Llegó puntual a la cita, saludó a cada uno y prontamente buscó tema de tertulia, como quien gusta que los demás lo recuerden humano, sin prepotencia ni idolatrías.
A los pocos minutos, aceptó iniciar la entrevista, tomó asiento y durante una hora contestó a todas las preguntas con torería, sin obviar ni medir palabras.
Juan Dalmau Ramírez, el candidato que más de una encuesta ha posicionado en el segundo lugar de preferencia para la contienda a la gobernación de noviembre próximo, respondió así a interrogantes puntuales y colectivas sobre temas que resultan vitales para el presente y futuro de Puerto Rico.
Entre ellas, charló sobre el modelo económico que propone armar en un país dependiente de inyecciones de capital federal, sobre una “reingeniería” del gobierno central, de cómo le haría frente a la Junta de Control Fiscal y la creciente crisis de vivienda asequible para jóvenes y la clase trabajadora.
Esto como parte de un proyecto editorial de La Perla del Sur para ahondar en las propuestas de quienes aspiran tomar control del timón gubernamental por el próximo cuatrienio.
A continuación, los relatos más relevantes del diálogo:
- Ante la creciente dependencia gubernamental de asignaciones federales para impulsar y proyectar actividad económica en el país, ¿qué modelo de crecimiento y desarrollo propone?
“Tenemos que modernizar la manera en que Puerto Rico concibió el tratamiento de empresas extranjeras. ¿A qué me refiero? A que actualmente el modelo que se está utilizando es el de mediados del siglo pasado.
Aquí hay empresas manufactureras que pagan cero en contribuciones de sus ganancias. Se llevan sus ganancias de aquí, pero no invierten aquí.
Entonces estamos enfrentando algo que no menciona ningún otro candidato en estos momentos. A nivel mundial se ha llegado a un entendido para un impuesto global de un 15 por ciento (sobre ganancias de las compañías multinacionales), del cual los Estados Unidos es parte.
Es decir, si las matrices de empresas que están en los Estados Unidos tienen subsidiarias en otros lugares del mundo, si no pagan contribuciones del 15 por ciento en esos lugares, lo tienen que pagar en los Estados Unidos.
Así que el tema no es si pagan, porque van a pagarlo. Es dónde.
Entonces, yo he propuesto que, dándose el caso que ya eso es un entendido a nivel global que está en transición para cumplimiento, que en Puerto Rico a esas empresas que son subsidiarias de matrices en los Estados Unidos se le imponga un 15 por ciento de contribución.
¿Cómo se quedan en Puerto Rico? Devolviéndole en beneficios no contributivos.
Eso es lo que se está haciendo en el mundo entero. Por ejemplo, la subsidiaria paga aquí un 15 por ciento con respecto a sus ganancias, pero entonces el gobierno le devuelve lo que son beneficios como, por ejemplo, expansión de infraestructura, lo que puede ser créditos por tecnología de energía renovable, lo que puede ser cuidado de niños para sus empleados y empleadas, en términos de que eso abarata costos y es más productivo el empleado o la empleada con respecto a sus funciones.
Lo que se ha hecho en otros lugares del mundo es ofrecerles beneficios, por ejemplo, de adiestramiento de mano de obra. Eso no le cuesta a la empresa. Y le estás devolviendo la inversión que hacen en el pago de sus contribuciones.
Eso, a la vez, permite tener un fondo para desarrollo empresarial en Puerto Rico.
Una vez nosotros recibimos ese dinero, nos permite reducir las contribuciones de las corporaciones puertorriqueñas, que hoy día representa más de un 30 por ciento.
Tienes extranjeras que pagan cero o pagan un cuatro por ciento por el arbitrio especial, que es un arbitrio que tiene sus días contados, o le imponemos ese 15 por ciento a las extranjeras y podemos bajar las contribuciones de las empresas puertorriqueñas, lo que las hace más competitivas y esos fondos lo pueden utilizar para emplear más personas, para ampliar sus operaciones.
Es un diseño distinto de cómo era antes. Antes era, si eres una empresa extranjera no te toco ni con el pétalo de una rosa. Ahora es ‘No, yo quiero que tú inviertas con respecto a tus obligaciones contributivas, en una tasa competitiva con el mundo entero’.
