El Gobierno Municipal de Ponce no cuenta con un inventario de las viviendas deshabitadas ni las estructuras clasificadas como estorbos públicos en su jurisdicción.
Fue la reciente proliferación de incendios en estructuras desocupadas del centro de la ciudad lo que forzó a la administración del alcalde Luis Irizarry Pabón a embarcarse en este conteo.
No obstante, aunque logre identificarlas y contactar a sus propietarios, no es mucho lo que el ayuntamiento podrá hacer. En el caso de las viviendas deshabitadas depende de la voluntad que tenga el dueño para actuar y, en cuanto a los estorbos públicos, carece de dinero para expropiarlos.
En entrevista con La Perla del Sur, Irizarry Pabón estimó que hay “más de 100 y, posiblemente, más de 200” estorbos públicos en la ciudad. En cambio, no ofreció una cifra de las casas deshabitadas, aunque señaló que esta problemática se da “en cada urbanización”.
“Hemos establecido unas brigadas del Departamento de Vivienda Municipal donde aquellas estructuras que están identificadas como estorbo público les estamos dando mantenimiento, las estamos limpiando y estamos tratando de dejar esos solares bastante seguros para que no se ocasionen estos fuegos”, indicó.
Sin embargo, la intervención se limita a limpiar, pues las propiedades no se pueden adquirir por falta de fondos.
“El problema es el siguiente. En el Municipio de Ponce, desde que llegamos (a la alcaldía), no tenemos la capacidad económica según dicta la ley de estorbos públicos, para hacer una expropiación y hacer un depósito”, dijo Irizarry Pabón.
“Nosotros hemos dado parte a los legisladores de Ponce para que sometan proyectos para ver de qué manera se puede aliviar la carga económica y que el municipio pueda intervenir, sin necesariamente tener que invertir un dinero que actualmente no tenemos”, prosiguió.
“Por eso es que esta ley de estorbos públicos se tiene que revisar y se tienen que dar las herramientas para que el Municipio de Ponce pueda establecer, ya sea la demolición o limpieza. Y todo esto conlleva unos gastos”, agregó el alcalde durante la entrevista efectuada el pasado 9 de marzo.
Por otra parte, Irizarry Pabón expresó que “muchos” de los dueños de las casas deshabitadas “están fuera de Puerto Rico”.
“Los herederos son un problema bastante serio, particularmente, en las casas abandonadas y en deterioro… y no podemos intervenir porque tienen dueño. Y por eso es que queremos revisar la ley para darle un tiempo prudente para intervenir y, si vamos a intervenir con expropiación, tenemos que tener los recursos económicos para trabajarlo. Y en eso estamos”, expuso.
Al preguntarle si ya han podido identificar propietarios, respondió que “en algunos casos hemos podido tener inventario de ciertas áreas, particularmente, en las urbanizaciones”.
“Pero sectores como Clausells y El Tuque, los sectores grandes, todavía nos falta trabajarlos. Tenemos que tener la empleomanía para hacer la investigación”, sostuvo.
Comprar casas a través de Consur
En el escenario de que se logre contactar a los dueños de casas deshabitadas y que estén en actitud cooperadora, Irizarry Pabón comentó que una alternativa para darles nuevo uso sería adquirirlas a través del Consorcio del Sur (Consur).
Esta entidad -compuesta por los municipios de Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica y Lajas- administrará un fondo millonario asignado por el gobierno estadounidense para gestionar nuevas viviendas para personas damnificadas por los terremotos del 2020.
“Ponce no tiene viviendas nuevas para ubicar a estas personas (damnificadas) y lo que estamos trabajando es, en aquellas urbanizaciones o sectores que tienen residencias abandonadas, no necesariamente que son estorbos públicos, ver de qué manera las podemos adquirir a través de Consur y darles la oportunidad a estas personas que sufrieron por los terremotos que puedan adquirirlas”, reveló.
