Las plataformas digitales de transporte (PDT) experimentaron un acelerado auge durante la pandemia del COVID-19 en las principales economías de Latinoamérica y mantienen hoy un crecimiento sostenido, aunque con problemas de precariedad, explotación y leyes laborales insuficientes.
En países como Chile, por ejemplo, se han convertido en uno de los mejores flotadores para miles de migrantes irregulares atrapados en el laberinto burocrático que supone intentar lograr una visa estable y un permiso de trabajo.
Situación que permite los abusos por parte de las empresas que han aumentado de forma considerable su volumen de negocio en el marco de un modelo de economía liberal que les favorece, junto la alta penetración de internet.
No existen datos oficiales sobre cuántos «riders» hay, pero no hay más que salir a la calle para ver decenas de motos y bicicletas con mochilas con logotipos de multinacionales del sector como Cornershop, Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats.
Según el último informe del Ministerio del Trabajo, el número se acerca a 300,000, de los cuales un 43 por ciento son chilenos y un 57 por ciento extranjeros, mayormente venezolanos (42.5 por ciento), seguidos de colombianos (4.4 por ciento) y peruanos (3.5 por ciento), en su mayoría hombres.
«En Chile no hay datos oficiales sobre cuantos trabajadores hay porque las empresas han sido muy celosas y porque en el negocio hay una alta tasa de informalidad», explica a EFE Rodrigo Palomo, de la Universidad de Talca.
La situación laboral de estos «riders», la mayoría trabajadores independientes, se rige por la llamada «Ley Uber» y la Ley 21,431, que modifica el Código del Trabajo y establece normas comunes aplicables a todos los trabajadores, sean asalariados o independientes.
«Los ‘riders’ se han ido organizando», señala Palomo y pone como ejemplo interesante el sindicato de Cornershop, plataforma chilena comprada en 2021 por Uber, con quien tuvo «una primera negociación colectiva» ya que «nunca había negociado colectivamente en ningún país del mundo».
