El juicio contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, por un cargo de enriquecimiento ilícito y una violación a la Ley de Ética Gubernamental todavía no tiene fecha de inicio.
No obstante, se sabe que será después de las elecciones generales, pues hoy se citó una nueva conferencia con antelación al juicio para el viernes, 8 de noviembre.
Se esperaba que las fechas de juicio se eligieran hoy durante una vista de estado de los procedimientos, pero ello no ocurrió debido a que la entrega de la evidencia no se ha finiquitado por una discrepancia entre la defensa del imputado y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
El abogado Carlos Torres Nolasco requirió una prueba al PFEI, pero las fiscales especiales independientes Zulma Fúster Troche e Ileana Agudo Calderón señalaron que no la tienen.
En la vista efectuada esta mañana ante el juez Rafael Taboas Dávila, en la sala 405 del Tribunal de Ponce, Fúster Troche indicó que entregó toda la prueba que estaba en manos del PFEI al abogado José Andreu Fuentes, quien ya no forma parte del equipo legal de Irizarry Pabón.
Este renunció a la representación legal del suspendido alcalde, igual que el licenciado Ricardo Prieto García, luego de que el acusado se los pidiera.
“Al licenciado José Andreu Fuentes, que fue a nuestra oficina, se le entregó una documentación en papel y en formato digital alguna evidencia que era voluminosa. Recibimos una carta de vuelta solicitándonos una evidencia adicional de la que hemos estado hablando con el compañero Torres Nolasco”, manifestó Fúster Troche al referirse a que antes de entrar a la sala se reunieron en privado con el licenciado.
“Nuestra contención es que esa evidencia ya se entregó o no existe. Le pedimos que nos haga la petición específica para determinar si la tenemos”, estipuló.
Fuera de sala, el licenciado Torres Nolasco dijo que “hay una discrepancia con el Ministerio Público en torno a lo que se debe o no se debe entregar”.
“Nosotros vamos a ser más específicos en cuanto a una solicitud de unas cuentas bancarias para que el Ministerio Público nos haga entrega, si ellos entienden que es pertinente. Si no, pues vamos a traer la controversia ante el honorable juez para que él determine si es pertinente o si se va a entregar o no”, explicó.
Torres Nolasco agregó que la petición corresponde a cuentas bancarias “de unos testigos del Ministerio Público”.
Al preguntársele de quiénes son las cuentas bancarias solicitadas, Fúster respondió que “no vamos a entrar en eso ahora porque no ha habido una solicitud formal todavía”.
Irizarry Pabón está suspendido de empleo desde el 1 de noviembre del año pasado, luego de que se determinara causa para arresto en su contra por cuatro cargos que le imputó el PFEI. Esto, por presuntamente requerirles a varios directores de dependencias municipales que le pagaran un préstamo personal que usó, parcialmente, para cubrir los gastos de su campaña política en el 2020.
Después de que se cayeran dos cargos en la etapa de vista preliminar, ahora Irizarry Pabón enfrentará juicio por un cargo de enriquecimiento injustificado del Código Penal y un cargo por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, por usar las facultades de su puesto para procurar un beneficio personal.
Durante la vista preliminar, que concluyó el pasado 11 de abril, el PFEI presentó cinco testigos.
Estos fueron Luis Báez Rodríguez, director de la campaña política y exjefe de Gabinete de Irizarry Pabón; Oscar Iván Nazario Segarra, exdirector de la Directoría de Infraestructura, Ambiente y Transportación; Jorge Luis Mercado Santiago, exdirector de Manejo de Emergencias; Ormiraida López Torres, subgerente administradora de la sucursal del Banco Popular de Puerto Rico en Ponce Towne Center; y Ángel Gómez Vega, exempleado de la Oficina de Calendario y Programación de la alcaldía.
Nazario Segarra y Mercado Santiago declararon sobre cómo Irizarry Pabón, presuntamente, delegó en el primero el repago del préstamo a partir de mayo de 2021 y le instruyó a recolectar dinero entre sus directores de dependencia para lograrlo.
Por ese esquema, el PFEI le imputa utilizar su puesto como alcalde para procurar un beneficio personal. De resultar convicto, el cargo de enriquecimiento injustificado contempla una sentencia de ocho años en prisión, mientras el de Ética Gubernamental conlleva cinco años de cárcel.
