Un grupo multisectorial que agrupa a más de 60 organizaciones de Puerto Rico envió una carta al gobernador Pedro Pierluisi para expresar su preocupación por el Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Este grupo, que incluye a la Federación de Maestros de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, sostiene que el plan es injusto e insostenible.
El reclamo central es que el mismo incrementaría en 30 por ciento las tarifas de electricidad para los puertorriqueños, afectando tanto a las familias como a las empresas, y elevando el costo de vida debido a su efecto inflacionario en los bienes y servicios que dependen del precio de la electricidad.
Además, critican que el plan no aborda los problemas estructurales de la AEE, como la corrupción, la ineficiencia y la falta de fondos para la reconstrucción de la red eléctrica.
El grupo también señala que el desarrollo del plan no ha sido transparente y que no se ha dado oído a las partes interesadas. Piden al gobernador que reconsidere el plan y que colabore con todas las partes para encontrar una solución más justa y sostenible.
La carta del grupo multisectorial es una señal más de la creciente oposición al plan de ajuste de la AEE, que ha sido criticado, tanto por legisladores como por grupos de consumidores y organizaciones sindicales.
Después de nueve meses de hablar generalidades sobre el aumento de la luz propuesto por la Junta de Control Fiscal desde diciembre del año pasado, el gobernador Pierluisi finalmente expresó su oposición al aumento relacionado con el plan de ajuste a la deuda de la AEE. Pierluisi lo calificó como “injusto y desproporcionado” y aseguró que buscará alternativas para evitar que se aplique.
Es un paso positivo ver al gobernador reaccionar ante el impacto potencialmente devastador del plan de ajuste sobre Puerto Rico. Sin embargo, no es suficiente expresar descontento en los medios de comunicación.
El gobernador tiene a su disposición varias estrategias para oponerse de manera efectiva al plan de ajuste de la AEE.
En primer lugar, debe instruir a los abogados que representan a su gobierno en el caso de Título III para que presenten objeciones fundamentadas contra la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda, respaldadas por testimonios de expertos económicos y financieros que puedan explicar a la jueza Laura Taylor Swain por qué no debe confirmar un plan con estos aumentos.
En segundo lugar, debe colaborar con la legislatura para aprobar una legislación que condicione el pago a los bonistas a que se cumpla primero con los gastos operacionales de la AEE, y que haya dinero suficiente para la reconstrucción de la red eléctrica, mantener el plan de retiro y el pago de las pensiones.
Estableciendo estas prioridades de pago, se puede garantizar que la AEE tenga los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones más urgentes, que son esenciales para cumplir con su misión de proporcionar un servicio eficiente, limpio y a un costo razonable. Además, permitirá cumplir con todas las obligaciones con el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE sin recurrir a aumentos en la tarifa.
La jueza Taylor Swain ya ha determinado que los bonos emitidos por la AEE no están asegurados, lo que permite reducir legalmente esta deuda a prácticamente cero. Esto brinda una oportunidad única para cumplir con las obligaciones indispensables antes de pagar a los bonistas.
Con esta determinación judicial, ya no hay excusa para creer que estamos obligados a pagar esta deuda odiosa e injusta.
El gobernador tiene ahora la responsabilidad y oportunidad de evitar un desastre económico. Si no interviene directamente en el tribunal de la jueza Swain y no promulga una legislación que establezca las prioridades de pago, Puerto Rico estará a merced de los caprichos de la Junta de Control Fiscal, que parece dispuesta a favorecer a los bonistas no asegurados con dinero que ni la AEE ni el pueblo de Puerto Rico pueden permitirse perder en este momento.
Por lo tanto, si el gobernador puede evitar este desastre y elige no actuar, llevará el peso de destruir el futuro de Puerto Rico en su conciencia y su legado. Es imperativo que tome medidas decisivas ahora para proteger el bienestar de todos los puertorriqueños.
Es razonable dudar que el ignorante que tenemos gobernando a Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tenga la capacidad moral, intelectual y viril de sentir empatía por el pueblo puertorriqueño y sus empresas grandes, medianas o pequeñas. Es otro payaso bocón y bueno para nada que cree que el pueblo se conforma con sus aguajes y que no sabemos de su actitud servil y cobardía. Les corresponde a los grupos mencionados en el artículo acudir a los foros pertinentes para detener el atropello y saqueo contra el pueblo de Puerto Rico, no cuenten con ese fanfarrón, Pedro Pierluisi Urrutia…
Imposible pedirle peras al olmo. Pierluisi no ha tenido el más mínimo decoro en disfrazar que gobierna para garantizar los intereses de LUMA y los bonistas, no para ayudar a los puertorriqueños de a pie a sobrellevar el Puerto Rico que los pésimos administradores de esta colonia nos han legado.