Empresas que se han ido a Puerto Rico pagan incluso más de un 20 por ciento, pero les devuelven y abaratan costos operacionales, haciéndolas más competitivas.
Y eso es un modelo que aquí no se está discutiendo. Y viene.
Lo que puede ocurrir es lo que nos pasó con las 936: sabíamos que venía la eliminación de las 936 y por la ceguera ideológica del Partido Popular y del PNP, por siempre pensar que habría algún incentivo especial, pues, no nos preparamos y nos cogieron con una mano a’lante y una atrás.
Se desmantelaron las 936, se perdieron decenas de miles de empleos y Puerto Rico perdió competitividad en ese renglón de la economía”.
Junto al arbitrio global -que podría significar hasta $3,800 millones en nuevos ingresos anuales, el Gobierno de Puerto Rico debe adoptar a sus regiones como zonas especializadas y motores de actividad económica, agregó Dalmau Ramírez.
“Por ejemplo, en la región sur nosotros tenemos un puerto de transbordo que no ha sido utilizado a su máximo. No solamente el puerto como un lugar para lo que puede ser el acarreo de materiales que se importan o exportan desde Puerto Rico, sino que se ha limitado el tema del turismo por los cruceros que pueden llegar.
Se ha evitado desarrollar las áreas aledañas. Yo creo que hay que desarrollar esas áreas en centros de distribución y en un foco de actividad económica, utilizando ese haber de infraestructura que tiene Ponce.
Igualmente, en el tema de la zona central sur, uno tiene a Adjuntas, Jayuya, que son parte de lo que es este distrito, en donde tienes un área agrícola muy rica que podría desarrollarse mucho más.
En la zona oeste de Puerto Rico tú tienes muelles, tienes aeropuertos, tienes, al igual que Ponce, dos recintos universitarios importantes, el Recinto Universitario de Mayagüez, el Recinto Universitario de Aguadilla, que son centros de desarrollo del conocimiento y tecnología.
Podríamos en la zona oeste, por sus accesos a aeropuertos, establecer vínculos con las Antillas Mayores, particularmente con República Dominicana, para intercambio comercial. En la zona este, con las Antillas Menores y con Centroamérica.
Debemos desarrollar cada polo en las distintas dimensiones, agrícola, turismo, lo que son empresas de manufactura, lo que pueden ser empresas de alta tecnología, de acuerdo a sus particularidades”.
A juicio del candidato, esta visión, junto al capital del arbitrio global, volverían viables dos propuestas adicionales: el Instituto de Preparación Empresarial y el Fondo Especial para Desarrollo Empresarial Puertorriqueño.
“Hay personas que pueden tener una buena idea de negocio, pero no necesariamente tienen la experiencia para la ejecución. Y yo creo que, en ese sentido, ese instituto sumado al Fondo Especial para Desarrollo Empresarial Puertorriqueño se combinaría para facilitar que se desarrollen más Pymes (pequeñas y medianas empresas), cuyos empleos son de aquí, cuyo capital se queda aquí y que permite inyectar más dinero a la economía de cada uno de los pueblos”.
Mientras el fondo proveería capital y crédito a las Pymes -razón por la que 1 de cada 5 cierra en sus primeros dos años, según Birling Capital Advisors- el instituto gubernamental guiaría a los emprendedores en el proceso para establecer su negocio, planteó Dalmau Ramírez.
“También me parece que es importante facilitar la obtención de permisos para hacer negocios en Puerto Rico. Yo creo que se justifica el que se exija rigurosidad en la otorgación de permisos cuando hay un impacto ambiental, cuando hay un impacto en la salud, porque eso requiere unos estudios especializados.
Pero cuando se trata de una cafetería que está ubicada en una calle y cuando el dueño de la estructura dice ‘Mira, yo quiero esto para otro fin’, se mueven tres negocios más abajo en la misma calle, tienen que empezar de cero, buscando los permisos.
Meses cerrados, los empleados buscan otros empleos o simplemente se convierten en parte de la dependencia gubernamental.
