El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia convirtió en ley el Proyecto del Senado 299, que enmienda el Código Anticorrupción de Puerto Rico.
La enmienda se hizo a los fines de especificar que, en caso de que un contratista del gobierno cometa actos delictivos, el contrato será rescindido de manera inmediata.
Además, el Estado, a través del Departamento de Justicia, podrá reclamar la indemnización correspondiente.
El proyecto de ley fue avalado por la Administración de Servicios Generales (ASG), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Contralor y la Oficina de la Inspectora General (OIG).
Por otra parte, Pierluisi Urrutia firmó el Proyecto del Senado 465 para que los celadores de línea que permanezcan como empleados de alguna agencia o entidad del gobierno puedan ingresar voluntariamente como integrantes de la Reserva de Celadores de Puerto Rico, la cual estará adscrita a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al contratante.
Los integrantes de la reserva continuarán siendo empleados adscritos a las respectivas agencias, corporaciones públicas o entidades del gobierno a las que fueron transferidos luego de que LUMA Energy se convirtiera en el operador del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país.
Los integrantes de la reserva serán activados a solicitud de la entidad contratante, por lo que corresponderá a esta su adiestramiento.
De otro lado, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 227 se crea la Ley para la prevención, detección y tratamiento efectivo de la depresión postparto, con el fin de que el Departamento de Salud implemente un protocolo preventivo de detección de síntomas y trastornos de este tipo de depresión.
También firmó el Proyecto del Senado 375, que estipula el otorgamiento de un incentivo de $700 mensuales para los maestros del sistema de educación pública que se trasladen a residir de forma temporera en las islas municipio de Vieques y Culebra. Mientras, los que viajen diariamente recibirán un incentivo de $300 mensuales.
Asimismo, con la firma del Proyecto del Senado 620, el Departamento de Educación tendrá que proveerles a los estudiantes sordos del programa de educación especial un intérprete de lenguaje de señas, cuando se establezca la necesidad.
