El juez Carlos Quiñones Capacetti determinó hoy causa para arresto contra Jimmy Borrero Costas y Manuel Díaz Pérez, quienes el pasado mes fueron arrestados frente al área de construcción de una torre de telecomunicaciones en el barrio Indios de Guayanilla.
A pesar de que fue la fiscal Sharleen Rosa de Jesús quien los mandó a citar para acusarlos por el Artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico, correspondiente a la obstrucción o paralización de obras de construcción, el caso lo presentó la Policía. Ella no estuvo en sala.
El teniente Edgardo Irizarry Velázquez y los agentes Jorge Muñiz Rivera y Luis Emmanuelli Dominicci testificaron, y también se presentó una declaración jurada del contratista Benjamín Rosario Dávila, que solo la leyó el juez.
Quiñones Capacetti les impuso una fianza de $1,000 a cada uno y pautó la vista preliminar para el 12 de julio.
“Sometieron el caso por declaración jurada y el abogado nuestro (Julián López Claudio) no pudo hacerle preguntas al que nos acusa”, expresó Borrero Costas en entrevista con La Perla del Sur.
El líder comunitario de Peñuelas aseguró que los policías le mintieron al juez.
“La Policía está a favor de los grandes intereses y por medio de embustes, que es lo que me molesta a mí, me encuentran causa probable. Todo el tiempo el teniente (Irizarry) y los otros dos policías lo que dijeron fueron mentiras. Estoy molesto, porque todo lo que ellos dijeron allí fueron mentiras”, aseveró.
Borrero Costas y Díaz Pérez, integrantes del Campamento contra las cenizas de carbón en Peñuelas, fueron arrestados por la Policía, el pasado 10 de mayo, en la carretera PR-335 frente al solar donde Elite Towers construye una torre de telecomunicaciones.

Los activistas peñolanos fueron detenidos junto al representante José Rivera Madera cuando le cuestionaban a la Policía si la empresa tenía permisos para realizar las obras de noche. Esto, porque los obreros llegaron a las 3:00 de la madrugada de ese día -con escolta policiaca- y comenzaron a depositar cemento, a toda prisa, en el hueco cavado para levantar la torre.
“Ellos (los policías) reclamaban que nosotros obstruíamos la entrada de camiones cuando no fue verdad. Nosotros estábamos en la carretera PR-335 y al minuto de yo llegar ya estaba arrestado. Los camiones tiraron el cemento lo más bien”, señaló Borrero Costas.
Díaz Pérez, por su parte, también se mostró incrédulo con la determinación de causa para arresto.
“Sinceramente, no sé por qué el juez nos encontró causa, porque los mismos policías se contradijeron. Ellos mismos dijeron que en ningún momento (la construcción) se paralizó”, dijo Díaz Pérez.
En su defensa, los acusados le mostraron un vídeo al juez.
“Se pasó un vídeo donde se veía bien claro que lo único que estábamos pidiendo era el permiso especial para tirar cemento a esa hora”, comentó Díaz Pérez.
El Artículo 200 penaliza el “impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas”.
Específicamente, califica como delito el “impedir la entrada o el acceso de empleados, vehículos y personas, incluyendo a los suplidores de materiales, autorizados por el dueño, contratista o encargado de la propiedad donde se realiza la obra o movimiento de terreno” y “ocupar terrenos, maquinarias, o espacios que son parte de la obra de construcción o el movimiento de terreno”.
De salir culpables, se exponen a una sentencia de cárcel por un término fijo de tres años, así como a penas de restitución a discreción del tribunal.
La construcción de la torre está detenida desde abril, luego de que el Gobierno Municipal de Guayanilla le devolviera a la empresa el pago que hizo por concepto de arbitrios de construcción y patente municipal.
Mientras, el juez Hamed Santaella Carlo tiene ante su consideración la demanda presentada por la alcaldía y tres residentes del sector San Germán, quienes solicitan la paralización de la construcción.
Santaella Carlo, quien preside la sala 601 del Centro Judicial de Ponce, se reservó el fallo el pasado jueves, luego de efectuarse la vista sobre el recurso de injunction estatutario solicitado por los demandantes.
En cuanto a Rivera Madera, el Departamento de Justicia informó a La Perla del Sur el pasado 15 de junio que la División de Integridad Pública mantenía abierta una investigación sobre el arresto del legislador. Esa división determinaría si referiría o no al legislador al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
El representante por el Distrito 23 -que cubre Guayanilla, Peñuelas y Ponce- había dicho previamente este medio que no había sido citado por Justicia con relación a este caso.
El Artículo 200 penaliza el “impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas”. La pregunta es: ¿tenían los permisos requeridos…?