Una de las más recientes amenazas que ha enfrentado el patrimonio histórico edificado del sur de Puerto Rico ocurrió luego de los terremotos del 2020, cuando presuntos ingenieros marcaron propiedades de forma indiscriminada, como candidatas a demolición.
A modo de anécdota, el arquitecto restaurador Pablo Ojeda O’Neill narró este hecho la semana pasada, durante un recorrido por casas históricas de madera del centro urbano de Ponce y mientras daba a conocer la Iniciativa de Conservación de Arquitectura Puertorriqueña en Madera del Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico (CENCOR).
Mediante este proyecto se realizarán talleres, investigaciones, capacitaciones y publicaciones para educar a expertos y a la comunidad sobre la importancia de rescatar y proteger este patrimonio.
“Ustedes saben que los desastres son oportunidades para ciertas gentes. Llegan donde hay una guerra civil, un terremoto o un huracán, porque entienden que hay recursos disponibles y baratos. Pues aquí llegaron varias empresas de ingenieros de Estados Unidos, no se sabe contratadas por quién, ni nada”, recordó Ojeda O’Neill en una charla con periodistas.
Para esa fecha, el arquitecto dirigía el Programa de Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y comenzó a ver cómo proliferaban las marcas rojas frente a propiedades históricas de varios pueblos del suroeste, la zona más afectada por los sismos.
“Empezaron a poner unas X rojas en las fachadas y unos números, y los propietarios histéricos (preguntaban) ‘¿qué son esas X rojas en mi fachada’”, relató. “Y claro, era que (querían) demoler, porque (decían que) no se sostenían, porque somos ingenieros y decimos que eso no se sostiene y hay que tumbarlo”.
Ante eso, el ICP creó unas pegatinas que identificaban a las propiedades como protegidas.
“La campaña para contrarrestar eso fue un sticker que declara la casa protegida por el Instituto de Cultura. Y tenía un teléfono para que, si (la persona) quería hacer algo con ella, tenía que llamar a la oficina”, señaló el presidente de la Junta de Gobierno de CENCOR.
“Nos matamos pegando de esos por todos lados”, agregó. “Fue la manera de contrarrestar diciendo ‘ojo, esto está bajo nuestra protección, así que cuidado con lo que van a hacer’”.
Ojeda O’Neill no tiene claro de dónde llegaron esos supuestos ingenieros, pero dijo que no parecían trabajar en las empresas contratadas por el gobierno para inspeccionar las propiedades afectadas por los terremotos.
“Esas (las que contrató el gobierno) ya nosotros sabíamos quiénes eran y les teníamos las regulaciones, pero estos otros decían ‘no, para ayudar a Puerto Rico’”, indicó. “Yo desautoricé a esa gente”.
Estorbos públicos: otra amenaza
Antes y después de estos sucesos, la clasificación de propiedades como estorbos públicos -por parte de los gobiernos municipales- también han puesto en riesgo propiedades históricas abandonadas.
“Lo primero que hacen con el patrimonio es ponerle el papel (de estorbo público)”, denunció.
Ojeda O’Neill recordó que, en el caso de Ponce, tuvo que remover notificaciones de estorbos públicos e intervino con la empresa que las colocó, por violentar la reglamentación de la zona histórica.
“Llamé a la empresa como director de Patrimonio (del ICP) y le dije ‘nene, no, estás en zona histórica declarada. Aquí hay unos reglamentos distintos a cualquiera otra cosa que le pongas el (aviso de) estorbo público’”, señaló.
“Y lo que hacíamos nosotros era que le proveíamos a esa empresa el listado de propiedades que ni para allá podías mirar. (Les decía) Lo demás no me importa, pero esto en el centro de Ponce, de Yauco, de Guayama, no lo puedes tocar. Son zonas históricas declaradas”, manifestó.
Ojeda O’Neill añadió que para garantizar la protección del patrimonio histórico edificado “hay que ser bien vigilante y proactivo, dentro de las capacidades legales que se tengan”.
¿Que ha expresado, si algo, el pillo y guanajo que tenemos de alcalde en Ponce: el “flamante” , “laborioso” e “intelectual”, Luis Irizarry-Pabón, en cuanto a todo esto?