Mientras el país discutía si debía o no conceder a la carbonera AES Puerto Rico (AESPR) más dinero para asegurar su solvencia hasta el término de su contrato en el 2027, el gobierno de Pedro Pierluisi cerró con esta empresa privada al menos dos nuevos acuerdos que le inyectarán sobre $7,500 millones en un lapso de 25 años.
A diferencia del contrato vigente entre la carbonera y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los nuevos contratos permitirán a AESPR facturar $300 millones anuales durante 25 años, a cambio de 400 megavatios de electricidad generada con una materia prima distinta y libre de costo, el sol.
Por los 454 megavatios que produce la carbonera, los clientes de la AEE también han pagado cerca de $300 millones anuales, por los pasados 21 años.
Los nuevos contratos otorgados a AESPR incluyen también un aumento automático de tarifa que le concederá ingresos adicionales que fluctúan entre 1.25 y 1.77 por ciento anual.
Tras el cierre del trato, AESPR delegó a la empresa asturiana TSK la construcción de una finca fotovoltaica que cubrirá mil cuerdas de terreno agrícola sobre el Acuífero del Sur, entre los municipios de Salinas y Guayama. Según reveló la multinacional a sus inversionistas, el proyecto deberá comenzar a operar antes del 30 de noviembre de 2025.
Esta multimillonaria concesión no ha sido la única en los pasados 100 días.
Tan reciente como el martes, 27 de febrero, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) también aprobó que AESPR facture a los abonados de la AEE todos los costos de la exportación de sus cenizas de carbón a los Estados Unidos, hasta que la central eléctrica cese operaciones en el 2027.
Según detallan las resoluciones en las que el Negociado autoriza la tercera enmienda al contrato, este relevo significará para AESPR una economía de $128 millones por los próximos 46 meses, suma que los abonados deberán pagar a largo plazo con un aumento inicial del kilovatio hora de casi medio centavo. El mismo entró en vigor el pasado 1 de enero.
Este aval del NEPR, sin embargo, desvirtúa el propósito de la Ley 5 del 2020, cuyo objetivo es forzar a AESPR a pagar por la exportación de las 300 mil toneladas de cenizas de carbón que produce anualmente, como la propia empresa garantizó mediante contrato firmado con la AEE en el año 1994.
El 11 de octubre de ese año, la multinacional AES estipuló que las millones de toneladas de cenizas que generaría su operación a lo largo de 25 años nunca serían descartadas en ningún lugar del país.
Esta garantía también figura por escrito en la Declaración de Impacto Ambiental que AES pagó para el establecimiento de la carbonera en Guayama, en el permiso que la Junta de Planificación concedió para la Consulta de Ubicación del proyecto y en el Permiso de Operación Título V de la Ley federal de Aire Limpio.
No obstante, ejecutivos de AESPR han insistido que tras la enmienda al contrato aprobada en el año 2015 por la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, ya no tienen que cumplir con esta garantía. Asimismo, han alegado que la Ley 5 firmada por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced es contraria a los derechos adquiridos por la empresa y que, incluso, amenaza la estabilidad financiera de la carbonera al prohibir la disposición de cenizas en Puerto Rico y ordenar su exportación.
Para contraatacar esta prohibición, AESPR ha radicado reclamaciones y pleitos contra la AEE y al Gobierno de Puerto Rico por “cambios en la ley que afectan su instalación”, revela la petición que la corporación pública sometió al NEPR el 7 de noviembre de 2023 para enmendar por tercera vez el contrato.
“Todas y cada una de las reclamaciones y causas de acción”, plasmó la AEE en su petición, “serán resueltas” si se aprueba la tercera enmienda al contrato, agrega el documento.
Los pormenores de esas reclamaciones no han sido revelados.
Pagarán los abonados
Junto a los $18.7 millones en ingresos anuales adicionales que la carbonera logró mediante alza de medio centavo en el costo por kilovatio hora, AESPR consiguió que el Negociado también le conceda otros $100 millones por concepto de una nueva cláusula de pago añadida al contrato con la AEE: el Green Transition Stabilization Payment.
Esta suma, también a ser pagada por los abonados, es $28.8 millones superior a la que la carbonera y la AEE reclamaron inicialmente al NEPR el pasado mes de noviembre. Las razones para el aumento no han sido divulgadas por ninguna de las partes, al amparo de un “pacto de confidencialidad”.
Los $100 millones, estipula el NEPR, se desembolsarán en plazos mensuales desde marzo de este año hasta diciembre de 2027, aparte de los pagos que emite la AEE por los 454 megavatios de electricidad que compra a AESPR.
A forma de desglose, entre marzo y noviembre del 2024, el Green Transition Stabilization Payment significará $43.6 millones en ingresos no contemplados para la compañía, y $56.6 millones entre los meses de diciembre de 2024 y 2027.
