Con el objetivo de lograr una mayor rendición de cuentas en la isla y evitar conflictos de intereses de parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott presentaron este jueves una legislación bicameral.
El proyecto de Ley de Integridad de la JSF busca prohibir que cualquier firma de asesoría o consultoría de terceros asesore al ente fiscal de la isla durante el período en que brinde servicios a un cliente que compita o realice un contrato adjudicado por el Gobierno de Puerto Rico y bajo la supervisión de la JSF para revisión y aprobación.
La JSF es responsable de certificar los planes fiscales para la isla, así como de reestructurar la deuda, aprobar presupuestos y contratos gubernamentales, financiar servicios públicos esenciales y revisar legislaciones para el cumplimiento fiscal.
Desafortunadamente, la falta de políticas necesarias de conflicto de intereses ha resultado en que compañías, como McKinsey & Company, puedan beneficiarse de ambas partes al asesorar al mismo tiempo a la JSF y al organismo beneficiario, según explicó un comunicado.
«La corrupción gubernamental y la mala supervisión fiscal están perjudicando al pueblo de Puerto Rico. No podemos permitir que empresas como McKinsey exploten esta situación», dijo Rubio en la nota.
Para el senador, esto es «algo de sentido común»: «Ninguna empresa debería poder asesorar a la Junta mientras activamente asesoran a los mismos clientes que se beneficiarán monetariamente de la concesión de grandes contratos por parte del Gobierno de Puerto Rico», agregó.
Por su parte, Scott indicó que esta legislación «ayudará a mejorar la transparencia y responsabilidad de la JSF».
«Estoy orgulloso de unirme al senador Rubio y a nuestros colegas en la Cámara de Representantes mientras luchamos por un futuro mejor y más próspero para Puerto Rico y una mayor supervisión del dinero de los contribuyentes», subrayó.
Los representantes Jenniffer González Colón -comisionada residente de Puerto Rico en Washington-, Darren Soto y Ritchie Torres presentarán asimismo legislación complementaria en la Cámara de Representantes.
«Si Puerto Rico se va a someter a este proceso, necesitamos estar seguros de que las decisiones que tome la Junta y el asesoramiento que se brinde a sus miembros esté dirigido al mejor interés del pueblo de Puerto Rico y de una resolución justa a la liquidación de deudas», explicó González Colón.
Para ello, es importante -continuó- «saber que los consultores que asesoran a la Junta si un contrato del Gobierno cumple con el plan fiscal, no son los mismos que tenían como cliente al contratista cuando redactaban su propuesta o negociaban el contrato».
Al respecto, Soto indicó que es necesario asegurarse de que las decisiones que tome la JSF sean «en el mejor interés de Puerto Rico y no estén influenciadas por intereses externos», así como «velar por la integridad y transparencia de las instituciones gubernamentales».
