Tan pronto como el año próximo, más de 40 alcaldías podrían estar en riesgo de cesar operaciones por problemas de solvencia, aún tras recibir millones de dólares en ayudas y subsidios federales en años recientes.
Así lo advirtió el contador público autorizado (CPA) Reinaldo Meléndez Cordero, quien ha brindado asesoría financiera a casi una decena de municipios, incluyendo las alcaldías de Juana Díaz, Peñuelas, Guayanilla, Coamo y Santa Isabel.
Según explicó, la eliminación definitiva del Fondo de Equiparación al cierre del año fiscal 2023 y la caducidad de las ayudas federales a municipios mediante el American Rescue Plan Act (ARPA) en diciembre del 2024, le cortarán el oxígeno a decenas de ayuntamientos que han dependido de estos ingresos para mantenerse a flote.
De ocurrir, se estima que cerca de un millón de puertorriqueños podrían quedar desprovistos de los servicios directos que proveen sus alcaldías, incluyendo el recogido de basura, seguridad municipal, ayudas al ciudadano y hasta la operación de varios Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).
“En Puerto Rico solo hay cuatro municipios que pueden considerarse como islas aparte, porque tienen una base contributiva tan grande que pueden absorber, corregir y tomar medidas para estabilizarse. Esas son las cuatro ciudades que están en el área metropolitana. Para los otros 74 municipios, es imposible. Necesitamos ayuda del estado”, estipuló Meléndez Cordero en entrevista con La Perla del Sur.
El Fondo de Equiparación es un pote que se nutre de las remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). En el pasado, el mismo llegó a acumular sobre $350 millones.
Sin embargo, durante la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó un plan fiscal que incluyó su eliminación paulatina a partir del 2017. Para el presente año fiscal solo posee $40 millones.
Ante esto, en el 2021 la administración del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia creo el Programa de Fortalecimiento Municipal, que destinó de los fondos federales del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés) $150 millones para auxiliar a los municipios, con aportaciones anuales de $50 millones para el 2022, 2023 y 2024.
Sin haberse aprobado aún una alternativa que sustituya esos ingresos, la desaparición de ambas partidas en la segunda mitad del 2024 marca un momento definitivo para alcaldías cuyas finanzas han estado históricamente en la “cuerda floja”.
Salvados por la crisis
Sin embargo, la precariedad fiscal de esos ayuntamientos no es un asunto novel.
Luego de una década de recesión, para el verano del 2017 más de la mitad de los municipios de Puerto Rico iban rumbo a la insolvencia, con muchos reflejando ingresos insuficientes, presentando presupuestos inflados y arrastrando déficits multimillonarios.
A juicio de Meléndez Cordero, las cuantiosas asignaciones de rescate autorizadas tras el paso del huracán María en septiembre del 2017, seguido por las ayudas federales durante la pandemia del Covid-19, solo han pospuesto el colapso municipal que expertos ya venían advirtiendo desde hace casi una década.
“La crisis nos salvó. Fíjate cómo son las cosas”, dijo el CPA. “Yo hice un análisis y, si no fuera por los desastres (naturales), había 41 municipios que iban a cerrar”.
“Con los desastres que hemos tenido, ha llagado una cantidad de dinero para resolver los problemas inmediatos de la crisis económica, y para reparar y reconstruir. En adición a eso, el gobierno federal concedió a los distintos municipios un préstamo que se convirtió en un donativo, que es el Préstamo CDL (Community Disaster Loan). Eso es, específicamente, para cubrir gastos operacionales”, continuó.
Sin embargo, Meléndez Cordero lamentó que no todos las alcaldías aprovecharon tales aportaciones para planificar a largo plazo, optando por usar gran parte de los fondos para atender situaciones del momento.
“Si este dinero se invierte en proyectos para desarrollo económico, en preparar ambiente e infraestructura para que vengan otras personas a establecer negocios, resulta en incrementos en pagos del IVU, en contribución de propiedad y en patentes”, planteó.
“Pero lamentablemente hay municipios que no los usaron sabiamente”, añadió. “No ha cambiado nada”.
Pasan factura los decretos contributivos
Por su parte, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, denunció que las arraigadas prácticas de La Fortaleza y las agencias gubernamentales -al conceder unilateralmente decretos y exenciones contributivas a corporaciones y multinacionales- ya ha minado la base de recaudos municipales a tal grado, que han hecho virtualmente imposible que puedan sostenerse por sí solos, sin un fondo de auxilio.
“Una de mis luchas con el exgobernador Alejandro García Padilla era que le dio decretos contributivos a esta empresa semillera en el área sur. Lo que pagan es una tontería. Eso tiene un efecto en el presupuesto municipal”, puntualizó Hernández Torres.
“Una semillera que lo que paga son $1,000 (anuales), eso es un descaro, como los Monsanto de la vida. Es un descaro y una vergüenza para el país”, puntualizó.
Incertidumbre con el fondo de servicios esenciales
Ante la inminente insolvencia de muchos municipios, el mes pasado la administración de Pierluisi Urrutia incluyó en su nuevo presupuesto la creación del Fondo de Servicios Esenciales: una partida que permita ayudar a los municipios a costear servicios básicos.
“Ya el gobierno comienza a aceptar que cometió un error con la eliminación del Fondo de Equiparación. Ese fondo no era una dádiva, era una responsabilidad que los municipios habían asumido para viabilizar una serie de tareas que se supone que haga el estado y no lo hace”, expresó por su parte Meléndez Cordero.
“Se presentó un plan de aproximadamente $300 millones para los municipios, pero con una serie de condiciones que tienen que ver con que sean servicios esenciales”, abundó.
“Eso no sustituye el Fondo de Equiparación, pero mitiga sustancialmente lo que se pierde”, añadió.
Aunque la propuesta fue incluida en el presupuesto sometido ante la consideración de la JSF, la misma carece de detalles, por lo que aún se desconoce el alcance y la totalidad de las condiciones que exigiría.
“Se presentó en términos generales. De aprobarlo la junta (JSF), entonces va a haber una reunión donde va a estar el gobierno central -en este caso quien lo manejaría sería OGP- y la Federación de Alcaldes, y ahí es que se va a definir el protocolo de cómo se va a usar”, explicó Meléndez Cordero.
“Preliminarmente, se determinó que se va a usar para cosas como seguridad, manejo de emergencias, recogido de basura y otros servicios esenciales. Aquí no va a haber un cheque en blanco, como con el Fondo de Equiparación”, continuó.
“Pero si esto no se da, el estado va a tener que venir a rescatar a estos municipios y hacerse cargo del recogido de basura y los servicios esenciales”, reiteró.
