ciertas circunstancias.
La legislatura de Puerto Rico y el gobernador Pedro Pierluisi no pueden permitir que la JCF se salga con la suya, llegando a un acuerdo que beneficie a los bonistas y que perjudique al pueblo. La legislatura y el gobernador tienen la obligación de aprobar un proyecto de Ley que intervenga con el proceso de confirmación del plan de ajuste y garantice que se paguen primero a los acreedores prioritarios, y lo que sobre, se les pague a los bonistas.
Los acreedores prioritarios son los acreedores que son parte de las operaciones ordinarias de la Autoridad y el Sistema de Retiro de los Empleados, como se establece en el acuerdo de fideicomiso, que es el documento que da base a los bonos.
Según ese acuerdo, solo se les pagará a los bonistas si se cubren las operaciones y el costo del Sistema de Retiro. Eso es lo que se llama una prioridad.
Los bonistas cobran si sobra dinero para ello, pero bajo la oferta de la JCF, los bonistas cobran primero, y si sobra, se les deja las migajas a los otros acreedores.
Por tanto, es un deber de los poderes constitucionales establecer condiciones para que la jueza Taylor Swain no pueda confirmar el plan de ajuste de la deuda, a menos que la JCF cumpla con todas las políticas públicas necesarias. Este poder está reservado a la Legislatura de Puerto Rico por la Sección 314 de la Ley PROMESA.
Ya la Legislatura lo ejerció en cuanto al plan de ajuste de la deuda con la Ley 53 del 2021. Por tanto, este mecanismo está probado y resultará en beneficio de los abonados de la AEE.
Si el gobierno local no interviene para impedir que se impongan estos cargos para el pago de una deuda sin auditar y que no está garantizada, estará renunciando a su responsabilidad constitucional de proteger al pueblo de Puerto Rico.
Por tanto, está en manos de la legislatura y del gobernador Pierluisi evitar este entuerto.
How is it that (bond holders) Pierluisi etc being involved in determining the fate / kit come of this is not A CONFLICT OF INTEREST ?
Fox determining the fence construction of the hen house? And the actual hen house? Then desiring no fence is necessary and for that matter neither is the henhouse necessary so let’s do away with both. AMAZING!
Apologies-autocorrect-made- comment-illegible— “HOW is it that bond holders “Pierluisi” etc Determining this policy outcome is not A CONFLICT OF INTEREST? Being he’s a bond holder himself: diminishing his own income were he to vote against it?