Aparte de saludar al llegar y echar bendiciones a la prensa al retirarse del tribunal, el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, no habló hoy sobre asuntos concretos de su caso criminal como lo había hecho en el pasado.
De este modo, Irizarry Pabón no respondió por qué pidió la renuncia a los abogados José Andreu Fuentes y Ricardo Prieto García, y si considera sumar a alguien más a su representación legal.
Su licenciado Carlos Torres Nolasco -el único del trío de abogados que comenzó en el caso y todavía lo acompaña- dijo que el silencio del suspendido alcalde obedece a una instrucción suya.
“No va a hacer expresión alguna. Yo lo lamento mucho, pero son instrucciones de este abogado. No es él. Él quiere hablar, él quiere decir muchas cosas, pero yo se lo prohíbo”, afirmó Torres Nolasco al concluir la conferencia con antelación al juicio efectuada esta mañana en la sala 405 del Centro Judicial de Ponce.
La Perla del Sur preguntó a Irizarry Pabón por qué les pidió la renuncia a Andreu Fuentes y Prieto García, a lo que Torres Nolasco respondió que “nuestro representado no va a estar haciendo manifestaciones”.
“Yo creo que la representación legal debe tratarse como se trata la representación médica. Es una cuestión de determinación privativa del cliente. Yo creo que eso se debe respetar. En su momento, él hará expresiones sobre eso, si él las entiende, pero serán posteriores a que se dilucide esta causa”, abundó.
A la pregunta de si sumarán a otro abogado o abogada a la defensa, el licenciado indicó que “al momento, es una determinación que no se ha tomado. Le corresponde a nuestro representado tomarla, pero por el momento este es el abogado que va a estar presente”.
Aunque Irizarry Pabón no es candidato para las próximas elecciones generales, porque renunció a la candidatura a la reelección bajo el Partido Popular Democrático en medio del proceso criminal, se le preguntó si estaba conforme con que el juicio se viera luego del 5 de noviembre.
“El alcalde no va a hacer expresión alguna, como dije. Todas las determinaciones que tome este abogado son en el mayor interés del alcalde. Las hemos dialogado con anterioridad y él está contento con todo esto”, respondió Torres Nolasco.
Debido a que no ha concluido el proceso de entrega de evidencia por parte del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) a la defensa, se citó una nueva vista de estado de los procedimientos para el viernes, 8 de noviembre. Se espera que ese día se seleccionen las fechas del juicio.
Por otro lado, el abogado aseguró que no hay disposición de parte de su representado para negociar un acuerdo con el PFEI para declararse culpable.
“Ninguna”, aseveró.
Al ser cuestionada al respecto, la fiscal especial independiente Zulma Fúster Troche dijo que no ha recibido acercamientos para buscar un acuerdo.
Irizarry Pabón está suspendido de empleo desde el 1 de noviembre del año pasado, luego de que se determinara causa para arresto en su contra por cuatro cargos que le imputó el PFEI. Esto, por presuntamente requerirles a varios directores de dependencias municipales que le pagaran un préstamo personal que usó, parcialmente, para cubrir los gastos de su campaña política en el 2020.
Después de que se cayeran dos cargos en la etapa de vista preliminar, ahora Irizarry Pabón enfrentará juicio por un cargo de enriquecimiento injustificado del Código Penal y un cargo por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, por usar las facultades de su puesto para procurar un beneficio personal.
Durante la vista preliminar, que concluyó el pasado 11 de abril, el PFEI presentó cinco testigos.
Estos fueron Luis Báez Rodríguez, director de la campaña política y exjefe de Gabinete de Irizarry Pabón; Oscar Iván Nazario Segarra, exdirector de la Directoría de Infraestructura, Ambiente y Transportación; Jorge Luis Mercado Santiago, exdirector de Manejo de Emergencias; Ormiraida López Torres, subgerente administradora de la sucursal del Banco Popular de Puerto Rico en Ponce Towne Center; y Ángel Gómez Vega, exempleado de la Oficina de Calendario y Programación de la alcaldía.
Nazario Segarra y Mercado Santiago declararon sobre cómo Irizarry Pabón, presuntamente, delegó en el primero el repago del préstamo a partir de mayo de 2021 y le instruyó a recolectar dinero entre sus directores de dependencia para lograrlo.
Por ese esquema, el PFEI le imputa utilizar su puesto como alcalde para procurar un beneficio personal.
De resultar convicto, el cargo de enriquecimiento injustificado contempla una sentencia de ocho años en prisión, mientras el de Ética Gubernamental conlleva cinco años de cárcel.