Tras el abandono recurrente de adultos mayores en los centros hospitalarios de la isla, fue presentada una medida legislativa que impondría penas a los responsables, al catalogar la acción como un delito.
El Proyecto de la Cámara 2032 fue radicado por los representantes José Rivera Madera y el presidente del Partido Popular Democrático, el representante Jesús Manuel Ortiz.
Según datos provistos, al menos 3,763 adultos mayores vulnerables, con edad de 60 años o más, han sido abandonados en instituciones médico-hospitalarias desde 2017.
“La Asociación de Hospitales de Puerto Rico, así como administradores de dichas entidades han catalogado este asunto como un creciente patrón de abuso con una marcada mayor tendencia de abandono hacia los pacientes de salud mental. A nuestro juicio esta acción no solo es deplorable sino inhumana”, señaló Rivera Madera, autor de la medida.
La pieza legislativa impondría responsabilidad a cualquier familiar o tutor legal, así como a toda persona que esté a cargo de cualquier adulto mayor para su atención, cuidado o asistencia, y le abandone o deje en cualquier lugar, incluyendo instituciones médico-hospitalarias, con el propósito de desampararle o cuando como resultado del acto de abandono se ponga en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual de la persona adulta mayor.
El representante explicó que cuando el adulto mayor que recibe el alta médica provenga de un hogar de cuido, este último tendrá la responsabilidad incondicional de recibirlo nuevamente.
“En los casos donde el adulto mayor requiera atención especializada 24 horas que no puede ser provisto por el hogar de cuido, será de absoluta responsabilidad de este (hogar) localizar o proveer a las agencias pertinentes la información disponible para localizar a los familiares, tutores legales o personas legalmente responsables de este paciente”, explicó Rivera Madera.
“La institución médico-hospitalaria vendrá obligada a querellarse ante el Negociado de la Policía de Puerto Rico y hará disponible la información para que el Negociado colabore en el proceso de encontrar a la persona responsable del adulto mayor”, añadió el legislador.
Además, tanto el Departamento de la Familia como la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, deberán conducir las investigaciones necesarias para fijar responsabilidad, de ser necesario.
Una vez convertida en ley esta legislación, será el Departamento de Justicia el responsable de iniciar las acciones legales correspondientes en contra de un familiar, tutor legal o las personas legalmente obligadas del adulto mayor para recobrar los fondos invertidos por el Estado, los cuales se han estimado en hasta $70 millones al año.
