Durante la Sesión Ordinaria celebrada ayer se aprobó en el Senado el Proyecto 1273, que busca brindarle discreción a los municipios para que puedan contratar a una persona con antecedentes penales por delitos menos graves y graves, exceptuando los delitos de asesinato, agresión sexual, y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
“Ciertamente, es importante reconocer que aunque el Gobierno ha establecido algunas iniciativas, como se ha mencionado previamente, no ha sido suficiente…Es un proceso sumamente burocrático que limita la oportunidad de que cada una de estas personas pueda insertarse de manera positiva en la sociedad”, expresó la senadora Migdalia González Arroyo, autora de la medida.
A juicio del senador Ramón Ruíz Nieves, “la medida busca darle una oportunidad a aquellas personas que en un momento dado infringieron la ley, que fueron señalados, que fueron establecidas por el Código Penal de Puerto Rico, y que tienen el derecho a una nueva oportunidad de empleo…el proyecto permite esa oportunidad real para que sea un trato directo de la persona con el municipio. Esta medida está del lado correcto de la historia”.
En el proyecto, además, se indica que la persona deberá presentar junto al Certificado de Antecedentes Penales prueba del cumplimiento cabal de su sentencia.
“Puerto Rico tiene ya que salir de la manía punitiva y de los castigos eternos que no llevan a ningún sitio y que nunca han servido de disuasivo… Que bueno que ahora los municipios pueden abrir las puertas para que unas personas se introduzcan en trabajos normales”, expresó por su parte el senador independiente, José Vargas Vidot.
