Luego de más de un año de espera por las catástrofes de los terremotos y la pandemia, la Junta de Control Fiscal canceló el acuerdo que tenía con los bonistas para pagarle el 70 por ciento de sus créditos como parte de la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Este acuerdo había que cancelarlo, ya que desde el principio se sabía que era imposible de pagar y que afectaría dramáticamente la viabilidad económica de la Autoridad.
En ese momento, la jueza Taylor Swain ordenó un proceso de mediación que colapsó el pasado 16 de septiembre, en la víspera de la llegada del huracán Fiona.
A pesar de que las consecuencias del huracán ya se estaban sintiendo, la jueza estableció un itinerario de discusión muy acelerado sobre los próximos pasos a seguir, que obligó a los abogados de Puerto Rico a tener que estar radicando documentos bajo la emergencia y con las limitaciones de energía e Internet.
Esto, finalmente provocó que la vista para discutir los pasos a seguir en la reestructuración de la Autoridad se pospusiera para el pasado miércoles, 28 de septiembre. En esa vista, finalmente se estableció un trámite complicado y expedito para lograr un plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que podría confirmarse en el verano de 2023.
Por un lado, la jueza volvió a ordenar la continuación de la mediación. Esta mediación, a juicio de varios participantes del proceso como el Comité de Acreedores no Asegurados, el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y la UTIER, es inoficiosa, por lo cual se presentaron diversas y fundamentadas objeciones.
Uno de los argumentos de objeción es que la mediación fracasó porque se enfocó solo en los bonistas. Además, porque es muy costosa.
Como ejemplo, nada más que en la primera factura de asesores financieros de los jueces mediadores se facturó $400 mil.
Tomen nota de que todo lo que se gasta en este proceso lo pagamos los abonados de la Autoridad con nuestros pagos mensuales de la factura.
Por otro lado, la jueza le ordenó a la Junta de Control Fiscal que radique un plan de ajuste de la deuda en o antes del 1 de diciembre de 2022. Tiene que someter este plan, aunque no haya acuerdo o no se sepa lo que ocurra con los litigios pendientes.
Esto, va a generar gastos adicionales.
Si la Junta no radica un plan en ese momento, la jueza le va a dar paso a la discusión de las mociones de los bonistas para que se desestime la quiebra de la Autoridad y se nombre un síndico para subir las tarifas y pagar todo, a todo el mundo. Esto ocasionaría un aumento dramático e insostenible en la tarifa eléctrica.
Por último, y más importante, la jueza ordenó que la Junta puede continuar su litigio en donde cuestiona la garantía que alegan los bonistas tener sobre sus créditos.
Si la Junta tiene éxito en eliminar la garantía de los bonos de los bonistas de la Autoridad, sería viable que el plan de ajuste de la deuda le asigne “cero” a los bonistas o una cantidad insignificante. Esto es importante, porque se podrían redirigir los dineros que genera la tarifa que pagan los abonados para el mantenimiento y el mejoramiento de las operaciones de la Autoridad.
Todos estos trámites son paralelos, por lo cual evoca un circo de tres pistas.
Desafortunadamente, este trámite complejo y apresurado va a ocasionar millones de dólares de erogaciones en honorarios legales y de consultores financieros.
La necesidad de que se establezcan los derechos de los acreedores es imperiosa, porque es lo único que puede darle herramientas a la Junta de Control Fiscal y a la Autoridad para no tener que pagar a los bonistas sumas que no son asequibles para el Pueblo de Puerto Rico.
Es importante señalar que el proceso de restructuración de la Autoridad puede determinar el fracaso del plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Esto, pues si el costo de la energía se eleva a niveles intolerables, la economía va a afectarse y, por ende, no habrá crecimiento económico.
Sin crecimiento económico los países no pueden pagar su deuda externa.
El laureado economista Joseph Stiglitz ha sentenciado que el 50 por ciento de los países que ajustan su deuda vuelven a incurrir en un impago dentro de los siguientes cinco años. Por eso hay que prestar atención a la restructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Si la Junta hace un mal negocio, nos lleva enredados a todos y a todas.
(El autor es abogado experto en la Ley PROMESA)
