Manipulación de datos, falsas representaciones y violaciones crasas de AES Puerto Rico (AES) a leyes de protección ambiental han quedado al descubierto tras el análisis de informes que han sido redactados por asesores de la carbonera y avalados por la compañía privada.
Como advierte un examen pericial obtenido por La Perla del Sur, un contratista de AES, la compañía de consultoría Haley & Aldrich, ha declarado falsamente a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) federal que la contaminación provocada por la montaña de cenizas de carbón en el barrio Jobos de Guayama “no muestra una tendencia ascendente”, ni “aumento en las aguas subterráneas”, a pesar de que una decena de pruebas de laboratorio pagadas por la misma empresa revelan lo contrario.
Uno de los químicos detectados en concentraciones peligrosas en el montículo de cenizas de AES, el molibdeno, se ha filtrado en densidades “sorprendentemente elevadas” al agua subterránea del lugar durante los pasados seis años, certificó en un reporte a la organización estadounidense Earthjustice el geólogo Mark A. Hutson, titular de la firma Geo-Hydro.
Según describe el especialista, el molibdeno también está “migrando” hacia la frontera sur del solar industrial. La zona colinda con la bahía Las Mareas, el Bosque Estatal de Aguirre y el mar Caribe.
El molibdeno es un metal que en altas concentraciones puede causar mortandad de peces, de plancton y bioacumulación en organismos marinos de consumo, por lo que también puede transferirse a la cadena alimenticia humana.
“Este hallazgo (migración) invalida la afirmación de AES, de que la columna de contaminantes se mantiene estable”, concluye Hutson, también expresidente del Colorado Groundwater Association, un gremio integrado por científicos, ingenieros, contratistas, abogados y administradores del recurso agua en ese estado.
Para demostrarlo, Hutson evidenció con gráficas cómo el molibdeno rebasa -no en uno, sino en cuatro pozos hincados al sur de la montaña de cenizas de AES- los máximos que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) federal permite en acuíferos.
La Perla del Sur revisó los hallazgos de Hutson, al igual que los Annual Groundwater Monitoring Report radicados por AES entre los años 2018 y 2023, y constató que la concentración de molibdeno se ha disparado en proporciones tóxicas.
En octubre del 2018, pruebas de laboratorio pagadas por la carbonera revelaron que la acumulación de este elemento en un pozo contiguo a la montaña de cenizas alcanzó los 0.74 miligramos por litro, 640 por ciento más de lo permitido por la EPA para aguas subterráneas.
En octubre del 2023, la densidad de molibdeno en el mismo pozo sobrepasó 2,200 por ciento el umbral de seguridad federal, al ubicarse en 2.3 miligramos por litro. El tope que la EPA considera “seguro” es 0.1 miligramos por litro.
Ese mes también se detectó el mismo químico en dos pozos temporales hincados en la frontera sur del solar industrial de AES, en cifras que exceden entre 100 y 370 por ciento el umbral de seguridad, confirmando así que la densidad y movilidad del molibdeno aumenta y se desplaza.
Más tóxicos
Simultáneamente, la montaña de cenizas continúa liberando concentraciones peligrosas de otros elementos al subsuelo y agua subterránea del área, como el litio.
Este último alcanzó concentraciones de 2.5 miligramos por litro en el pozo de monitoreo Número 4 de AES, cuando el tope permitido por la EPA es de 0.040 miligramos por litro.
Aunque beneficioso para organismos vegetales en bajas densidades, altas concentraciones de litio tienen efectos adversos en organismos marinos y costeros, al inhibir su crecimiento y provocar malformaciones del desarrollo, señalan científicos que han publicado sobre esta materia.
Concentraciones altas de litio en agua potable también han sido vinculadas a mayor riesgo de Síndrome del Espectro Autista en niños, al igual que a efectos adversos en el sistema nervioso y renal.
A pesar de que los acuíferos bajo el solar industrial de AES no son potables, sí son parte esencial del ecosistema de la bahía Las Mareas y la Reserva Nacional de Bahía Jobos, la segunda área estuarina más extensa de Puerto Rico. Durante décadas, ambos lugares han sido frecuentados por pescadores para su sustento y por residentes locales para su recreación.
Además, dos millones de toneladas de cenizas de AES permanecen enterradas en 12 municipios de la isla desde el año 2011, sin barrera alguna que evite que sus tóxicos se filtren a los pozos de agua potable ubicados en su periferia.
El pasado 23 de abril, el Colegio de Químicos de Puerto Rico confirmó que 16 de 19 químicos tóxicos y cancerígenos presentes en las cenizas de carbón de AES Puerto Rico fueron detectados en el agua que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados extrae de pozos en Salinas y Guayama, para servir a comunidades de ambos pueblos.