Dos concesiones más
De igual modo, el Negociado le aprobó a la empresa dos pagos retroactivos que totalizan $17.7 millones. Estos corresponden a ingresos que la carbonera no devengó desde diciembre de 2023, cuando las nuevas cláusulas económicas del contrato debieron entrar en vigor, como vislumbraban los accionistas que participaron en el acuerdo de restructuración de la deuda (RSA en inglés) de AESPR.
Desde junio del año pasado, la empresa ha incumplido con el pago del servicio de su deuda. Para responder a sus acreedores, el 1ro de noviembre de 2023 contrajo un acuerdo de restructuración que caducaba el 31 de diciembre, pero que se ha extendido a cambio de términos económicos más elevados, según trasciende del propio RSA.
La semana pasada, el NEPR también aprobó que la AEE haga otros dos desembolsos a AESPR, el primero por $11,695,103 y el segundo por $6,103,260, como adelantos del Green Transition Stabilization Payment. Estos deberán ser pagados a la compañía durante los primeros 30 días de la puesta en vigor de la enmienda al contrato.
Este paquete de beneficios ideado para “incrementar los ingresos de AES”, como en una conferencia confidencial los calificó la abogada María Jennifer DiConza, alcanza los $120.9 millones en dos años y rebasa los $200 millones en los próximos cuatro años.
DiConza, integrante del bufete multinacional O’Melveny, hizo estas expresiones durante una conferencia confidencial entre ejecutivos y asesores de AESPR, la AEE y comisionados del NEPR, el pasado 21 de noviembre. Tras contundentes críticas de activistas ambientales y líderes comunitarios a los miembros del Negociado por mantener oculta información de interés público, el NEPR accedió a divulgar parte del audio de esa junta a puerta cerrada.
Aun cuando el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón Ortiz, puntualizó en esa reunión que las enmiendas al contrato no traerán “un centavo adicional” a los acreedores y a los bonistas de AES, ningún funcionario ni ejecutivo de AESPR ha explicado qué uso se dará a decenas de millones de dólares que los abonados pagarán en exceso a los $128 millones reclamados por la carbonera para exportar a los Estados Unidos sus cenizas de carbón.
Los comisionados del NEPR tampoco han aclarado este tópico, aun cuando alegan haber hecho un análisis crítico de toda la transacción.
Más en camino
Por último, en la resolución del 1 de febrero los integrantes del Negociado no objetan que los ejecutivos de la AEE y AESPR “exploren sus derechos, obligaciones y alternativas” para convertir la carbonera de Guayama en una central fotovoltaica y de almacenamiento de energía de 300 megavatios, antes de que finalice el contrato vigente y con ello beneficiarse de una extensión de, al menos, 25 años.
Si se consumara esta transacción, como lo permite la Ley 17 de Política Pública Energética, AESPR obtendría otro contrato gubernamental con valor de $6 mil millones antes de que concluya el 2027, como solicitó el presidente de esa compañía, Jesús Bolinaga Serfaty, en documentos que La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo obtuvieron tras la radicación de una demanda de acceso a información pública.
Para AESPR, este contrato sería mucho más lucrativo que el vigente, ya que no conllevaría la compra de carbón en Colombia para generar electricidad, los costos de su importación a la isla y la necesidad de contratar a un centenar de trabajadores para la operación de la carbonera. Tampoco la factura por exportar sus cenizas a Jacksonville, Florida, acarrearlas hasta Georgia y disponer de ellas en la ciudad de Folkston.
Los contratos y las concesiones multimillonarias otorgadas a esta compañía por la administración gubernamental de Pedro Pierluisi, quien fuera asesor de AESPR previo a su primera juramentación, continúan mientras la carbonera sigue impune por haber contaminado con arsénico, molibdeno, litio y selenio el acuífero situado bajo su solar industrial en el barrio Jobos de Guayama. También, tras haber dispuesto sobre dos millones de toneladas de sus cenizas tóxicas en 12 municipios del país.
Sobre el daño al acuífero, los ejecutivos y asesores de AESPR han propuesto como solución la “atenuación natural”, para que sea la propia naturaleza y no la empresa la que se encargue de remediar el envenenamiento del cuerpo de agua subterráneo.
El periodista Abner Dennis colaboró en la realización de este reportaje.
Contratos con “cláusulas de confidencialidad”, a puertas cerradas, entre bandidos. Siendo el pueblo de Puerto Rico parte de esos “contratos” le asiste el derecho a saber a qué se “obliga”. Nadie en su sano juicio firma un contrato o acuerda contractualmente sin saber las condiciones y obligaciones. El payaso viajero, Pedro Pierluisi a todas luces se beneficia de todo estos “contratos”, al igual que sus lacayos que alegan representar al pueblo puertorriqueño. Los políticos y sus subalternos son todos iguales, o sea, gentuza inescrupulosa, sin honor ni decencia…
Es vital que Juan Dalmao llegue a la gobernación.Sólo así nuestro país iniciará el camino de respeto,seguridad, desarrollo económico y estabilidad emocional.Trabajemos arduamente para lograrlo.Llegaremos al poder político.