Como se anticipaba, la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó el pasado viernes el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para el 2023.
El retraso en la certificación llevó a la junta a solicitar a la jueza Laura Taylor Swain la cancelación del proceso de confirmación del plan de ajuste de la deuda, que iniciaba su juicio el 17 de julio. Según el abogado de la JCF, el retraso se debió a la entrega tardía de las proyecciones de demanda por parte de LUMA.
Posponer el juicio de confirmación es necesario, pues el plan de ajuste de la deuda se basaba en el Plan Fiscal del 2022 que contiene datos que no son reales en este momento. La Ley PROMESA dispone que para que se pueda confirmar un plan de ajuste, es necesario que sea congruente con el plan fiscal vigente. Por tanto, la Junta tiene que presentar un nuevo plan de ajuste que refleje las nuevas realidades del plan fiscal.
Este contratiempo se agravó cuando las cifras sobre las proyecciones de los ingresos futuros entregadas por LUMA, y que son indispensables para el plan fiscal, resultaron considerablemente inferiores a las anticipadas por la junta, lo que obligó a realizar cambios sustanciales en el plan fiscal en torno a la capacidad de la AEE para pagar la deuda.
Como resultado de estos números negativos, el nuevo plan fiscal establece que la AEE solo puede pagar a todos sus acreedores aproximadamente $2.5 billones, una reducción significativa considerando que inicialmente la Junta planeaba pagar $5.6 billones.
Este cambio traerá enmiendas al plan de ajuste de la deuda y seguramente provocará controversias muy intensas en el trámite de confirmación del nuevo plan de ajuste, que se estima se radicará a mediados del próximo mes de julio.
La controversia central sobre las proyecciones de los ingresos de la AEE se resume de la siguiente manera. Por un lado, los bonistas argumentan que la AEE puede pagar más de lo propuesto en el plan de ajuste. Por otro lado, los expertos de las organizaciones opositoras -como la UTIER y el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE- sostienen que la AEE no puede pagar tanto, y que sería un desastre para Puerto Rico confirmar el plan de ajuste.
En el medio de este tira y jala, la JCF tuvo que recular y validar lo que siempre han dicho los expertos de Puerto Rico: que las proyecciones de ingresos están sobreestimadas y que, por tanto, la junta pretende pagar más de lo que es legalmente necesario.
El recorte de más de $2 mil millones en el dinero reservado para el pago de la deuda es necesario, pero no suficiente.
Los defensores de la junta vendrán a decir que ahora se debe confirmar el plan y que el aumento a la tarifa sería razonable. Pero ese no es el criterio para la confirmación del plan.
El plan de ajuste es viable si la AEE puede pagar la deuda, sin afectar el pago de los gastos operacionales, como el sistema de retiro y la prestación de un servicio de energía eléctrica confiable.
Para que el plan sea viable, además de cubrir los gastos operacionales, hace falta que la autoridad tenga disponibles entre $2 mil a $6 mil millones adicionales a los asignados por FEMA para la reconstrucción de la red eléctrica. Esa suma de dinero tiene que salir de la tarifa de la AEE, pues solamente un loco le prestaría dinero a la AEE privatizada.
Mas, si el plan de ajuste compromete demasiado para el pago a los bonistas, no habrá dinero para terminar la red y cumplir con las necesidades operacionales.
Por tanto, el plan no sería viable.
Ese recorte de $2 mil millones no es suficiente para garantizar que el servicio a la deuda se puede sufragar sin afectar la reconstrucción de la red.
El ajuste en la deuda que propone la Junta de Control Fiscal evidencia dos elementos que hemos discutido en este medio: 1) que la deuda se puede recortar dramáticamente sin problemas legales y, 2) que la Junta ofrece a los bonistas más de lo que legalmente tiene que pagar. Por tanto, es necesario continuar la lucha para que la deuda se reduzca a los niveles adecuados: que se pague a los bonistas solamente los $16-$20 millones que tienen asegurados. El resto se debe cancelar mediante el plan de ajuste de la deuda.
La rebaja sustancial de lo que la junta ofrece a los bonistas no se debe exclusivamente a los números de demanda de energía, sino también a la presión del pueblo. No solo se ha juntado una coalición extraordinaria de organizaciones contra el plan de ajuste de la deuda que va a marchar el próximo 28 de junio a las 4:00 de la tarde frente al Capitolio, sino que se han radicado en el tribunal cientos de objeciones de diferentes personas y organizaciones que le han explicado a la jueza Taylor Swain el impacto del plan de ajuste en el pueblo.
Por tanto, también se valida que la Junta responde a la presión organizada y tenaz del pueblo. Por eso, hay que seguir organizados y activos en oposición al plan de ajuste de la deuda y al aumento de la tarifa de energía eléctrica.
El plan de ajuste que la JCF prometió para el 15 de julio seguramente será igualmente problemático que el anterior. El monto del pago a los acreedores no será el único problema del plan nuevo. Ese plan continuará cometiendo los mismos errores de clasificación de los acreedores, que permiten que la junta le ofrezca más a acreedores que no tiene prioridad.
La prioridad de pago la tienen los gastos operacionales y el Sistema de Retiro. Solo cubriendo estos gastos se puede pagar un centavo adicional a los bonistas.
Esas condiciones fueron estipuladas en las emisiones de bonos y la jueza Taylor Swain así lo dispuso en una sentencia. Por tanto, hasta que esto no se corrija, el plan no será confirmable.
Aunque el recorte propuesto por la Junta sea un paso en la dirección correcta, no es suficiente. La lucha debe continuar. Nos vemos en la marcha del 28 de junio, frente al Capitolio.
La junta siempre a defendido los intereses de los bonistas de EU y a los pensionados que el pueblo los mantenga cómo puedan, si aquí los municipios, agencias de gobierno estatal y federal pagaran sus facturas prepa nunca hubiera tenido éste problema de Cash flow.