El pasado viernes 25 de agosto, la Junta de Control Fiscal (JCF) presentó un nuevo plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE): un documento impulsado supuestamente por dos fallos judiciales favorables y un análisis de la demanda de energía realizado por Luma Energy, que indica una disminución gradual del consumo de electricidad en los próximos años.
Una baja en la demanda augura una disminución en los ingresos necesarios para las operaciones y mejoras de la AEE, y para el servicio a la deuda. Esto justifica que en el proceso de reestructuración se pague lo menos posible a los acreedores.
El primer fallo judicial estableció que los bonos emitidos por la AEE no están asegurados, lo que facilita un ajuste significativo de la deuda para su rehabilitación financiera. Un acreedor no asegurado puede recibir “cero” si no hay ingresos disponibles para el pago de su crédito.
El segundo fallo limitó el monto máximo que los tenedores de bonos no asegurados podrían cobrar: de $9,000 millones a $2,300 millones.
Estas circunstancias ocasionaron que la junta presentara una moción informando al tribunal que sometería un nuevo plan con recortes sustanciales para pagar no más de $2,500 millones para aliviar la carga de la deuda y fomentar el crecimiento económico de Puerto Rico.
Sorprendentemente, el plan presentado el viernes por la JCF no cumplió con estas expectativas de reducción de la deuda, pues eventualmente pagaremos mucho más de $2,500 millones en un largo plazo de 35 años.
Este plan tiene dos aspectos críticos: primero, redujo maquiavélicamente el cargo híbrido propuesto para los consumidores residenciales de energía eléctrica en Puerto Rico, lo que podría considerarse positivo si se analiza de manera aislada.
Segundo, en lugar de reducir la deuda a solo $2,500 millones, que es la cantidad que la junta afirmó poder pagar, ahora promete pagar más de $6,600 millones a los acreedores en 35 años, pagando altos intereses de seis a siete por ciento.
El presidente de la JCF, David Skeel, un experto en derecho de quiebras, sabe que en un proceso de quiebra, los acreedores no asegurados solo reciben lo que queda después de pagar a los acreedores asegurados y prioritarios. Esto sin perjudicar las operaciones y servicios que brinda el deudor. Si no hay fondos disponibles, estos acreedores no reciben nada.
Entonces, ¿por qué la JCF ofrece $6,600 millones a los acreedores? La respuesta es simple: la junta representa los intereses del mercado de bonos municipales en Puerto Rico y ha decidido priorizar el pago a los tenedores de bonos sobre la confiabilidad, calidad, cumplimiento ambiental y costo razonable de la electricidad en Puerto Rico.
Esta decisión de la JCF se expresa en la página 142 del Plan Fiscal de la AEE para el año 2023, donde confirma su decisión de pagar a los tenedores de bonos en lugar de invertir en una compañía eléctrica mejorada, económica, limpia y confiable. Esta decisión es una traición, ya que implica utilizar fondos generados por un aumento de tarifas para pagar a los acreedores en lugar de cubrir las necesidades operativas de la AEE y las energéticas del pueblo de Puerto Rico.
Bajo estas circunstancias, el plan es injusto y Puerto Rico completo debe oponerse.
Aunque la junta ha propuesto inicialmente un cargo híbrido bajo que podría verse como un aspecto positivo, esto es una tomadura de pelo.
El cargo híbrido es bajo para tratar de lograr la aceptación del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, este cargo aumentará según las necesidades de pago de los tenedores de bonos. Por lo tanto, el plan contempla la designación de dos asesores en el procedimiento de aumento de tarifas para aconsejar a la AEE y al Negociado de Energía, cuando sea necesario aumentar el monto de este cargo híbrido.
La junta incluso se reserva el derecho de aumentar el cargo antes de la fecha de la vista de confirmación que se va a celebrar a principios del próximo año, lo que significa que en cualquier momento podrían decidir aumentar el cargo.
Aunque el cargo actualmente propuesto es relativamente bajo, es jurídicamente innecesario, ya que no hay ninguna obligación en el Código de Quiebras de pagar esa cantidad a los tenedores de bonos no asegurados.
Por lo tanto, los $6,600 millones que la JCF desea pagar a los tenedores de bonos se considera un regalo innecesario, financiado por el pueblo de Puerto Rico.
Además, el acuerdo elimina el 25 por ciento de los beneficios de ahorro en combustible producidos por el contrato con GeneraPR, lo que significa que se entregará a los tenedores de bonos el 25 por ciento de los ahorros que se consigan.
Este por ciento se calcula en $1,000 millones que, bajo otras circunstancias, se acreditarían a la factura para bajar el precio de la electricidad.
Esto hace improbable que se obtengan alivios en el precio de la energía debido a ahorros en combustible, afectando el crecimiento económico del país.
Estos aumentos y pérdidas de oportunidad para reducir la tarifa de energía eléctrica son adicionales a los aumentos que procuran LUMA Energy y GeneraPR, y que ya anticiparon que podrían alcanzar cuatro centavos por kilovatio hora adicionales.
El colmo de los colmos es que este plan privilegia a los acreedores de bonos sobre el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE y promueve su liquidación y la reducción de las pensiones vigentes.
El Sistema de Retiro y sus pensionados tienen prioridad de pago sobre los bonistas.
Cuando los bonistas compraron sus bonos, sabían que no cobrarían ni un centavo sino hasta que se pagara al Sistema de Retiro. La junta no está respetando esta prioridad, por lo que esto será objeto de litigación en el proceso de confirmación del plan.
El panorama se complica cuando se toma en cuenta que al pagar tanto a los bonistas, agota los recursos para pagar las pensiones y, por ende, será necesario buscar fuentes adicionales de pago que también surgirán de la tarifa, complicando aún más la situación económica del país.
Estas decisiones de la JCF sobre el Sistema de Retiro son disparatadas y violan los principios del orden de pago de los acreedores.
Por último, la privatización aumenta los gastos operacionales y requiere aumentos adicionales a la tarifa. Además, LUMA Energy acepta que el dinero de FEMA no será suficiente para completar la reconstrucción del sistema eléctrico. Este plan de ajuste de la deuda y sus consecuencias elimina la capacidad de la AEE de obtener crédito adicional para terminar la reconstrucción de la red eléctrica. Por tanto, seguiremos siempre con un sistema ineficiente y débil.
El proceso de confirmación está programado para finalizar a principios del próximo año, y si se permite que la junta siga adelante con su plan, se hipotecará el futuro de Puerto Rico por los próximos 35 años y troncharemos la oportunidad de reconstruir nuestro sistema eléctrico al nivel que nos merecemos.
