Los abogados José Andreu Fuentes y Ricardo Prieto García ya no representarán legalmente al suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, quien enfrentará juicio por un cargo de enriquecimiento injustificado y una violación a la Ley de Ética Gubernamental.
El juez Rafael Taboas Dávila los relevó de la representación legal de Irizarry Pabón, luego de que ambos así lo solicitaran al tribunal.
Según indicaron Andreu Fuentes y Prieto García en una moción presentada ayer, fue el propio imputado quien les pidió que dejaran de representarlo.
“[…] el Sr. Irizarry Pabón ha solicitado a los abogados suscribientes que renuncien a su representación legal en este caso con efectividad inmediata”, señalaron los abogados en la moción.
“De manera que, respetuosamente, se solicita de este honorable tribunal que releve a los abogados suscribientes de continuar con la representación legal del acusado en los casos de referencia”, requirieron.
Ayer mismo, el juez Taboas Dávila los relevó del caso y le ordenó al tercer abogado de Irizarry Pabón, el licenciado Carlos Torres Nolasco, comparecer a la vista de estado de los procedimientos pautada para el viernes, 30 de agosto a las 10:00 de la mañana en la sala 405 del Tribunal de Ponce.
Irizarry Pabón está suspendido de empleo desde el 1 de noviembre del año pasado, luego de que se determinara causa para arresto en su contra por cuatro cargos que le imputó el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). Esto, por presuntamente requerirles a varios directores de dependencias municipales que le pagaran un préstamo personal que usó, parcialmente, para cubrir los gastos de su campaña política en el 2020.
Después de que se cayeran dos cargos en la etapa de vista preliminar, ahora Irizarry Pabón enfrentará juicio por un cargo de enriquecimiento injustificado del Código Penal y un cargo por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, por usar las facultades de su puesto para procurar un beneficio personal.
Durante la vista preliminar, que concluyó el pasado 11 de abril, el PFEI presentó cinco testigos.
Estos fueron Luis Báez Rodríguez, director de la campaña política y exjefe de Gabinete de Irizarry Pabón; Oscar Iván Nazario Segarra, exdirector de la Directoría de Infraestructura, Ambiente y Transportación; Jorge Luis Mercado Santiago, exdirector de Manejo de Emergencias; Ormiraida López Torres, subgerente administradora de la sucursal del Banco Popular de Puerto Rico en Ponce Towne Center; y Ángel Gómez Vega, exempleado de la Oficina de Calendario y Programación de la alcaldía.
Nazario Segarra y Mercado Santiago declararon sobre cómo Irizarry Pabón, presuntamente, delegó en el primero el repago del préstamo a partir de mayo de 2021 y le instruyó a recolectar dinero entre sus directores de dependencia para lograrlo.
Por ese esquema, el PFEI le imputa utilizar su puesto como alcalde para procurar un beneficio personal. De resultar convicto, el cargo de enriquecimiento injustificado contempla una sentencia de ocho años en prisión, mientras el de Ética Gubernamental conlleva cinco años de cárcel.
