Tras acusarlos de complicidad con crímenes ambientales y negligencia crasa en el cumplimiento de su deber, vecinos de Guayama decidieron hoy clausurar la oficina regional del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), impidiendo la entrada de empleados adscritos al lugar.
La protesta, encabezada por miembros de la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), persigue además elevar a rango público lo que califican como “un patrón de evasivas” de la agencia para atender y procesar múltiples querellas por violaciones de ley registradas en la comunidad Ranchos Guayama.
Allí, desde hace más de 10 meses, una constructora contratada por la alcaldía de Salinas desentierra y acumula a la intemperie miles de libras de cenizas de la carbonera AES, para reconstruir caminos vecinales, sin cumplir con medidas para evitar que nubes de polvo fugitivo migren al interior de viviendas. Asimismo, sin controles para evitar que el material gris excavado y acumulado en los costados de las carreteras se desplace con aguaceros hasta quebradas.
Más recientemente, “han llegado al colmo de volver a enterrar las cenizas en la comunidad”, denunció el portavoz de ASPA, José Cora Collazo. Esta práctica constituye una violación puntual a la Ley 5 del 2020, que prohíbe el depósito y disposición de cenizas de carbón en Puerto Rico.
Aunque el incumplimiento es evidente, personal del DRNA en Guayama ha declinado intervenir y frenar esta práctica desde que se denunció el pasado 29 de junio, afirmó Cora Collazo, y en su lugar han respondido que “el municipio de Salinas tenía permiso para enterrar y depositar las cenizas tóxicas en el lugar”, una aseveración para la que el DRNA de Guayama no ha presentado prueba a ASPA, a pesar de sus reiterados pedidos.
La Ley 5 del 2020 se decretó para forzar a la carbonera a disponer sus cenizas fuera del país -como la propia AES garantizó al gobierno mediante contrato en el año 1994- y para frenar el envenenamiento que ha provocado ese desecho en suelos y acuíferos. Esta contaminación ha sido constatada por pruebas de laboratorios pagadas por la carbonera, en las que se evidencia que las cenizas apiladas en su solar industrial del barrio Jobos han contaminado suelos y acuíferos con concentraciones tóxicas de arsénico, molibdeno, litio y selenio.
Pruebas independientes comisionadas por el Colegio de Químicos de Puerto Rico también han evidenciado rastros de 16 elementos tóxicos y cancerígenos característicos de las cenizas de carbón de AES Puerto Rico -como cromo, cobalto, plomo, vanadio y uranio- en el agua que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados extrae de pozos en Salinas y Guayama para servir a residentes.
Los pozos examinados ubican en lugares donde una década atrás se descartaron miles de toneladas de cenizas de la carbonera. Solo en Salinas, se enterraron 669 mil toneladas y en Guayama sobre un millón de toneladas.
Aspirar polvo fugitivo de cenizas también puede ser peligroso para la salud y, en casos de exposición prolongada, causar enfermedades crónicas, como han advertido reiteradamente Osvaldo Rosario López, doctor en Química con especialidad en contaminación ambiental, y el doctor Ángel González Carrasquillo, expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.
Al cierre de este reportaje, los manifestantes que bloquearon la entrada a la oficina regional esperaban ser atendidos por directivos de la agencia para reiterar que se intervenga, frene y sancione a los responsables de las violaciones ambientales perpetradas en Ranchos Guayama.
Uno de ellos, el director regional administrativo, Luis Torres Zamora, escuchó los reclamos y refirió a los manifestantes con el comisionado del Cuerpo de Vigilantes de la agencia, Edwin Rodríguez Ruiz.
Este último, mediante llamada telefónica con Cora Collazo y otros activistas, se comprometió a investigar el estatus de las querellas y a ofrecer un informe de las mismas en la tarde de este lunes, 5 de agosto. Asimismo, a coordinar una reunión presencial con los vecinos.