Y yo creo que eso se debe facilitar, de manera tal que sí se fiscalice, se audite, pero que haya un nivel de hacer el modelo de negocios en Puerto Rico más accesible”.
Dalmau Ramírez añadió que estas estrategias deben implementarse junto a la eliminación o exención en la isla de las leyes de cabotaje.
“Hay precedentes. Las Islas Vírgenes estadounidenses están exentas del pago de la marina mercante de los Estados Unidos y la aplicación de las leyes de cabotaje, un territorio estadounidense como Puerto Rico.
El impacto anual en el bolsillo del consumidor ronda entre los $800 millones y los $1,000 millones, y aunque en el pasado ha habido consensos, en estos momentos Jenniffer González es una defensora de la Ley de Cabotaje y ha recibido, incluso, reconocimiento de las empresas estadounidenses que se benefician de que en Puerto Rico nos salgan más caros los productos.
En ese sentido, parte de lo que el país va a tener que calibrar al momento de decidir por quién votar es quién quiere que tú tengas más dinero en el bolsillo y más capacidad de tener productos más baratos, o va a ser la visión de Jenniffer González de continuar con un esquema, que es de principios de siglo pasado, para que Puerto Rico se viera obligado a un monopolio. El país que habla del libre mercado, a nosotros nos obliga a un monopolio”.
Esta propuesta, subrayó, debe reclamarse ante el Congreso de los Estados Unidos con un frente multisectorial.
- ¿Apoya que el Gobierno de Puerto Rico establezca el presupuesto base cero?¿Concibe una reestructuración gubernamental?
“El modelo base cero es uno adecuado para garantizar que lo que se gaste por agencia sea, en efecto, lo que hay presupuestado, pero no debemos replicar los modelos actuales, que no necesariamente están dando prioridad a los servicios sociales y esenciales que hay que tener.
Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Puerto Rico y sus 11 recintos, yo veo el acceso a la educación como un derecho humano. En el Departamento de Salud hemos visto un monstruo burocrático cuyo fondo no está llegando a los problemas de los pacientes. El Departamento de Educación tiene un presupuesto consolidado de $5 mil millones, con menos escuelas, menos maestros, menos estudiantes y peores niveles de aprovechamiento académico. ¿Dónde está ese dinero? En el salón de clases no está.
El edificio de la Chardón, por ejemplo, debería estar vacío, porque está lleno de burócratas a quienes les dan premios políticos partidistas para puestos, salarios, contratos y, al final del camino, no solamente ese dinero no llega al salón de clases, es que tampoco cumplen una función.
Así que hay que reformar las estructuras de gobierno para que ese presupuesto se utilice bien y se le dé la prioridad a las áreas que se han dejado en el olvido. Hay que hacer una reingeniería.
El reto es la Junta de Control Fiscal. La junta no solamente es un ente antidemocrático que domina muchos aspectos de política pública, entre ellos, uno fundamental que es el presupuesto.
Yo creo que eso va a ser un proceso político que también tenemos que asumir como país, de exigirle al Congreso que, si bien es cierto que Puerto Rico necesitaba unas protecciones con respecto a los acreedores, eso no requería la imposición de una Junta de Control Fiscal cuya visión filosófica es el desmantelamiento de servicios gubernamentales que son esenciales para la ciudadanía”.
- ¿Cómo lo haría?
“Yo la enfrentaría con un proceso en donde se convoquen los múltiples sectores en Puerto Rico, los sectores empresariales, los sectores de la salud, los sectores de los trabajadores, los sectores estudiantiles, los sectores políticos, es decir, la representatividad más amplia de la sociedad puertorriqueña, para que vayamos ante el Congreso con una sola voz, pero también en comparecencias conjuntas ante los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos para desenmascarar, no solamente lo que representa en términos antidemocráticos la junta, sino cómo nos asfixia económicamente.
Y en ese proceso yo no puedo pensar que haya estadistas o que haya libre asociacionistas o del partido popular o independentista que crean que la junta es algo bueno. Creo que algunos vivieron el engaño de que ellos venían a limpiar la clase política y, sin embargo, vemos que los casos de corrupción siguieron, el amiguismo en la contratación siguió, la pérdida de fondos federales siguió.
