La empresa Elite Towers construyó de manera ilegal una torre de telecomunicaciones en el sector San Germán del barrio Indios de Guayanilla, aseveró hoy el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez.
El legislador indicó que Elite Towers no tenía un permiso especial para tirar hormigón en la base de la torre durante la madrugada, como hizo el pasado 10 de mayo.
“De 8:00 de la noche a 7:00 de mañana hay un permiso especial que permite la construcción y se pudo haber solicitado. No se solicitó. Ahí es que está la falta”, señaló el presidente cameral en una rueda de prensa en el Capitolio.
“Por eso es que los residentes, en su mayoría mayores de edad, reclamaban que había un ruido, porque eran las 3:00 o 4:00 de la mañana”, agregó en referencia al cuestionamiento que vecinos y el representante José Rivera Madera hicieron a la Policía de Puerto Rico sobre la existencia del permiso especial, mientras agentes daban seguridad a trabajadores contratados por la empresa.
Según Hernández Montañez, el propio Departamento de Seguridad Pública confirmó la ausencia del permiso especial luego de un requerimiento de información que le hizo la Cámara.
Por tal razón, dijo Hernández Montañez, el arresto del representante por el Distrito 23 fue ilegal.
Esa madrugada, el legislador fue detenido junto a los ciudadanos Jimmy Borrero Costas y Manuel Díaz Pérez en la carretera PR-335, a pasos del área de construcción, por presuntamente tratar de impedir el tiro de hormigón.
“Esta construcción se hace en un horario ilegal y él (Rivera Madera) va a explicarle (a la Policía) que se necesita un permiso especial, él va a preguntar, a hacer su trabajo, a verificar si el ejecutivo hizo su trabajo”, sostuvo. “Por hacer su trabajo, (ejercer) sus prerrogativas constitucionales, es arrestado de manera ilegal”.
Las expresiones de Hernández Montañez surgieron un día después de que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informara que le recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar a Rivera Madera.
Según el presidente cameral, el arresto de Rivera Madera tuvo el objetivo de “descarrillar una investigación en curso” de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de la Región Suroeste, presidida por Ángel Fourquet Cordero, sobre cómo Elite Towers obtuvo los permisos para levantar una torre de telecomunicaciones en el barrio Indios.
Fourquet Cordero explicó que el 9 de mayo se citó a varias agencias gubernamentales a comparecer a una vista ocular en el área de construcción el 11 de mayo, para responder preguntas sobre el caso.
Mientras, Elite Towers solicitó escolta policiaca y llegó el 10 de mayo, a las 3:00 de la madrugada, para depositar el hormigón, sin permiso y sin notificación previa a la comunidad. Rivera Madera se presentó al lugar, requirió información sobre el permiso especial a la Policía y luego fue arrestado.
Debido a la detención, la vista ocular del 11 de mayo fue suspendida.
Hernández Montañez dijo que en este caso “se utiliza la fuerza del Estado para acallar a la Cámara de Representantes”.
En ese sentido, mostró su respaldo a Rivera Madera.
“Para que conste en el récord, como institución, la Cámara de Representantes estamos con nuestro compañero José Rivera Madera”, afirmó.
En la conferencia de prensa, empero, el legislador no se expresó sobre el arresto de Jimmy Borrero Costas y Manuel Díaz Pérez. Ambos fueron acusados por violar el artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico, que tipifica como delito la obstrucción o paralización de obras, y enfrentan vista preliminar el 24 de agosto.
Luego de que el juez Hamed Santaella Carlo desestimara la demanda que presentaron en su contra el Gobierno Municipal de Guayanilla y tres residentes del sector San Germán, Elite Towers levantó la torre de telecomunicaciones en el barrio Indios el pasado viernes, 4 de agosto.
“el artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico, que tipifica como delito la obstrucción o paralización de obras”. Lo que no menciona es que esas obras tienen que ser LEGALES, o sea, contar con los permisos correspondientes. La ambigüedad de ese artículo lo hace inconstitucional…