Tras casi seis años en construcción y una inversión que superó los $378 millones en fondos federales y locales, la represa Portugués de Ponce se inauguró en febrero de 2014 con el objetivo controlar las inundaciones en la ciudad.
Sin embargo, a casi una década de su terminación el mapa de las zonas inundables continúa inalterado, sin actualizarse, por la dejadez del gobierno municipal y las agencias gubernamentales obligadas a certificar que la millonaria obra de infraestructura ha cumplido el fin para la cual fue creada.
Como consecuencia, miles de residentes y comerciantes de Ponce continúan pagando pólizas de seguro por inundación, en lugar de haber sido eximidos de ello años atrás.
El asunto ha debido ser resuelto por el Gobierno Municipal de Ponce, la Junta de Planificación (JP), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Sin embargo, al cabo de dos meses de investigación para determinar el estatus del trámite, funcionarios entrevistados por La Perla del Sur solo han adjudicado responsabilidades unos a otros, sin poder demostrar qué ha hecho cada cual para avanzar en el proceso.
Ficha del tranque
En esencia, para que el Mapa de Tasas del Seguro de Inundación (FIRM) de FEMA se pueda actualizar y se pueda eximir a dueños de propiedades del pago de pólizas, primero hay que certificar que -en efecto- la represa Portugués está ayudando a controlar las inundaciones en Ponce.
Pero para llegar ahí, se necesita acreditar antes que el sistema de diques de los ríos Portugués y Bucaná funciona óptimamente en el control de inundaciones. La última gestión en esta dirección se hizo tres años atrás, en el año 2020, y nada ha pasado desde entonces.
Por lo tanto, el FIRM vigente para Ponce data del 18 de noviembre de 2009, cuando los cimientos de la represa apenas se construían.
Un borrador sin consecuencias
En Puerto Rico, el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP) es manejado por cinco comunidades participantes. Bayamón, Carolina, Guaynabo y Ponce tienen autonomía para administrar sus valles inundables, mientras que la JP se encarga de los restantes 74 municipios.
Al ser una comunidad NFIP, Ponce debe impulsar la certificación de los diques como acción inicial en la consecución de las demás metas, aunque necesita de las agencias estatales y federales para lograrlo.
En el 2019, se creó un Consorcio Local de Diques (LLPT), el mecanismo usado por FEMA para acreditar los diques. Su grupo de trabajo fue integrado por funcionarios de la Alcaldía de Ponce, la JP, el DRNA, USACE y FEMA.
De cuatro fases que debieron atender, el consorcio solo completó dos y en mayo de 2020 produjo un borrador del Análisis de Dique y Plan Cartográfico: Proyecto de los Ríos Portugués y Bucaná.
Posteriormente, el grupo debió analizar los datos y crear borradores de los nuevos mapas de inundabilidad de Ponce, para entonces pasar a la fase final en la que FEMA estaría en posición de actualizar el mapa FIRM y eximir del pago de seguros a las comunidades que ya no se consideraban inundables. Eso no ocurrió.
El borrador del Análisis de Dique, sin embargo, reveló:
- Que la Cuenca Alta de Escombros del Bucaná y los sistemas de diques del Bayagán Norte reducían el riesgo de la inundación.
- Que los sistemas de diques Bucaná Este, Portugués y Bucaná, Portugués Oeste, y el Sistema de Amarre Portugués Norte no mostraban reducción en el riesgo por la inundación.
- Que ninguno de los diques estaba acreditado, porque no se había probado a FEMA que cumplían con los requerimientos del Código de Regulación Federal (CFR) 44 65.10.
- Que el número estimado de estructuras potencialmente impactadas en las áreas protegidas por diques ascendía a 25,600.
- Que todos los sistemas de diques son de construcción de tierra y a esa fecha estaban “inactivos” en el Programa de Rehabilitación de USACE, por lo que “si se dañan por inundación, estos sistemas… no podrán recibir asistencia de USACE” para ser restaurados a sus condiciones previo a la inundación.
Además, el documento establece que, en la segunda reunión del consorcio el 30 de octubre de 2019, los funcionarios discutieron “las preocupaciones sobre el crecimiento excesivo de vegetación” en los diques.
Le toca al DRNA
El ingeniero Edgar Velázquez Montalvo, coordinador del NFIP en Ponce desde julio de 2022, aseguró haberse enterado de la existencia del LLPT y su borrador a raíz de la petición de información de este medio.
Velázquez Montalvo además apuntó al DRNA como la agencia que tiene que actuar para que los diques -y luego la represa- se puedan certificar.
“Le correspondería al custodio, que es el DRNA, poder cumplir con los requerimientos del CFR 44 y poder demostrar que tiene los datos suficientes para poder certificar estos diques”, aseguró el ingeniero.
Mas ante la duda sobre si la alcaldía le ha pedido al DRNA que haga su parte, Velázquez Montalvo respondió “que a mí me conste, no, porque no tenía conocimiento de esto”.
“Pero ahora sí, nos tenemos que ocupar de darle prioridad a esto y seguimiento para que se continúe con este proceso y finalmente hagamos lo ideal, que sería certificar la represa, porque esa es la finalidad de ella”, sostuvo.
El ingeniero Juan Sánchez Soldevila, quien fungió como director de la Oficina de Permisos de la Alcaldía de Ponce hasta el verano del año pasado, dijo a La Perla del Sur en el 2021 que el DRNA no estaba limpiando los canales del río, lo que sería una piedra en el camino de la certificación de los diques.