Entre estos, molibdeno, arsénico, cromo, plomo, cobalto, cadmio, selenio y vanadio.
Ambos municipios contienen bajo sus suelos sobre 1.5 millones de toneladas de cenizas de AES, las que fueron descargadas entre los años 2004 y 2011.
Doble vara
“Si yo envenenara con molibdeno mi patio y el de mis vecinos, la primera que llegaría con un operativo federal a Ranchos Guayama sería la señora Carmen Guerrero”, argumentó el portavoz del colectivo comunitario Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), José Cora Collazo. “Ella (la directora de la EPA en Puerto Rico) me multaría y seguiría el proceso para que yo tenga que pagar. Pero como es AES, el trato es diferente”.
Junto a integrantes de ASPA, Cora Collazo lleva tres años reclamando a autoridades locales y federales que se extraigan de la comunidad Ranchos Guayama las decenas de miles de toneladas de cenizas que el exalcalde de Salinas, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, autorizó se emplearan como base para la repavimentación de calles y accesos a las viviendas de casi un centenar de familias.
A dos décadas de ese episodio, la brea sobre las cenizas ha desaparecido y el polvo gris ha quedado expuesto, a la intemperie, sobrevolando la zona con el paso de autos y la brisa, tras lo cual también se desplaza al interior de viviendas.
Esta realidad se ha agravado con un nuevo proyecto de repavimentación de calles impulsado por la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón, ya que equipo liviano y pesado ha desenterrado muchos más desechos de AES.
“Esto es un acto criminal”, agregó Cora Collazo sobre la gravedad de los daños ambientales que AES sigue cometiendo con los suelos y acuíferos de Guayama. “Pero, como siempre pasa, quedan impunes. Impunes en todo momento”, lamentó.
“La EPA ha caído en la trampa”
Entretanto, el doctor en Química y especialista en contaminación ambiental Osvaldo Rosario López no solo calificó la indolencia de ejecutivos de AES como “imperdonable”. También señaló a la EPA como negligente.
“La EPA ha sido muy negligente en forzar lo que la ley dice”, puntualizó. “Y me choca que haya caído en la trampa de AES”.
“Es una trampa, porque no procede ni ver la interpretación de los resultados de AES, de una alternativa que la propia EPA describió como no aceptable desde un principio”, dijo Rosario López, en alusión la Atenuación Natural Monitoreada, el método propuesto por la carbonera para remediar la contaminación que ha generado su montaña de cenizas.
La Monitored Natural Attenuation o MNA propone que sea la propia naturaleza la que diluya y remedie a través de tiempo la contaminación industrial detectada en suelos y acuíferos.
“La EPA tenía que decir desde el principio: ‘no es aceptable’, punto. ‘Si para tal fecha no has implementado una alternativa que cumpla con nuestros requisitos, empiezan las multas o el retiro de permisos. Pero nada de eso ha pasado”.
“La atenuación natural no elimina la contaminación: la mueve a otro lugar. Y eso es justo lo que estamos viendo”, continuó, “porque no se está remediando la contaminación con molibdeno, ni de ninguno de los demás contaminantes. No los eliminaste, los desplazaste a otro lugar”.
“Esto no cumple con los parámetros que establece la EPA para una verdadera remediación”, insistió. “Hay que extraer esos contaminantes de raíz, hay que sacarlos de la matriz”.
“Premiar una mala conducta”
Mientras este daño ambiental persiste, ejecutivos de AES han conseguido que el gobierno de Pedro Pierluisi les conceda al menos dos contratos adicionales para producir electricidad, que inyectarán a la empresa sobre $7,500 millones en un lapso de 25 años.
Asimismo, lograron que sean los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y no la corporación AES ni sus bonistas, quienes paguen por el embarque, acarreo y disposición final de las cenizas de carbón en los Estados Unidos.
Esta responsabilidad, asumida por AES Puerto Rico mediante contrato con la AEE en el año 1994, ahora la pagan los consumidores, tras la aprobación este año de enmiendas contractuales que favorecen exclusivamente la compañía. El cambio conlleva que los abonados de la AEE reembolsen a la carbonera entre 18 a 22 millones de dólares, anualmente.
“¿Cómo tú le vas facilitar un futuro, otra alternativa energética, a una compañía inescrupulosa e ineficiente, que ya ha probado que no cumple con parámetros ambientales?”, cuestionó Rosario López.
“Para mí AES no debe ni estar en el panorama de los jugadores para proveer energía para Puerto Rico en un futuro”, sentenció. “Es como premiar una mala conducta”.
