El contrato de arrendamiento que segrega cuatro cuerdas del puerto de Ponce y permite durante 25 años una elaborada operación de trasbordo de gas natural licuado en el Muelle 8 fue aprobado sin discusión ante la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce (APP), ni votación de ese cuerpo, reveló la alcaldesa de la ciudad, Marlese Sifre Rodríguez.
Por consiguiente, la ejecutiva aseveró a La Perla del Sur que el acuerdo a favor de Soluciones de Energía Limpia PR (SELPR), una subsidiaria de New Fortress Energy, podría declararse nulo.
“Dentro de lo que yo he evaluado del contrato y sabiendo y conociendo que necesitaba la autorización plena de la junta, yo, Marlese Sifre, puedo entender que este contrato es nulo”.
El trasfondo
Según reconoció a este medio, el acuerdo de arrendamiento que desde ayer ha generado controversia fue firmado el 24 de enero de este año, una semana después de su juramentación, por el director ejecutivo de la APP, Héctor Agosto Rivera, y Christopher Guinta, director financiero de SELPR.
No obstante, planteó que el mismo requería el conocimiento y aval de la junta, ya que por reglamento el director ejecutivo no está autorizado a conceder contratos con valor mayor a los $200 mil.
“Un contrato con esta cuantía tiene que tener la autorización plena de la junta”, insistió.
“Y cuando indica $200 mil, se refiere a la vida del contrato?, preguntó este medio.
“Exacto. Al monto de un contrato. A la vida del contrato. Y este en particular es de 25 años por $3 millones”, respondió.
Según establece el contrato, SELPR se compromete a pagar por el solar del puerto y el uso de sus instalaciones un alquiler mensual de $7,333.33, con un incremento anual de tres por ciento.
Asimismo, Sifre Rodríguez indicó que en la última reunión de la junta, de la cual se excusó, sí se habló de un contrato de arrendamiento de un espacio, “pero no se habló de un contrato del muelle ocho, no se habló de una operación semipermanente, no se habló de un transbordo de gas natural, ni de un Ship-to-Ship”, a juzgar por los pormenores de la minuta que requirió en el día de ayer.
“Nada de eso se discutió, ni tampoco se llevó a votación”, afirmó.
Dicha reunión se efectuó el jueves, 21 de noviembre, dos meses antes de la firma del contrato, y contó con la participación de Manuel Cidre Miranda, Héctor Santini Umpierre, Viviam Puig González, Luis Alvarado Cintrón, José Reyes Feliciano, Vivianne Asad Pérez y el abogado José Sánchez Acosta.
La minuta identifica como ausente a Fernando Cruz Dominicci y excusa además a Raúl Angleró.
“Ante este nuevo escenario, ¿que procede?, cuestionó este medio.
“Es una de las preguntas que pedí a los asesores (legales) de la Autoridad del Puerto, que asesoran al director ejecutivo. Que emitan una opinión relacionada a este contrato.
¿Esa petición se hizo hoy (lunes)?
“La hice hoy, personalmente, al señor Héctor Agosto”.
“Y le voy a dar la oportunidad al director ejecutivo de saber de aquí a mañana (martes) cuál es la posición por parte de los asesores y habrá que convocar una reunión de la junta para que se nos expliquen los detalles particulares y los hallazgos que hayan tenido los asesores legales, para conocer todos los pormenores y que la junta tenga conocimiento de lo que aquí (ocurrió) y cuáles van a ser las medidas posteriores con relación a este asunto”, añadió la alcaldesa.
De encontrarse que el contrato no procede en ley, Sifre Rodríguez reconoció que SELPR y su matriz, New Fortress Energy, podrían someter nuevamente la petición para el arrendamiento del solar portuario y el uso del Muelle 8.
“Pero yo estoy segura que, responsablemente, los directores de la junta evaluarán y velarán los intereses de nuestro pueblo, la salud de nuestro pueblo”.
“Nosotros tenemos que ver cuáles son todos los pormenores de ese contrato que, realmente nunca se nos presentó, porque más allá de un contrato de arrendamiento, lo que establece son cosas distintas que pueden alterar, incluso, la política pública de lo que nosotros queremos con el puerto y el desarrollo del mismo”. sentenció.
(Historia en desarrollo. Pendientes a actualizaciones)
Lloran cuando no vienen barcos y lloran mas cuando quiren venir barcos.
Hasta ahora las APP bajo el bipartidismo PNP/PPD son otro esquema para favorecer intereses políticos. Los ejemplos sobran. Lloramos pero también luchamos cuando nos quieren cojer de tontos. Veremos a ver si la Alcaldesa demuestra, como hasta ahora, que defiende a los Ponceños y el futuro Puerto Rico.
Marlene, ese contrato parece ser de adhesión, y por otro lado no procede, ya que no participaron todas las partes contratantes para hacerlo válido. En otras palabras, no se llevó a cabo el debido proceso de ley que dispone nuestro Código Civil, De Puerto Rico.
Obviamente, y a todas luces, hay mala fe involucrada, así que ojo y mucho cuidado, Marlene, lo que mal empieza mal acaba.
Debemos movernos al hidrógeno verde
Totalmente de acuerdo
Corrección; el debido proceso de ley emana de nuestra Constitución. El Código Civil de Puerto Rico, dispone el procedimiento a seguir en las obligaciones contractuales y estos precisamente emanan de la disposición constitucional del debido proceso de ley.