Velázquez Montalvo, por su parte, confirmó que el mantenimiento aún brilla por su ausencia, y no se limita a los ríos Portugués y Bucaná.
“Existen varios cuerpos de agua donde se puede ver la sedimentación y la vegetación que ha crecido dentro de estas estructuras. Entiendo que los requerimientos de este código CFR 44 tienen que conllevar el mantenimiento y la optimización de esta infraestructura para poder validar y certificar”, expuso.
“Entiendo que ese es un paso primordial de la agencia (DRNA), el mantenimiento de estos cuerpos, de los canales, para que eventualmente tengan una buena función, puedan aceptar la cantidad de agua en cualquier evento de lluvia y que pueda ser descargada hasta la desembocadura del mar, sin afectar las estructuras que existen en su camino”, prosiguió.
Velázquez Montalvo agregó que “al DRNA tiene que exigírsele que cumpla con su deber ministerial de cuidar los cuerpos (de agua)”. No obstante, no precisó cuándo el ayuntamiento hará una gestión concreta en esa dirección.
Por otra parte, el ingeniero mencionó que algunas comunidades que pudieran quedar fuera del mapa de inundabilidad serían “Cantera, Baldorioty, Bélgica y los lugares del norte de Ponce”.
Sin embargo, dijo desconocer dos datos fundamentales que el programa que él coordina debería saber: qué por ciento de la ciudad está catalogada como zona inundable y cuántas personas pagan seguro de inundabilidad.
Velázquez Montalvo se comprometió a conseguirlos, pero al cierre de este reportaje no los había proporcionado.
Según cifras obtenidas por este medio, hasta el año 2021 la ausencia de una rezonificación de inundabilidad en Ponce perjudicaba a 45 mil habitantes, al igual que a los titulares de 13,200 estructuras y los dueños de cinco millones de pies cuadrados de zona comercial.
Para entonces, los residentes y comerciantes de la ciudad pagaban cerca de $2.5 millones al año en pólizas de seguro contra inundaciones.
Se desvincula la JP
Más allá de la gestión que debe hacerse para certificar la represa Portugués, queda una controversia por resolver, ya que hay versiones encontradas sobre a quién le corresponde pedir a FEMA, formalmente, que enmiende el FIRM de Ponce.
La JP respondió que le toca a la Alcaldía de Ponce por ser una comunidad NFIP.
“La (petición la) hace el municipio y nosotros participamos con ellos, porque no los dejamos solos, porque Ponce colinda con otros pueblos que no tienen (autonomía). O sea, que trabajamos todos al unísono, pero quien solicitaría una enmienda a los mapas es Ponce”, planteó la abogada Blanche González, ayudante especial de la Oficina de Propuestas Federales de la JP, en entrevista con este medio.
Ante la pregunta de si Ponce le ha pedido ayuda a la JP para este trámite, contestó que “nosotros no tenemos aquí solicitud del Municipio de Ponce”.
Por su parte, FEMA indicó que ese trámite debe hacerlo la JP.
“Todas las gestiones para la revisión de los planes regulatorios de inundación de FEMA en Puerto Rico se realizan a través de la Junta de Planificación. Por esa razón, es la junta quien coordina con la Rama de Análisis de Riesgo (Risk Analysis Branch) de la oficina Regional de FEMA, para la revisión de los mapas”, respondió FEMA por escrito.
Mientras, el coordinador del NFIP en Ponce opinó que esa petición final debería generarla el consorcio LLPT, aunque reconoció no saber si se había disuelto.
Una alternativa, pero se queda corta
Aun así, las personas que entiendan que su residencia o comercio supera la elevación mínima de una zona inundable, pero que por años han sido obligadas a pagar una póliza de seguro, pueden solicitar -por su cuenta- la enmienda del mapa a través de un mecanismo provisto por FEMA.
Se trata del Letter of Map Amendment (LOMA), que se completa en línea y requiere que la persona presente evidencia que sustente su petición. No obstante, como la petición debe ser certificada por un ingeniero o arquitecto, conlleva un gasto para quien haga el reclamo.
“Si al pedir una carta de enmienda al mapa (LOMA), FEMA determina que la estructura está a una elevación fuera de la zona de alto riesgo, el requerimiento federal de tener que mantener ese seguro no le aplica”, explicó FEMA.
No obstante, la agencia aclaró que esta gestión no garantiza al solicitante que terminará librándose del requerimiento del seguro.
Esto, ya que “la casa hipotecaria puede todavía requerirlo, si así lo desea, y FEMA no puede intervenir en esa decisión. Si el banco que tiene la hipoteca quiere que la estructura tenga seguro, el propietario de la estructura tendrá que comprar el seguro, aunque tenga LOMA”, sentenció FEMA.
Asimismo, si FEMA aprueba un LOMA para determinada estructura, esto no implica que los vecinos se beneficiarán de la gestión.
“El LOMA se va a enfocar en la estructura de la persona que lo somete. Entonces, existen casos donde los vecinos se han beneficiado con una persona que sometió el LOMA. Pero no existen garantías y cada caso es particular”, indicó FEMA.
La Perla del Sur preguntó al ingeniero Edgar Velázquez Montalvo cuántas personas de Ponce han utilizado el mecanismo de LOMA y respondió que, antes de la entrevista, “había hecho una búsqueda y no había encontrado evidencia”.
