La vista preliminar contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, quedó hoy pospuesta de manera indefinida.
El juez Rubén Serrano Santiago, del Tribunal de Ponce, rechazó trasladar el caso a otro tribunal como solicitó la defensa del acusado, compuesta por los abogados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Carlos Torres Nolasco.
Los abogados le pidieron al juez que pusiera su determinación por escrito, para entonces ellos evaluar si acuden al Tribunal de Apelaciones.
Las partes acordaron tener una vista por videoconferencia el jueves, 1 de febrero, a la 1:30 de la tarde en la cual la defensa comunicará su determinación.
Por lo tanto, no se seleccionó una nueva fecha para el inicio de la vista preliminar.
Los abogados del imputado, que pertenece al Partido Popular Democrático, plantearon que era necesario evitar “cualquier apariencia de parcialidad” tanto si se encontraba causa como no causa para juicio en su contra.
Andreu Fuentes argumentó en sala que el aspirante a alcalde de Ponce por el Partido Nuevo Progresista, el abogado criminalista Pablo Colón Santiago, ha litigado en el tribunal de Ponce por más de 30 años, lo que podría generar desconfianza en la opinión pública sobre la influencia que este pudiera tener en la determinación que se tome en este caso.
“Queremos que la naturaleza de los procedimientos no se ponga en entredicho, de manera que el resultado que sea no pueda ser cuestionado por nadie que ponga en entredicho a los tribunales, a los jueces”, manifestó Andreu Fuentes a su salida de sala.
Por su parte, la fiscal especial independiente Zulma I. Fúster Troche se opuso al traslado de tribunal indicando que la petición de la defensa no estaba juramentada y que atribuirle tanta influencia a una persona, sin presentar prueba, era una manera “liviana” de tratar un asunto de esta naturaleza.
Fúster Troche le dijo al juez, además, que estaba lista para ver el caso y que presentaría a ocho testigos. Las otras dos fiscales especiales independientes del caso son Ileana Agudo Calderón y Fabiola Acarón Porrata-Doria.
“Nosotros nos opusimos porque entendemos que no tienen razón. Hay unos criterios específicos de derecho que hay que cumplir para solicitar una petición de traslado. No es porque livianamente quiero solicitar un traslado por conjeturas”, expresó Fúester Troche a periodistas. “La defensa pues no cumplió, el juez declaró no ha lugar y estamos muy satisfechos”.
Irizarry Pabón, por su parte, se limitó a decir que “no tengo comentarios, vamos a seguir con el proceso”. Mientras tomaba el elevador para marcharse agregó que “estamos en control. Dios tiene el control”.
El suspendido alcalde estuvo acompañado por su esposa Miyady Velázquez Pagán y su hija. También asistieron el senador de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, y el representante del distrito 24, Ángel Fourquet Cordero, así como varios empleados y legisladores municipales.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acusó a Irizarry Pabón de dos cargos por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental (usar las facultades de su cargo para recibir un beneficio no permitido por ley) y dos cargos de enriquecimiento injustificado del Código Penal. Este último implica que el funcionario enriqueció su patrimonio o el de un tercero con dinero o bienes, o mediante la cancelación de obligaciones que lo afectaban.
La teoría de las fiscales especiales independientes es que Irizarry Pabón abusó de su poder como alcalde para exigirles a sus subalternos que aportaran dinero para el repago de un préstamo de $50 mil que tomó con el Banco Popular, de los cuales destinó $30 mil a la campaña.
A tales fines, supuestamente, recogió dinero entre los directores de dependencias municipales y empleados de confianza. Según las fiscales, lo hizo bajo amenaza.
Los exempleados municipales Oscar Iván Nazario Segarra y Jorge Luis Mercado Santiago son los testigos estrella del caso.
Nazario Segarra fue recaudador alterno de la campaña y cuando Irizarry Pabón ganó la alcaldía lo nombró director del Departamento de Infraestructura, Ambiente y Transportación (DIAT). Mientras, Mercado Santiago dirigió la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias.
Al día siguiente de la acusación, que ocurrió el 31 de octubre, la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario del PFEI recomendó su suspensión de empleo y sueldo. Finalmente, solo se le suspendió de empleo.
