Líderes comunitarios de Guayama y Salinas repudiaron este miércoles que el gobierno de Puerto Rico “siga concediendo trato preferencial” a la empresa AES Puerto Rico, al permitir que no cumpla con leyes ambientales y evada su responsabilidad social con el país.
“Esta es una empresa que, claramente, es criminal ambiental y que ha hecho lo que siempre ha querido. Ellos nunca toman responsabilidad sobre sus actos y lo triste es que quienes crean las leyes, se lo permiten”, sentenció Aldwin Colón Burgos, quien reside en la comunidad Miramar desde hace 47 años y es uno de los vecinos más cercanos a la central eléctrica privada.
Sus reacciones ocurrieron tras confirmarse que AES no pagó las multas que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) le impuso previo al paso de los huracanes Irma y María, cuando de forma temeraria retó directrices de la agencia para cubrir con material protector sobre 400 mil toneladas de cenizas apiladas a la intemperie en su solar industrial de Guayama y, finalmente, evadió la imposición de $95 mil en penalidades y recargos.
“Una vez más se demuestra la poca importancia que AES le ha dado a la protección del ambiente y a la protección de la salud de la gente”, declaró por su parte Víctor Alvarado Guzmán, cofundador de la organización comunitaria Diálogo Ambiental.
“A ellos realmente no les interesa eso. A ellos únicamente le interesa el dinero, ya sea ahorrándoselo, como ha sido en este caso, o aumentando sus ingresos, como ha ocurrido con el rescate millonario que le ha dado el Gobierno de Puerto Rico para seguir haciendo ganancias, a costa de la salud y de las vidas de la gente”, agregó.
Como ha reseñado La Perla del Sur, a pocos días de que ambos huracanes afectaran a la isla en el 2017, el DRNA dio órdenes directas para que personal de AES recubriera el material, evitara escorrentías tóxicas cargadas de cenizas y salvaguardara a comunidades vecinas de ráfagas cargadas con el desecho gris.
El entonces presidente de AES Puerto Rico, Manuel Mata Merino, ignoró las mismas.
A una semana del embate de María, este medio documentó con fotografías cómo la montaña se erosionó a causa de las lluvias y ráfagas de la tormenta.
Poco después, el 3 de octubre de ese año, muestras de agua tomadas del subsuelo bajo la montaña de cenizas detectaron el doble de la concentración de arsénico, en comparación con una muestra previa tomada el 12 de septiembre.
Las cenizas de AES no solo son solubles en agua. También acarrean un coctel de metales pesados, entre ellos arsénico, al igual que otros elementos cancerígenos, como el cromo hexavalente.
De otra parte, la abogada Ruth Santiago Quiñones criticó no solo cómo la empresa privada ha “evadido responsabilidades”. También repudió aseveraciones de su actual presidente, Jesús Bolinaga Serfaty, quien en una vista pública cameral efectuada la semana pasada alegó que AES Puerto Rico cumple con leyes ambientales, federales y locales.
“Eso es otra mentira más”, puntualizó. “Él dijo muchas mentiras en ese testimonio ante la Cámara de Representantes, mintió sobre eso, sobre su cumplimiento ambiental y mintió sobre las demandas y reclamaciones hechas en contra de la compañía, principalmente, por los daños de sus cenizas tóxicas”.
“En República Dominicana, por ejemplo, fueron demandados y tuvieron que pagar para para salir del pleito, aunque nieguen la responsabilidad”, añadió quien durante el pasado cuatrienio perteneció al Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca.
Sobre las aseveraciones de Bolinaga Serfaty, Colón Burgos planteó que “las mismas multas que le han impuesto a AES demuestran lo contrario y los múltiples estudios que se han hecho al acuífero del área evidencian que la planta no está en control”.
“Honestamente, no sé cómo es que esta compañía, que claramente es criminal, que ha violado la Ley de Agua Limpia y de Aire Limpio por años, por décadas, sigue en pie”, agregó.
