El plan de ajuste de la deuda que la jueza Laura Taylor Swain y la Junta de Control Fiscal (JCF) esperaban confirmar el próximo mes de julio, ha sido fuertemente vapuleado.
Aun así, la junta acaba de radicar una moción donde le pide posponer el juicio de confirmación pautado para el 17 de julio, para una fecha no especificada. La jueza podría acoger esta petición, pero también podría desestimar la quiebra, por falta de diligencia de la JCF.
Como sabemos, este plan de ajuste de la deuda supondrá la imposición de un cargo híbrido a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo que podría provocar un incremento en las facturas de hasta 30 por ciento: un alza insostenible.
Expertos han advertido que la economía de Puerto Rico sufrirá daños irreparables, que a su vez, llevarán al fracaso del plan de ajuste de la deuda del gobierno central.
La JCF basó su plan de ajuste en el Plan Fiscal de la AEE del año 2022. Al día de hoy, se esperaba que la junta hubiese certificado el nuevo plan fiscal del 2023 y que se hubiese realizado los cambios necesarios en el Plan de Ajuste, antes de la fecha de comienzo del juicio de confirmación pautado para julio.
Sin embargo, recientemente los abogados de la junta informaron a la jueza Swain que, debido al retraso de Luma en la entrega de las proyecciones de demanda de energía eléctrica, todavía no se puede certificar el nuevo plan fiscal.
En el intercambio con la jueza, el abogado de la JCF dijo algo alarmante: que las proyecciones de la demanda preparadas por Luma eran mucho más negativas que lo anticipado. Esto implica, una baja en los ingresos de la AEE mayor de la que se calculó para preparar el plan de ajuste de la deuda.
Esto no es nuevo para los expertos que han preparado escritos periciales en oposición al plan, pero la junta no lo había querido reconocer. La junta ahora sabe que lo que proponen no es viable y mucho menos lo será con los números nuevos que trajo Luma.
La gran pregunta es desde cuándo la junta sabe que los números de Luma son más bajos.
No es razonable pensar que la JCF y Luma no se hablan y que esta última trajo las cifras por sorpresa. Alguna indicación previa debió Luma darle a la junta sobre el resultado de sus proyecciones.
Si la junta lo sabía desde hace tiempo, la jueza podría tomar en cuenta la falta de transparencia de la JCF para ponderar remedios más extremos para el caso. De seguro esto será objeto de discusión y descubrimiento de prueba posteriormente.
Este retraso ha causado frustración a la jueza y la ha llevado a extender en varias ocasiones los plazos del itinerario judicial de trabajo. Pero ahora, el tiempo se ha acabado.
La JCF no podrá certificar el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica sino hasta el 23 de junio de 2023, lo que imposibilitará a las partes revisar la información que fundamenta el plan, analizarla y prepararse adecuadamente para el juicio del 17 de julio. La jueza tiene que decidir qué hacer con estos hechos y la irresponsabilidad de la junta en el manejo del caso.
Todas las opciones están abiertas, incluso, desestimar la quiebra.
A medida que el debate continúa, es evidente que la JCF se verá obligada a realizar cambios significativos en el plan de ajuste. Se espera que opten por afectar a los tenedores de bonos, reduciendo la recuperación prevista en el plan actual, en lugar de insistir en recortes adicionales a otros acreedores más vulnerables, como los pensionados.
Sin embargo, a la luz del historial de la JCF y la saña que tiene contra los pensionados, no se descarta que ahora insista en recortes mayores a sus pensiones o un aumento en el cargo híbrido para cumplir con los bonistas.
Esto tendría consecuencias devastadoras, pues aumentaría el saqueo de los fondos buitres y privaría a la AEE y al país de unos fondos indispensables para la recuperación de la red eléctrica ante el paso de los huracanes.
Durante las últimas semanas hemos presenciado una creciente unión de todos los sectores socioeconómicos del país en oposición al plan de ajuste de la deuda. Se presentaron más de 300 objeciones al plan de ajuste, muchas de ellas por individuos y pequeñas y medianas empresas.
El único ausente de este trámite de objeción, empero, fue el gobierno de Pedro Pierluisi, quién dijo que iba a colaborar con la JCF para imponer el cargo a los puertorriqueños. Esto no sorprende a nadie.
No obstante, la lucha está teniendo efecto. La Junta está sintiendo el calor.
Por eso, es esencial que la lucha continúe para evitar la imposición del cargo híbrido. Existen alternativas. No es cierto que la única opción sea pagar y aceptar el aumento de la tarifa.
Como hemos reiterado, la inacción no es una opción. El conglomerado de organizaciones opositoras al plan de ajuste convocó ayer a una gran concentración el próximo miércoles, 28 de junio, a las 4:00 de la tarde frente al Capitolio en San Juan para marchar hacia la Fortaleza.
Los políticos de Puerto Rico se están desentendiendo de este problema cuando ellos tienen en sus manos la solución de presentar una legislación habilitadora que impida a la JCF imponer ese cargo híbrido.
Por ello, la concentración dirá a Tatito Hernández, a José Luis Dalmau y a Pierluisi que serán los responsables de esta debacle económica, si no se ponen de acuerdo y aprueban una ley habilitadora.
Defendamos a Puerto Rico.
Para ver el “Informe conjunto del estado del caso”, pulse aquí.
Para leer la moción donde la JCF pide la suspensión, pulse aquí.