Frenar la planificación de dos colosales fincas solares en el municipio de Salinas para, en su lugar, incentivar la instalación de placas solares y baterías en las viviendas de las familias de esta localidad, figuraron entre los reclamos que a viva voz formularon hoy representantes de diez comunidades salinenses.
En conferencia de prensa desde la plaza pública, el colectivo demandó además que la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón detenga definitivamente la construcción de un campo de tiro en la comunidad de Ranchos Guayama y que de esa zona residencial se remuevan sobre 15 mil toneladas de cenizas tóxicas de carbón que en la década del 2000 se emplearon para rellenar los caminos vecinales.
Desde hace años, el material tóxico yace expuesto a la intemperie y se desplaza con el viento al interior de viviendas. También a suelos residenciales y quebradas, junto con las aguas de escorrentías que genera cada aguacero, abundó José Cora Collazo, presidente de la agrupación Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) de Ranchos Guayama.
El líder comunitario, junto a portavoces de entidades como Diálogo Ambiental, exigió que el desecho industrial se exporte, como exige la Ley 5 del 2020, y que se destinen fondos municipales, estatales y federales para costear la urgente operación.
Acto seguido, el colectivo ciudadano también exigió al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que no pospongan más la realización de estudios sobre la calidad de agua subterránea en los terrenos donde se han descargado cenizas de la carbonera AES y que faciliten al Colegio de Químicos de Puerto Rico evaluar la prueba, así como llevar a cabo otros análisis.
En esa línea, reclamaron además que se establezca una Reserva Hídrica del Acuífero del Sur y que se clasifique la celda de Salinas como fuente única de abasto, ya que es la única que provee agua potable a toda la población y sustenta toda actividad industrial, comercial, gubernamental, escolar y residencial.
Inundaciones agravadas
Los residentes igualmente advirtieron que la pésima planificación urbana y comercial en Salinas ha despejado el camino para la deforestación, el relleno de terrenos y la construcción de estructuras que han agravado la severidad de inundaciones durante el paso de huracanes o copiosos episodios de lluvias.
A modo de ejemplo, apuntaron al puente ilegal construido sobre el río Nigua, próximo a la PR-1 y a la comunidad de Los Poleos en el sector Coco Playa. Por ello, clamaron a las autoridades gubernamentales que se remueva con urgencia y se ordene al constructor restaurar el área a su condición natural.
Para salvaguardar a las comunidades afectadas por estas fallas, igualmente postularon que se establezca una moratoria de construcción, municipal o estatal, en la costa, en las riberas del río, cercano a quebradas y canales de riego, que incluya a los proyectos de casas rodantes o campers de alquiler a corto plazo. Esto daría espacio a la revisión de los mapas de inundación y a la planificación adecuada de todo el pueblo de Salinas, insistieron.
“Estas situaciones, que además de afectar la calidad de vida de nuestra gente, constituyen un asunto de injusticia ambiental, están basados en un modelo excluyente de un supuesto desarrollo que siempre ha considerado nuestras comunidades como una zona de sacrificio”, puntualizó Víctor Alvarado Guzmán, cofundador de Diálogo Ambiental.
“Esto último confirma la desigualdad y marginación que aún hoy nos mantiene, al pueblo de Salinas, en aproximadamente un 50 por ciento de nivel de pobreza”, agregó.
La conferencia de prensa fue convocada por representantes de la Asociación de Residentes de La Margarita, Vecinos de Extensión La Carmen, la urbanización Las Mercedes de los Poleos, la Comunidad San Felipe, la Junta Comunitaria del Poblado Coquí, Vecinos de la Avenida Pennsylvania, la Comunidad Villa Cofresí y la Junta Directiva de Villa Esperanza, además de ASPA y Diálogo Ambiental.
Nada mas serio que los asuntos de mayor atención señalados en esta conferencia de prensa. La ciudadanía de salinas le coresponde apoyar estos reclamos. A las autoridades gubernamentales les toca con transparencia y buena voluntad acogerlos como es su deber para diseñar una hoja de ruta para con la participación de las comunidades atender los asuntos segun un orden de prioridades.