El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó una resolución para investigar quiénes son las personas dueñas de las propiedades construidas en la zona marítimo terrestre de La Parguera, en Lajas, y determinar si ha habido construcciones ilegales allí.
Sin embargo, no hay certeza de cuándo esta información se haría pública, puesto que la Resolución del Senado 17 sugiere la divulgación de informes parciales con recomendaciones, mas no estipula una fecha exacta para la rendición del informe final.
Rivera Schatz, quien dijo la semana pasada que “no tenemos prisa” para atender este tema, se asignó a sí mismo la investigación. Esto, porque la medida le ordena la pesquisa a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que él preside.
La investigación se hará para “identificar a todas las personas o entidades propietarias de estructuras ubicadas en la zona marítimo-terrestre sobre terrenos de dominio público, localizados en el sector La Parguera del Municipio de Lajas; el uso (residencial o comercial) que se les está dando a dichas estructuras; así como los cambios o construcciones recientes realizadas en las propiedades allí ubicadas”.
La medida agrega que la comisión “podrá rendir informes parciales conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre los diversos problemas o situaciones que sus miembros decidan atender”.
“Sin embargo, la comisión deberá rendir un informe final antes de concluir la Decimonovena Asamblea Legislativa”, indica la R.S. 17, lo que supone un error, pues esta es la vigésima Asamblea Legislativa.
La medida, que apareció en la primera lectura en la sesión del pasado lunes, fue referida a la Comisión de Asuntos Internos, también presidida por Rivera Schatz.
El legislador anunció esta investigación el pasado jueves, dos días después de que el Senado cuestionara en una Comisión Total al designado secretario del Departamento Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, sobre su polémica orden administrativa que beneficia a los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.
La orden garantiza la permanencia de las estructuras construidas sobre bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre de La Parguera y archiva las querellas que estén relacionadas con las disposiciones contenidas en ella.
Las minorías legislativas han denunciado que la orden favorece a José del Carmen Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de González Colón y quienes tienen un caso pendiente de adjudicación en el DRNA. Asimismo, organizaciones dedicadas a la protección de los recursos naturales y abogados expertos en derecho ambiental sostienen que la orden es ilegal e inconstitucional.
En un intento por darle fuerza de ley a la criticada orden administrativa, la gobernadora envió a la Legislatura un proyecto de administración que legalizaría estas estructuras al otorgarles a sus dueños concesiones por un periodo de 40 años, con opción de renovación, a cambio del pago de derechos.
Contrario a la urgencia con que González Colón y Quiles Pérez han tratado este tema durante el primer mes del nuevo gobierno, Rivera Schatz ha expresado no tener prisa para evaluar los propuestos cambios de política pública.
“Yo no tengo ninguna prisa. Es importante el tema de La Parguera, pero para mí tiene que ser primero atender el nombramiento del secretario de Recursos Naturales y lo vamos a escudriñar hasta lo último. Y si falla, falló, sin ningún problema”, sostuvo el legislador en la sesión ordinaria del jueves.
O sea, otro circo para las gradas. Ya sabemos, de antemano, qué todo quedará en nada…