El más reciente Informe de Auditoría de la Oficina de la Contralora sobre la Alcaldía de Ponce reveló incumplimientos relacionados con la adjudicación de contratos sin contar con las cotizaciones requeridas, mantener cheques en circulación por hasta 58 meses y aprobar transferencias presupuestarias sin el aval de la Legislatura Municipal.
El Informe de Auditoría OC-24-27, emitido el 15 de diciembre de este año, cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. Por lo tanto, los incumplimientos se hicieron durante las administraciones de la pasada alcaldesa María Meléndez Altieri y del actual incumbente -hoy suspendido- Luis Irizarry Pabón.
Según la contralora Yezmín Valdivieso, este es el segundo informe de una auditoría tenía el objetivo de determinar si las operaciones fiscales del municipio se efectuaron de acuerdo con el Código Municipal de 2020, la Ley de Municipios de 1991 y el Reglamento Municipal de 2016.
“Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las operaciones del municipio objeto de este informe se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos del 1 al 5”, lee el informe.
Hallazgo 1
El 21 de febrero de 2020, el municipio otorgó un contrato de $84,500 para la construcción de una verja y tres mallas en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, y seis días después lo enmendó para elevarlo a $144,500. Esto, para agregar la construcción de tres pórticos. La acción fue irregular porque debió haber solicitado tres cotizaciones para entonces adjudicar ese nuevo trabajo al mejor postor.
En respuesta al señalamiento de la Contralora, el ayuntamiento dijo que no se habían solicitado cotizaciones adicionales porque la temporada del Baloncesto Superior Nacional estaba por comenzar y los Leones de Ponce jugarían en el Pachín Vicéns.
Hallazgo 2
La Contraloría encontró que, al 15 de junio de 2022, las conciliaciones bancarias tenían de seis a nueve meses de retraso. Las conciliaciones de las cuentas de Nómina y Concentración se habían hecho por última vez en noviembre de 2021, y la conciliación de la cuenta de Libramiento databa de agosto de 2021.
Además, al 11 de julio de 2022, 235 cheques por un monto de $98,723 de las cuentas de Nómina y Libramiento habían permanecido en circulación de siete a 58 meses sin ser cancelados, cuando se supone que eso se haga a los seis meses de emitidos.
En respuesta al señalamiento, la directora de Finanzas, Damaris Suliveres, reconoció que delegó esa función en un contador y no lo supervisó, y agregó que el retraso venía desde la administración de Meléndez Altieri.
No obstante, como medida correctiva, la alcaldía emitió una carta circular regulando el proceso y comenzó a cancelar los cheques, lo que dijo esperaba haber finalizado este año.
Por otra parte, la Contraloría concluyó que el tesorero municipal de la presente administración no mantuvo un inventario de los cheques en blanco y las libretas de recaudaciones. Igualmente, se determinó que, de enero de 2018 a julio de 2022, el ayuntamiento no mantuvo constancia escrita de la preparación y aprobación del Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos, que se supone tenga la firma de la directora de Finanzas.
Hallazgo 3
La Contraloría identificó que se hicieron transferencias de créditos entre partidas presupuestarias sin el consentimiento de la Legislatura Municipal.
El 5 de febrero de 2020, el entonces director de Finanzas, José León Gaud, hizo una transferencia de crédito por $649,050 que rebajó las asignaciones presupuestarias de 39 partidas de servicios personales, con una resolución que no estaba firmada por la entonces alcaldesa y sin tener la aprobación de la Legislatura.
También se documentó que se remitieron a la Legislatura, con retraso, 39 resoluciones de Meléndez Altieri para estos fines.
Hallazgo 4
Este hallazgo está relacionado con el Programa de Asistencia Económica para el pago de hipotecas atrasadas debido a la emergencia de Covid-19. El 30 de diciembre de 2020, la alcaldía pagó $128,860 por concepto de dinero adeudado por 31 dueños de viviendas. El Contralor concluyó que, en 24 de esos 31 casos, los expedientes carecían de la certificación de que la persona beneficiaria no había recibido asistencia de otro programa federal, que era un requisito para otorgar la ayuda.
Hallazgo 5
Se determinó que la encargada de la propiedad en la alcaldía no realizó el inventario físico anual de la propiedad mueble para los años fiscales 2018-2019 al 2020-2021.
En respuesta al hallazgo, Irizarry Pabón dijo que se tomaron medidas para corregir la situación como asignar más personal para esta tarea y proporcionarles los adiestramientos correspondientes.
Comentarios «especiales»
El informe del contralor también consigna cuatro “comentarios especiales”:
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El municipio tuvo que devolverle $100 mil al gobierno federal por haber comprado un sistema de energía solar, por un monto de $107,493, sin obtener tres propuestas previamente. Esto ocurrió en el 2016 y el pago se realizó en el 2021.
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La alcaldía transó, en el 2021, dos demandas de empleados municipales, una por $35 mil y otra por $15 mil, que se habían presentado bajo la administración de Meléndez Altieri.
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Al 30 de agosto de 2022 estaban pendientes de resolución por los tribunales 17 demandas civiles contra el municipio por $4,709,215. Las causales eran daños y perjuicios, cobro de dinero, incumplimiento de contrato, represalia y discrimen.
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Todavía la alcaldía no había cobrado $80,952 correspondientes al Informe de Auditoría M-16-49. Irizarry Pabón respondió que habían demandado al contratista en el 2022 para recobrar el dinero.
