La duración promedio de los apagones aumentó a 1,268 minutos anuales, lo que representa 25 minutos más que el promedio previo a la llegada de LUMA Energy en 2021.
Así lo reveló este miércoles Jonathan Castillo Polanco, profesor en salud ambiental y cambio climático, en el foro: Privatización de la energía, ¿ahora qué?.
El encuentro buscó aclarar interrogantes sobre la privatización energética en Puerto Rico.
Ricardo Santos Ramos, expresidente de UTIER, señaló que “el abandono del mantenimiento de las instalaciones de generación responde a una acción deliberada del Gobierno para impulsar la privatización de la AEE”.
Además, destacó que con la administración de LUMA Energy, más abonados han experimentado apagones extendidos.
Santos Ramos añadió que, tras la privatización, aproximadamente 3 mil trabajadores de la empresa pública se trasladaron a otras áreas del gobierno, lo que significa que el conocimiento acumulado ahora se encuentra disperso.
Por su parte, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez manifestó la urgencia de que LUMA Energy dé una respuesta a la situación actual en la isla.
Advirtió que la crisis energética tiene raíces profundas y que la reconstrucción será un desafío primordial para Puerto Rico, especialmente con los fondos asignados por el gobierno estadounidense. “De $10 mil millones destinados, solo se han utilizado $40 millones debido a burocracia y la gestión de LUMA Energy”, destacó Emmanuelli Jiménez.
Por su parte, Jocelyn Velázquez Rodríguez, del colectivo Se Acabaron las Promesas, hizo hincapié en la desigualdad que genera la implementación de sistemas solares en hogares, ya que las comunidades más vulnerables no pueden adquirirlos y siguen conectadas a una red eléctrica deficiente.
“El servicio de electricidad debe ofrecerlo el gobierno como uno esencial. No debe ser privatizado como cualquier mercancía para la venta”, denunció Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
