A pesar de la abundante prueba científica que ha puesto al descubierto el cúmulo de tóxicos presentes en las cenizas de carbón generadas por centrales eléctricas, una empresa contratada por la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, intenta contradecir esta realidad.
Como evidencia una carta firmada por la ejecutiva municipal y distribuida por empleados de la alcaldía en la urbanización Ranchos Guayama el pasado 14 de septiembre, el manto de cenizas polvorientas que arropa a las calles de esta comunidad -y que se creó con toneladas de cenizas de AES- no es un material “peligroso conforme a los límites establecidos por la EPA”, a juicio de la empresa Biomarine-Enviro LLC.
Para esta aseveración, contraria a las conclusiones de exámenes de metales pesados hechos en el mismo terreno solo tres años atrás, la alcaldesa acordó pagar $79,771.64 a Biomarine-Enviro LLC y a su representante, Edwin Omar Rodríguez.
Trasfondo
Las vías públicas de Ranchos Guayama fueron rellenadas con alrededor de 7,500 toneladas de cenizas de AES durante el año 2006, por instrucciones del entonces alcalde Carlos Rodríguez Mateo, para luego ser revestidas con material de relleno que, con el paso de los años, ha desaparecido y dejado a la intemperie el sedimento tóxico, como hoy consta en todo el lugar.
El mal estado de las calles, la amenaza a la salud que acarrea esta exposición y los continuos reclamos de los residentes propiciaron que la alcaldesa de Salinas formulara un proyecto de mejoras viales que incluyera la remoción y correcta disposición de las cenizas tóxicas: una acción que fue apoyada por la propia comunidad que hoy agrupa a un centenar de familias.
El proyecto, sin embargo, comenzó a descarrilarse cuando la promesa de fondos para el proyecto se redujo, inexplicablemente, de $8 millones a $5.5 millones, y cuando Bonilla Colón comenzó a comentar que solo la extracción y exportación de las cenizas, un requisito clave de la nueva ley que las prohíbe en Puerto Rico, consumiría hasta $3 millones del presupuesto.
Giros inesperados
Ante la alegada falta de fondos para transportar las cenizas fuera del país, como exige la ley, y la inexistencia de un compromiso gubernamental para suplementar este costo, Bonilla Colón procedió como nadie se esperaba.
En un precedente inconcebible, la alcaldesa solicitó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) una dispensa para depositar las 7,500 toneladas de cenizas de AES en un vertedero de Peñuelas, Ponce o Humacao y, en respuesta a su pedido, la agencia obvió lo que explícitamente establecen sus reglamentos y optó por solicitar a la funcionaria estudios de toxicidad de los residuos de carbón que pretendía remover.
Ni la Ley 5 del 2020, el Reglamento para el Manejo de Residuos de Combustión de Carbón y la Orden Administrativa 2021-16 de la propia agencia abren remotamente un espacio a esta posibilidad.
De forma clara, las tres piezas prohíben el depósito y disposición de las cenizas de carbón en cualquier parte del país, incluyendo a los vertederos, y no permiten dispensas al respecto. Legalmente, la dispensa no procede.
Aun así, la alcaldesa Bonilla Colón procedió a contratar a la empresa Biomarine-Enviro LLC para, a un costo de $79 mil, “realizar un análisis químico y toxicológico de suelo en el Proyecto de Ranchos Guayama”: un examen que en su muestreo inicial “arrojó resultados negativos a toxicidad”.
¿Por qué?
Esta conclusión, a juicio del doctor en Química, Osvaldo Rosario, emana de una evaluación “irrelevante”, de una “prueba fallida” que no examinó si el residuo gris contenía todos los metales pesados inherentes a las cenizas tóxicas.
Como explicó durante una charla con vecinos de Ranchos Guayama organizada por el grupo Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), Biomarine-Enviro envió al laboratorio de Pace Analytical Services una sola muestra de suelo y pidió que se examinara una larga lista de componentes, “una lista de aquí a la luna” que “no era relevante”.
“(Buscaron) Plaguicidas, herbicidas y disolventes orgánicos. El 90 por ciento de las sustancias no son relevantes”, destacó en su ponencia el también excatedrático del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
De igual modo, Rosario alertó que la “toxicidad del material” extraído de Ranchos Guayama se midió mediante una prueba fallida, conocida como la TCLP o Toxicity Characteristic Leaching Procedure, que no incluye un análisis químico elemental del residuo, ni calibra la toxicidad real de la muestra.
“Hay montones de publicaciones que ya invalidan esa prueba”, recalcó ante la asamblea de residentes.
De hecho, la propia Agencia de Protección Ambiental federal (EPA en inglés) reconoce que la TCLP puede “subestimar el potencial de lixiviación de constituyentes peligrosos de la reutilización de las cenizas de carbón”, en comparación con otros métodos analíticos como el Leaching Environmental Assessment Framework o protocolo LEAF.
Incluso, el 16 de julio de 2012 George C. Meyer, un funcionario federal de alto rango en cumplimiento ambiental de la EPA, advirtió al expresidente de la Junta de Calidad Ambiental, Pedro Nieves Miranda, la incertidumbre científica que existe con el uso de la prueba TCLP.
Sí son tóxicas
Otro aspecto relevante obviado por la alcaldesa de Salinas es que ya en el 2019 la organización especializada en Derecho Ambiental Earthjustice comisionó al doctor Rosario y al laboratorio estadounidense ALCHEM el muestreo y análisis de cenizas extraídas de la mismas calles.
Estos confirmaron la prevalencia de elementos como arsénico, boro, litio y molibdeno en concentraciones tóxicas y dañinas para la salud humana.
En concreto, se certificó que el nivel de arsénico en las cenizas que permanecen frente a viviendas de Ranchos Guayama estaba 10.4 veces por encima del “nivel de detección regional” aceptado por la agencia federal en suelos residenciales.
“No conozco a la alcaldesa de Salinas. Quisiera creer que quiere la mejor salud para la comunidad. Hubiera querido que estuviera aquí en el foro para que pudiera interpretar esos resultados mejor”, comentó Rosario.
La alcaldesa fue invitada por escrito al foro celebrado por ASPA, pero no contestó ni asistió al evento.
Mientras, los residentes de Ranchos Guayama siguen librando una batalla contra la indiferencia del gobierno estatal, la lentitud del gobierno federal y la ambivalencia del gobierno municipal, ante el persistente recordatorio del polvo gris que al volar con el viento se adhiere a sus ventanas, su ropa, su piel y sus pulmones.
Buen artículo, fuera las cenizas de nuestras calles. Cuántos años más tenemos que esperar, llevamos 16 años. A consecuencia de esto no tenemos carretera asfaltada, cada vez que llueve se daña la carretera. En la actualidad solamente tenemos acceso por un solo por un lado, ya que con la tormenta Fiona derrumbó la otra entrada de la carretera Luis Llorens. Tenemos que nosotros pagar por la ineptitud de un alcalde que nos ha ocasionado tanto daño a nuestra salud y al ambiente.