La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) presentó una demanda para declarar nulo el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con Genera PR.
“Radicamos en la Corte de Distrito Federal este recurso legal para que se declare nulo el contrato con Genera PR”, anunció hoy el presidente de la Utier, Josué Mitjá.
El contrato de operación y mantenimiento de las instalaciones de generación térmica de Puerto Rico otorga a Genera PR el control total de las funciones de generación y los activos de la AEE.
Mitjá planteó que eso contradice las leyes 120-2018 y 17-2019, las cuales prohíben la venta, enajenación o asignación de los activos de la AEE a un solo contratista.
El líder sindical resaltó que, a pesar de que las leyes se promulgaron para eliminar el monopolio público en la AEE, el contrato con Genera PR no abre el mercado de la generación, sino que mantiene un monopolio privado.
De acuerdo con las leyes, ningún servicio eléctrico puede controlar el 50 por ciento o más de la capacidad de los activos de generación de energía. Sin embargo, el contrato otorga a Genera el control del 67 por ciento de la generación de energía, señaló.
El Bufete Emmanuelli, representante legal de UTIER, explicó que Genera PR asumiría la operación y administración de todos los activos y sería responsable del potencial desmantelamiento de las centrales durante la vigencia del contrato. En consecuencia, la emprea tendría control total y exclusivo sobre todos los activos legados de generación.
Finalmente, Mitjá criticó que Genera PR no invertirá en mejoras de capital, no proporciona servicios nuevos y no comparte los riesgos de fracaso porque su tarifa fija está más o menos garantizada.
“Tenemos en Genera otro LUMA, una compañía a la que hay que pagarle una tarifa fija de $22.5 millones al año”, expuso Mitjá.
Contratos donde una de las partes es el pueblo de Puerto Rico, que es quien paga y no se entera de las cláusulas que van contra su interés. Contratos totalmente leoninos, que se llevan a cargo a puertas cerradas. El gobernador, Pierluisi, es el mayor responsable de esa cabnallada y es imposible no concluir que se beneficia personalmente y es parte primordial en la conspiración contra los habitantes de esta isla. La pregunta obligada es ¿por que el “ilustre” Colegio de abogados de Puerto Rico no interviene en defensa de los ciudadanos puertorriqueños?…