Ellos vinieron realmente a garantizar el pago a los bonistas, aunque fuera desmantelando el país.
Por lo tanto, ante el fracaso de la junta, hay que presionar al Congreso. Y creo que en eso hay que activar también a la diáspora, para crear esa conciencia. Más de la mitad de la población puertorriqueña vive fuera de Puerto Rico.
Y cuando lo hemos hecho en conjunto se ha logrado. Se logró no solamente en el tema de Vieques, se logró también en el tema del verano del 19, en un contexto más de aquí por la renuncia de Ricardo Rosselló. Se ha logrado también en momentos trágicos como María, (cuando) nos ayudamos nosotros mismos desde nuestras comunidades y como país.
Nosotros somos un pueblo que cuando podemos llegar a amplios consensos logramos resultados positivos”.
- En materia de salud pública, ¿qué propone?
“Propongo el que en Puerto Rico se adopte un plan universal de salud donde una corporación pública sin fines de lucro sea el pagador directo y único a los proveedores de servicios.
Ellos administrarían en esa corporación los fondos de salud, que son cerca de $6 mil millones. El problema no es falta de dinero. Esos son fondos federales, fondos estatales, fondos del pago de primas de patronos, fondos de individuos que pagan primas también de seguro. Y, por lo tanto, esos fondos sean administrados por una junta de gobierno en esa corporación, que sean representantes de los actores de la salud.
Ejemplo: debe haber representación de los pacientes, debe haber representación de pacientes que han sido víctimas de impericia médica, debe haber representación de hospitales, de médicos, de farmacias, de laboratorios, de manera tal que diseñan las fórmulas y formas de pago directa al proveedor de servicios, y de esa forma sacar del medio a los intermediarios que son hoy día los planes médicos privados, que tienen una tiranía sobre nuestro sistema de salud.
Y en ese sentido no se trata de prohibir los planes médicos privados. Van a seguir operando los que quieran seguir operando, pero van a tener que ser más competitivos, con precios más accesibles sobre el pago de su prima, con mejores servicios.
Pero ese no es el modelo que existe hoy día. Hoy día los planes médicos son unos depositarios de los fondos de salud, tardan muchísimo en pagarle a los proveedores de servicios cuando autorizan los servicios de salud que debe dar ese proveedor.
Y lo digo porque mi mamá es farmacéutica, todavía está trabajando. Mami tiene ya 77 años y trabaja en una farmacia de la comunidad. Mami me cuenta cómo personas adultas mayores van con su receta y cuando le dicen cuánto tiene que pagar del deducible, porque el plan médico no le cubre, entonces le dicen: ‘En vez de las 30 pastillas, dame 10 y yo las pico’.
Esas personas mayores no están recibiendo tratamiento de salud. Tenemos que dirigirnos a esa fórmula.
Y en el pasado me han preguntado: ‘Y eso, ¿se puede con los fondos federales?’ Se puede. Hay unos fondos federales en bloques que se reciben en Puerto Rico que pueden ser administrados por el territorio y pueden ser parte de ese presupuesto.
Solamente hay uno, que es el Medicaid. Y en el caso del Medicaid, CMS otorga lo que llaman unas excepciones, o en inglés unos wavers. Y esos wavers permiten que (las asignaciones) pasen en bloque, en lugar de que sean solamente a individuos. Y eso permite una mayor administración en Puerto Rico.
Ya hay un precedente, también ocurrió después de María, se nos dio un waver con respecto al uso de esos fondos para poder acelerar los procesos de atención médica.
Así que yo estoy convencido, y no solamente que lo estoy, es que quienes prepararon esta propuesta son todos expertos de la profesión médica, pero también expertos en administración de salud pública, en lo que son las diversas manifestaciones de nuestra red de tratamiento médico”.
- ¿Qué tiempo tomaría la transición, construir el modelo del pagador único y la transición. ¿Eso ocurriría, si fuera favorecido, en enero?
