“Me siento reivindicada” afirma Sifre tras el veredicto de la junta del puerto

La noticia que provocó una oleada de rechazos en el sur y norte del país, al igual que la suspensión temporal del director ejecutivo de la Autoridad del Puerto de Ponce (APP), tuvo otro desenlace este viernes.

Tras una reunión que se prolongó por más de dos horas, la junta de directores de la corporación pública declaró nulo el contrato de arrendamiento que habría permitido a la multinacional New Fortress Energy plantar bandera en el terminal marítimo de Ponce, asumir el control de un solar portuario de cuatro cuerdas durante 25 años y emplear las instalaciones del Muelle 8 para incontables operativos de trasbordo de gas natural licuado (GNL).

El acuerdo, firmado por el director ejecutivo de la APP, Héctor Agosto Rivera, y el director financiero de New Fortress, Christopher Guinta, el pasado 24 de enero no fue discutido con el cuerpo rector ni se llevó a votación de la junta, confirmó al concluir la reunión la presidenta del grupo y alcaldesa de la ciudad, Marlese Sifre Rodríguez.

“Ninguno de los miembros de la junta votó por ese contrato. Así consta en la minuta y así consta en la transcripción de la última reunión”, declaró.

“No hubo votación ni hubo discusión relacionada. No se ofrecieron detalles específicos como tiempo de contrato, canon de arrendamiento y ni siquiera se presentó un borrador del contrato”.

“Incluso, en la misma transcripción (de la última reunión de la junta) se establece que era un asunto informativo”, continuó la alcaldesa. “Alguien preguntó en la misma mesa, ‘¿Hay que presentar una moción sobre esto?’ y le respondieron ‘No, no, esto es meramente informativo’. Así que no se discutieron cuáles son los análisis de riesgo, los asuntos de seguridad, las pólizas de seguro. No se discutió nada de eso”, reiteró.

Las implicaciones de la operación planificada por New Fortress, sin embargo, quedaron claras para los miembros de la junta la semana pasada, tras la publicación de varios reportajes de La Perla del Sur, reconoció Sifre Rodríguez. Entre ellos, New Fortress tramita trasbordo de GNL en bahía y muelle de Ponce y Detona críticas y cuestionamientos plan para el trasbordo de gas en Ponce.

“Estoy en récord. Nos tomó por sorpresa todo esto. Y desde el primer momento te certifiqué que el contrato, a mi juicio y a mi entender, era nulo. Y, en efecto, no me equivoqué”.

“Aquí se ha planteado que ellos (directores de la junta) formaron parte de ese contrato, que votaron y lo aceptaron, pero realmente no lo autorizaron”, continuó.

“Así que me siento reivindicada. Me siento tranquila, porque sabía que estaba haciendo lo correcto’, agregó Sifre Rodríguez sobre el referendo que convocó el pasado sábado para considerar la suspensión cautelar de Agosto Rivera y frenar cualquier representación o trámite en curso a nombre de la APP. Ambas peticiones fueron concedidas tras una votación extraordinaria.

“Y habiéndose determinado que la junta no votó a favor de este contrato, pues automáticamente, lo que siempre dijo esta servidora, el contrato es nulo”, sentenció.

Renuncia inesperada

Durante la reunión de ayer, asesores y directores de la junta fueron nuevamente sorprendidos por una misiva que presentó al pleno el abogado Sebastián Negrón Reichard, quien participaba de manera virtual como integrante del cuerpo rector y Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

En la misma, Agosto Rivera notificaba a la gobernadora Jenniffer González Colón su renuncia “irrevocable” al cargo y le solicitaba que fuera efectiva a partir del “martes 22 de abril, a los fines de remover sus pertenencias de la oficina y gestionar asuntos relacionados a la renuncia”, relató la alcaldesa.

Según abundó, la gobernadora compartió la carta con Negrón Reichard y este último con las personas reunidas en Ponce.

Asimismo indicó que los directores de la APP aceptaron la dimisión y que hasta la fecha señalada su suspensión con salario se mantendrá. De igual modo, que Steve Loubriel Carmona permanecerá como director ejecutivo interino de la entidad.

El sucesor o sucesora en propiedad, aclaró, no se conocerá “hasta que, según la ley establece, la gobernadora en conjunto con la alcaldesa lleguen a un consenso y nombren a un director o directora ejecutiva”.

Presente el Coast Guard

A la reunión de ayer también se unió como perito e invitado de la junta el capitán Luis Rodríguez, adscrito al cuartel de Ponce de la Guardia Costera de los Estados Unidos, quien a petición de Sifre Rodríguez aclaró dudas del cuerpo.

Entre estas, “detalló y clarificó que ellos (Guardia Costera) sí recibieron la carta de intención de New Fortress, pero que no han recibido una propuesta formal, ni han emitido un informe al respecto”.

“Y no solo ellos”, agregó Sifre Rodríguez, “sino otras agencias federales que también tienen que hacer lo propio y emitir sus informes relacionados a este contrato”.

“New Fortress lo sabía”

Al repasar los hallazgos publicados por este medio desde el 31 de marzo y lo que sucedió este viernes durante la asamblea de directores de la APP, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, experto en la quiebra y litigios contra la Autoridad de Energía Eléctrica, observó que aún Agosto Rivera y New Fortress deben al país explicaciones sobre su proceder.

“Resulta incontrovertible que todo trámite de arrendamiento o disposición de bienes por parte de una corporación pública -como lo es la Autoridad del Puerto de Ponce- requiere el consentimiento previo y expreso de su junta de directores”.

“El señor Héctor Agosto conocía ese requisito”, describió. “De igual forma, los asesores legales de New Fortress y su subsidiaria sabían que una corporación pública no puede obligarse válidamente sin una resolución corporativa que autorice a su director ejecutivo a suscribir un contrato”.

“Por tanto, conocían que el acuerdo era jurídicamente inválido”, opinó.

Estas acciones, puntualizó, colocaron innecesariamente en riesgo a los ponceños, ya que estructuras como los muelles 4, 5 y 6 -que reciben cruceros-, La Guancha y sectores residenciales del barrio Playa habrían quedado expuestos a “peligros reales de explosiones e incendios”.