El pasado 16 de diciembre, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (Junta) publicó su propuesta de “Plan de Ajuste” para la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que supera los $9 mil millones, además de las obligaciones del sistema de retiro.
Esto representa el tercer acercamiento para reestructurar la deuda de la AEE en un supuesto intento para poner fin a la quiebra, reestablecer la salud financiera de la corporación pública y acceder nuevamente a los mercados capitales.
Las propuestas anteriores fueron rechazadas por ser insostenibles en la economía de la isla. Sin embargo, el plan de ajuste más reciente impone una carga aún mayor a los consumidores residenciales, las empresas y la economía.
¿Por qué? El Plan propone:
Emitir bonos nuevos para pagar parcialmente obligaciones existentes de la AEE
Bajo el Plan, la AEE emitiría dos nuevas series de bonos, que totalizan “aproximadamente” $5,400 millones en deuda nueva.
Una serie de bonos (“Series A”) de $590 millones se destinaría a pagar 84 por ciento de la deuda a los prestamistas de las líneas de combustible, quienes proveyeron dinero a la AEE para comprar petróleo. La Junta estima que estos bonos se pagarían en cinco años, pero podría tomar hasta 15 años.
La otra serie de bonos, que suma $4,800 millones, sería dirigida a pagar a los bonistas y otras obligaciones de la AEE, incluyendo $400 millones en honorarios legales y servicios de asesoría financiera de todos los participantes en el caso de quiebra de la AEE.
Estos bonos conllevarían una tasa de interés de 6 por ciento, y la Junta anticipa que se pagarían en 35 años, pero podría tomar hasta 50 años.
El Plan establece que los gastos operacionales del sistema eléctrico tomarán prioridad sobre el pago de la deuda, pero también ordena que, mientras estén pendientes los bonos de Serie A, la tarifa estaría sujeta a aumentos, si esta no resulta suficiente para pagar la deuda.
Aumentar la factura de luz -por una cantidad no definida- para pagar la deuda durante los próximos 35 a 50 años
El Plan impone nuevos cargos o Legacy Charges a los clientes de energía para pagar estos nuevos bonos. El Plan es vago en detalles y solo indica que estos cargos serán una combinación de un “cargo fijo” (un cargo mensual en las facturas de luz) y un “cargo volumétrico” (un cargo por kilovatio-hora de energía consumida).
Estos recargos estarán en efecto durante los próximos 35 a 50 años.
La Junta propone eximir a los clientes de bajos ingresos del cargo fijo y de la mayoría del cargo volumétrico, incluyendo clientes que ya reciben ciertos subsidios en la factura y los que tienen un ingreso por debajo de un umbral “similar” a lo que se necesita para cualificar para Medicaid.
El Plan no incluye ningún estimado del monto de estos nuevos cargos. No obstante, un documento de la Junta de noviembre de 2022 revela que su última oferta a los bonistas durante el proceso de mediación incluyó un cargo fijo residencial de $21 mensuales y un cargo volumétrico de $0.0075 por kilovatio-hora (kWh) por los primeros 500 kWh consumidos y de $0.03 por kWh por encima de esta cantidad.
Para el cliente residencial promedio que consume 420 kWh, esto representaría un aumento anual de casi $300, mientras que un hogar que consume 900 kWh mensuales enfrentaría un recargo anual de $441.
Este nivel de aumento es más alto de lo que se propuso en el último acuerdo para reestructurar la deuda de la AEE, el cual fue rechazado por representar un peso oneroso para la economía.
Un cargo de esta magnitud impondría una carga excesiva a las familias. También representaría un desincentivo económico considerable para sistemas fotovoltaicos conectados a la red, toda vez que los clientes con estos sistemas vendrían obligados a pagar el cargo fijo de $252 para pagar la deuda, según la propuesta de noviembre de la Junta.
Según el Plan, el Legacy Charge se calculará utilizando las proyecciones de la Junta para el consumo energético de Puerto Rico durante las próximas décadas.
El Plan especifica que, si durante los primeros 35 años del Plan el consumo es mayor a lo proyectado y, por ende, el Legacy Charge recupera más dinero de lo anticipado, este dinero se utilizaría para pagar a los bonistas, a través de un Instrumento de Valor Contingente. Por lo tanto, los bonistas podrían recuperar más de lo acordado inicialmente. (Ver nota al calce [1])
Por otro lado, si durante los primeros 5 a 15 años del Plan (el periodo en que los bonos para los prestamistas de las líneas de combustible siguen pendientes), el consumo es menor a lo proyectado, la AEE tendría que aumentar el Legacy Charge hasta lograr el nivel suficiente para pagar a los bonistas.
El Plan no incluye un estimado de los honorarios de financiamiento corrientes relacionados al Plan, aunque los clientes tendrían que pagarlos también.
La Junta argumenta además que la corte de quiebra tiene el poder de imponer el Legacy Charge, aún si el Negociado de Energía, la entidad encargada de aprobar la tarifa de luz, no está de acuerdo.
Debilitar el Sistema de Retiro de la AEE
A la misma vez, el Plan propone debilitar el Sistema de Retiro de la AEE, convirtiéndolo de un plan de contribución definida a un plan de beneficio definido. También aumentaría la edad de retiro y eliminaría el ajuste por costo de vida.
La eliminación del ajuste por costo de vida para los pensionados contrasta dramáticamente con el contrato de LUMA Energy, aprobado por la Junta, que incluye un ajuste automático por costo de vida en el honorario anual que se paga al operador privado.
El Plan carece de transparencia y análisis económico
A pesar de ser un documento de 96 páginas acompañado de una explicación de 400 páginas, el Plan carece de información básica, incluyendo omisiones de cuál será el costo para el pueblo de Puerto Rico durante los próximos 50 años.
Esto reafirma la poca importancia que la Junta le presta al impacto del Plan en la economía de Puerto Rico y valida nuevamente la falta de rigor analítico que consistentemente ha afectado los planes fiscales y las propuestas de reestructuración de deuda producidos por la Junta.
La Junta sigue enfatizando que la privatización es clave para la transformación de la AEE y el Plan insiste en la continuación del contrato de LUMA y la privatización de las plantas de generación de la AEE.
Por otra parte, el Plan no incluye ningún análisis que valide su viabilidad económica. Previamente, la Junta había establecido en los Planes Fiscales de la AEE una meta de asequibilidad de 20 centavos por kilovatio-hora para la tarifa de luz. Es evidente que esta meta ha sido abandonada para favorecer un objetivo ideológico de privatización y repago a los bonistas.
¿Qué pasará ahora?
El Plan de Ajuste de la Deuda tendría que ser aprobado por la corte de quiebra de Título III para que entre en vigor. La jueza en este proceso tendrá la oportunidad de aprobar, negar o modificar el Plan.
Antes de que ella haga su determinación, varios grupos de acreedores, incluyendo los pensionados, tendrán la oportunidad de votar sobre el Plan. Además, la legislatura podría imponer condiciones sobre el Plan, algo que están intentando hacer a través del Proyecto de la Cámara 1429.
La jueza de la corte de quiebra ha dicho que espera poder aprobar un Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE para julio de 2023.
Claramente este nuevo intento de la Junta de reestructurar la deuda de la AEE representa otro golpe nefasto para las familias y para la economía de la isla.
Por ello, exhortamos a mantenerse informados a través de las redes de CAMBIO sobre oportunidades en los próximos meses para hacer sentir su voz en oposición a esta propuesta.