Al descubierto otro depósito de cenizas de AES: ahora junto a CDT

Víctor Alvarado Guzmán no se lo esperaba.

Iba rumbo al CDT de Salinas para atender una emergencia de salud y al estacionarse en el lugar sintió una urgencia contraria a la usual: la de marcharse de allí.

Según explicó, frente a él tenía a la misma amenaza que ha atentado contra la salud de vecinos y compueblanos por los pasados 20 años, a la intemperie, suelta, gris y sin protección alguna; lista para volar con el viento y propagarse en cualquier dirección.

Al aproximarse, confirmó su sospecha: estaba ante otra monumental sobrecarga de cenizas de la carbonera AES Puerto Rico -una de al menos tres pies de altura y cientos de pies de extensión- que quedó al descubierto cuando equipo pesado removió vegetación y corteza terrestre al costado sur del CDT, para limpiar y despejar la zona.

El depósito de cenizas desenterradas, empero, es solo una fracción de las miles de toneladas que se usaron como subbase o fundamento para la construcción del centro comercial Portobello Plaza, colindante al CDT, y que permanecen allí, luego de que AES se librara de ellas entre los años 2004 al 2011.

Desde entonces, solo en Salinas siguen enterradas 609 mil toneladas de cenizas tóxicas, sin protección, marca o barrera, como evidencia un documento oficial de la empresa.

Análisis de laboratorio han confirmado que el desecho de AES contiene concentraciones de metales pesados, como arsénico, cadmio, cromo y molibdeno que pueden ser perjudiciales a seres vivos.

Este coctel tóxico puede transferirse con facilidad a suelos y cuerpos de agua, ya que las cenizas también son solubles.

Al mirar con atención, Alvarado Guzmán confirmó que parte del desecho tóxico cayó dentro de un canal de escorrentía que se colma durante aguaceros y prefirió no imaginar cuál será su paradero, ya que los 25 mil habitantes de Salinas obtienen agua potable únicamente del Acuífero del Sur, mediante pozos hincados en el municipio que administran, tanto residentes con licencia de uso como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Aun así, para Alvarado Guzmán fue inevitable recrear y confesar su peor sospecha: los momentos en los que aquella “limpieza” del terreno levantaba nubes de polvo fugitivo que no solo alcanzaban al operador de la maquinaria y a los predios del centro hospitalario. También a los salones de la Escuela Intermedia Urbana de Salinas y la Superior Stella Márquez Morales, ubicados a solo 100 metros del lugar, al otro lado de la calle Unión.

“Y mira qué ironía”, comentó. “A los hospitales uno va a buscar salud y aquí uno se encuentra con todo ese material expuesto, tan cercano… que, quienes saben lo que es y lo que puede causar, querrán salir corriendo”.

Esa ironía, continuó, no fue la única.

El centro de atención primaria fue adquirido en 1996 por Efraín Rodríguez Mateo y su hermano Carlos, el médico que en el 2004 se convirtió en alcalde de Salinas y bajo cuya administración se autorizó el uso de las 609 mil toneladas de cenizas que se emplearon como relleno para proyectos comerciales, residenciales y viales en el municipio.

“Pero este problema no es nuevo”, puntualizó Alvarado Guzmán, “Gobierno tras gobierno, los gobernadores y gobernadoras que han pasado nunca han tomado en consideración el efecto que está teniendo este material tóxico, estas cenizas tóxicas, en la vida de mucha gente”.

“Pero, claro, como esto no pasa en Montehiedra o en lugares donde vive gente influyente o con poder económico, ninguno se digna en venir hasta aquí y a resolver el problema”.

“¿Cuánta gente estará enferma y no sabe por qué? Porque tampoco saben que es que están respirando este material tóxico”, agregó.

Según describió, esta riesgosa exposición de cenizas se suma a otras tantas denunciadas recientemente, sin consecuencia.

Entre ellas, la remoción, dispersión y enterramiento de miles de toneladas de cenizas que quedaron expuestas en los caminos vecinales de la comunidad Ranchos Guayama, las que permanecen a la intemperie en los predios y alrededores de la urbanización Parque Gabriela II y las que llegan al río Guamaní cada vez que maquinaria pesada limpia los costados del Desvío Dulces Sueños en Guayama.

“Y todo esto, mientras la gobernadora se jacta de haber extendido el contrato de AES por cinco años más, sin mencionar cuánto nos va a costar y mucho menos cuál va a ser el impacto ambiental de otros cinco años de una planta de carbón contaminando, diariamente, a la población vecina”.

Aunque en agosto del pasado año, la Agencia de Protección Ambiental federal obligó a la carbonera a pagar una multa de $3.1 millones por reiteradas violaciones a la Ley Federal de Aire Limpio, la entidad, ni el Gobierno de Puerto Rico, han requerido a la empresa remover las 2 millones de toneladas de cenizas que enterró en 12 municipios de la isla, sin medidas que contengan su contaminación.

Desde el año 2017, estudios de calidad de agua pagados por AES Puerto Rico han demostrado reiteradamente que la montaña de cenizas creada en el solar de la empresa ha contaminado el subsuelo y acuífero de Jobos con concentraciones de litio, selenio, molibdeno y arsénico superiores a las permitidas por leyes federales.

Aun así, el gobierno de Pedro Pierluisi, la Autoridad de Energía Eléctrica -bajo la dirección de Josué Colón Ortiz- y el Negociado de Energía aprobaron el año pasado una enmienda al contrato de AES que en el 2024 elevó sus ganancias y le permitió ingresar $426 millones por sus servicios de generación eléctrica al país, $157 millones más de lo que la compañía devengó en el 2023.