“No. Para esa transición ordenada tiene que haber una primera etapa donde se establezca la estructura corporativa pública del ente que administraría esos fondos. Tienen que diseñar las fórmulas y modos de pago. Luego se transicionaría entonces a la identificación de los proveedores de servicios, quienes participarían…
Pero yo creo que debería tomar un año, un año y medio la totalidad de esa transformación”.
- En el ámbito de vivienda, ¿qué propone Juan Dalmau?
“Nosotros proponemos la revitalización de cascos urbanos. Aquí lo que ha ocurrido es que el sector de la construcción se ha concentrado en el desparramamiento urbano para la nueva construcción de lo que son Walk Ups o lo que pueden ser condominios, pero siguen desparramándose, cuando hay cascos urbanos que están impactados por la construcción con estructuras abandonadas.
Por ejemplo, uno visita un pueblo de Puerto Rico y cuando va al casco urbano es un pueblo fantasma. En la medida que se revitalicen esas áreas y se haga accesible la residencia, va a ser atractivo para la incorporación de comercios, porque van a consumir desde el gobierno”.
- Si las propiedades son privadas, ¿cómo las revitaliza?
“En primer lugar, creo que tenemos que enmendar el Código Civil para evitar los desahucios acelerados, pero al mismo tiempo tenemos que establecer unas reglas con lo que son estructuras que están abandonadas, ya sea por pugnas relacionadas a herencias o por personas que se fueron de Puerto Rico.
Hay que establecer unos criterios para que las partes lleguemos a un entendido, pero cuando pasan un término definido y no hay tal entendido, ya sea por peleas entre herederos o porque la persona abandonó la propiedad, pero no la vende, no la cuida y de eso está a cargo el gobierno municipal o estatal, que con el gobierno municipal o estatal se cree un entendido para una expropiación adecuada.
Si no se puede, un juez tiene que decidir, pero tienen que finiquitarse esos procesos que hoy día son interminables. Hay algunas propiedades que bajo esas pugnas llevan décadas abandonadas, que se pueden utilizar para desarrollo comunitario de viviendas y desarrollo comercial, en la medida en que no tiene residentes”.
- La Ley 212 para la Revitalización de Centros Urbanos brindaba beneficios contributivos a quienes desarrollaran viviendas en esas zonas deprimidas. En lugar de expandir el modelo, que había probado éxito en Ponce, el gobierno de Luis Fortuño decidió eliminarla. ¿Han concebido algo parecido?
“Ese es precisamente el proyecto de revitalización. Aquí hay unos fondos de reestructuración que se pudieron haber utilizado precisamente para esos proyectos, para ampliar los modelos que han funcionado en unas áreas específicas. Y yo creo que eso es algo que hay que fortalecer.
Hay unas áreas ya impactadas, no tienes que afectar áreas que son reservas naturales, reservas agrícolas o simplemente áreas verdes para la protección ambiental de un archipiélago, que en Puerto Rico somos territorialmente limitados y, por lo tanto, ese es el tipo de modelo que deberíamos ver.
Pero hay dos cosas que hay que tener presente. Uno de los modelos que hay que revisar es el modelo de incentivos que se otorga en Puerto Rico, porque aquí en ocasiones se otorgan sin tener el seguimiento de que el incentivo que otorgué está rindiendo frutos con respecto a lo que se prometió que se iba a hacer, ya sea inyección económica, creación de empleos o lo que puede ser, incluso, accesibilidad a vivienda en la revitalización de cascos urbanos con precios asequibles.
Y número dos, el hecho de que en el caso de ese tipo de modelo, que nos aseguremos que haya correspondencia con la revitalización y el prospecto de la población. La inversión que se hace en un municipio como Ponce, un área urbana enorme, densamente poblada, no puede ser igual a un municipio como el de Las Marías o como Luquillo. Son inversiones distintas y hay que modelarlo, de acuerdo a esa capacidad de habitantes”.
(Durante el mes de agosto, La Perla del Sur solicitó a los comités de campaña de Jenniffer González Colón, Jesús Manuel Ortiz González y Javier Jiménez Pérez espacio para entrevistas similares. Al cierre de este reportaje, ninguno ha accedido a la petición).
