El juez Rafael Taboas Dávila, quien labora en el Tribunal de San Juan, presidirá a partir de hoy el juicio por corrupción pública contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón.
La asignación de un juez de otra jurisdicción para ver el caso contra Irizarry Pabón en el Centro Judicial de Ponce ocurrió también en la etapa de vista preliminar. Esa fase la atendió el juez Daniel López González, de Caguas.
Irizarry Pabón regresará hoy al tribunal para escuchar la lectura formal de cargos en su contra.
La vista se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana en la sala 405 del Centro Judicial de Ponce, ante el juez Taboas Dávila.
Irizarry Pabón enfrenta un cargo de enriquecimiento injustificado del Código Penal y un cargo por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental por usar las facultades de su puesto para procurar un beneficio personal.
El juez López González encontró causa para juicio en esos cargos, pero le archivó otros dos -por los mismos artículos- que le imputó el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
Durante la vista preliminar, que concluyó el pasado 11 de abril, las fiscales especiales independientes Zulma Fúster Troche, Ileana Agudo Calderón y Fabiola Acarón Porrata-Doria presentaron cinco testigos.
Estos fueron Luis Báez Rodríguez, director de la campaña política y exjefe de Gabinete de Irizarry Pabón; Oscar Iván Nazario Segarra, exdirector de la Directoría de Infraestructura, Ambiente y Transportación; Jorge Luis Mercado Santiago, exdirector de Manejo de Emergencias; Ormiraida López Torres, subgerente administradora de la sucursal del Banco Popular de Puerto Rico en Ponce Towne Center; y Ángel Gómez Vega, exempleado de la Oficina de Calendario y Programación de la alcaldía.
Nazario Segarra y Mercado Santiago declararon sobre cómo Irizarry Pabón, presuntamente, delegó en el primero el repago del préstamo a partir de mayo de 2021 y le instruyó a recolectar dinero entre sus directores de dependencia para lograrlo.
Por ese esquema, el PFEI le imputa utilizar su puesto como alcalde para procurar un beneficio personal.
Irizarry Pabón es representado por los abogados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Carlos Torres Nolasco.
De resultar convicto, el cargo de enriquecimiento injustificado contempla una sentencia de ocho años en prisión, mientras el de Ética Gubernamental conlleva cinco años de cárcel.
El imputado, quien está suspendido de empleo, pero no de sueldo, renunció a la candidatura a la reelección por el Partido Popular Democrático.
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